"No hay dinero ni para pagos más prioritarios" y "debería haber contrato": los avisos que recibió el alcalde de Barbate

El abogado sevillano José Manuel Carrión envió al Ayuntamiento de Barbate 33 facturas en julio del año pasado. Les había prestado una serie de servicios jurídicos, y por ellos reclamaba más de 111.000 euros al Consistorio. Miguel Molina, alcalde de este municipio gaditano, ordenó tramitar el pago, aunque al interventor y a la tesorera le llegaron para analizar 32 facturas, y luego otros dos lotes más pequeños de 13 y 18. A todos mostraron su rechazo, avisando de las irregularidades que se habían cometido en el proceso. Aun así, Molina siguió adelante: levantó los reparos y le dio a Carrión más de 57.000 euros.

En las 33 facturas que mandó este letrado de Sevilla -que dirige además una empresa pública del Ayuntamiento de Barbate- hay importes y casos de todo tipo. Entre ellas, por ejemplo, una cuyos honorarios ascendían a 54.000 euros por representar al Consistorio en una causa contra la ONCE. En total, José Manuel Carrión, a través de su despacho, Isbylex Abogados, exigía 111.453,60 euros. Un pago que Miguel Molina, alcalde por el partido Andalucía Por Sí, elevó a la Junta de Gobierno local para que acordara "el reconocimiento de crédito sin existencia de consignación presupuestaria".

Pero para que se pueda realizar cualquier pago, hay que contar con el visto bueno de dos organismos del Ayuntamiento: la Tesorería y la Intervención, que dictaminan si hay dinero suficiente y si se han seguido los trámites legales adecuados, respectivamente. Y en este caso, tanto uno como otro rechazaron hasta tres veces abonar la cantidad que pedía Carrión, advirtiendo además de posibles irregularidades, tal como consta en la documentación adjunta en una denuncia anónima interpuesta en la Oficina Andaluza Antifraude, a la que ha tenido acceso en exclusiva El Correo de Andalucía.

Primer aviso: no hay contrato

Cuando llegaron las facturas de Carrión a la mesa del interventor faltaba una: la de la ONCE, la que costaba por sí sola más de 50.000 euros. Por tanto ya no eran 33 sino 32 facturas las que debía analizar, y el importe que debía tener en cuenta para elaborar su informe no era 111.000 euros, sino algo más de la mitad. Pese a ello, el interventor se opuso al pago y dio entonces un aviso a Miguel Molina. El primero de varios.

"Se pone de manifiesto que no se ha remitido a esta Intervención expediente de contratación administrativa", dejó escrito el interventor del Ayuntamiento de Barbate en un expediente firmado el pasado 21 de enero y consultado por este medio. Es decir: junto a las 32 facturas no se le envió ningún documento del contrato que vinculaba a Carrión con el Consistorio "para la emisión del preceptivo informe, dada la naturaleza del gasto". Se produjo, por tanto, "omisión de la función interventora".

Asimismo, la Intervención señaló que estas 32 facturas "deberían incluirse dentro de contratos mayores, pero no se ha producido la tramitación del correspondiente expediente". ¿Por qué en contratos mayores? Porque cuando se trata de servicios -jurídicos, en el caso de Carrión-, el límite máximo para adjudicar a dedo está en 15.000 euros. Si se excede, se debe abrir un procedimiento de licitación y publicarse en el Plataforma de Contratación del Sector Público, donde no aparece ningún anuncio vinculado a Isbylex Abogados, tal como ha comprobado este periódico.

Segundo aviso: no hay dinero

Una vez rechazado ese primer lote de 32 facturas, la delegada de Economía de Barbate mandó después a Intervención y Tesorería uno más pequeño, compuesto por 13 facturas. Y si antes tenían que dar luz verde -o roja- a 57.000 euros, ahora tenían para examinar 20.807,17 euros. La respuesta de estos dos órganos del Consistorio, sin embargo, volvió a ser la misma: negativa.

En sus informes, llegó el segundo aviso para el alcalde: "Las disponibilidades actuales de la tesorería municipal no permiten cubrir los pagos denominados como prioritarios, consistentes en préstamos bancarios y gastos de personal, para los tres meses siguientes", indicó la tesorera en un informe fechado el 28 de enero de 2025. No hay dinero para los gastos más importantes a corto plazo. "Por lo que dedicar la liquidez a atender pagos no prioritarios compromete el pago de los declarados prioritarios por ley", añadió Tesorería.

En resumen: si hay desembolsos en temas secundarios -como las facturas enviadas por José Manuel Carrión-, no queda nada para asuntos de mayor calado, como los préstamos bancarios o los costes del personal del Ayuntamiento. "En consecuencia, se informa que el pago que se indica no se ajusta al plan de disposición de fondos en vigor", determinó la tesorera. Un rechazo que también dejó por escrito el interventor.

Tercer aviso: no se tramitan los expedientes

Ya en el mes de marzo, la Intervención y la Tesorería estudiaron otro nuevo lote de 18 facturas, que esta vez sumaban un valor de 36.278,26 euros. La tesorera, de nuevo, lo denegó: "El pago que se indica no se ajusta al plan de disposición de fondos en vigor". El argumento era el mismo: que ejecutar pagos como este comprometían a los verdaderamente prioritarios para el Ayuntamiento de Barbate.

Asimismo, el interventor, como en las dos ocasiones anteriores, fiscalizó con reparo. "Se suspende la tramitación del expediente hasta que los reparos sean solventados o se resuelva la discrepancia planteada", decretó el 11 de marzo. Ese era el tercer aviso: la desaprobación de los dos órganos de fiscalización del Consistorio, Tesorería e Intervención, a los pagos planteados por el Gobierno de Miguel Molina. No, no y no. Tres negativas a los tres lotes de facturas.

Aun así, Molina ordenó levantar los dos últimos reparos en momentos distintos y aprobar los pagos a favor de Isbylex Abogados, el despacho de Carrión. Para justificar esta decisión, el regidor andalucista defendió que estas facturas corresponden a "servicios esenciales considerados como competencias municipales propias", que "la prestación del servicio se ha realizado" y que el no abono "pudiera ser considerado enriquecimiento injusto de la administración".

En dos decretos de alcaldía, emitidos el 30 de enero y el 11 de marzo, Molina dictó abonar los dos últimos lotes de facturas: el de 20.000 y el de 36.000 euros. Así, en total el Ayuntamiento de Barbate ha pagado 57.085,43 euros a José Manuel Carrión, un abogado que dirige además la empresa municipal Innobar. Y ello, pese a los avisos previos que recibió el regidor de Barbate, Miguel Molina.