La Junta de Andalucía reprecinta 300 construcciones ilegales y sanciona a 200 propietarios más

Los precintos se han convertido durante los últimos años en un instrumento clave de la Junta de Andalucía para luchar contra las construcciones ilegales que se reparten por distintos puntos del territorio especialmente en zonas como la provincia de Cádiz. Entre 2023 y 2024, por ejemplo, se usó esta vía administrativa para frenar hasta 864 edificaciones sobre suelo rústico no urbanizable. Este año 2025, en los primeros meses se han sumado otras 162 intervenciones de estas características.

Pero una vez precintadas las construcciones, la persecución de estas ilegalidades con efectos graves sobre el territorio y los espacios naturales, comienza otro proceso: perseguir a quienes vulneran los precintos y continúan con las obras o en el uso de estas edificaciones. Esta realidad está centrando buena parte de las actuaciones de la Consejería de Fomento durante este ejercicio 2025.

Los reprecintos se han disparado: se han registrado más de 300 en este año. Y esto supone además que quienes hayan vulnerado las medidas preventivas se exponen a sanciones ejemplares. Concretamente, al ser una infracción urbanística muy grave las sanciones oscilan entre 30.000 y 120.000 euros, o se pueden ejecutar multas coercitivas por periodos mínimos de diez días por cuantías de 600 a 5.000 euros. Todo ello, sin perjuicio de una posible responsabilidad penal por delito de desobediencia. Entre primeras sanciones y multas por reincidencia, sólo en 2025 se han formalizado ya 77 expedientes sancionadores y un centenar de multas coercitivas.

Estas actuaciones forman parte también del plan de inspecciones que se ha reforzado por parte de la Consejería de Fomento. Según los datos facilitados por este departamento, en 2024 se formalizaron 824 actas de inspección casi un 30% más que en el año anterior. Y en este ejercicio 2024 ya se han alcanzado las 439, por lo que la proyección permite estimar que se podrán repetir los datos del pasado ejercicio.

Dentro de esta labor de control, se han multiplicado las colaboraciones con los agentes implicados en la protección de la legalidad territorial y urbanística, como el Ministerio Fiscal, la jurisdicción penal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los organismos sectoriales y otros agentes con competencias concurrentes. Este año se van a superar los informes periciales sobre delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. El pasado se alcanzaron 144 y en el primer semestre ya van 115.

Durante 2024 se emitieron 144 informes periciales relacionados con delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo a instancias del Ministerio Fiscal o de la jurisdicción penal, y se han mantenido reuniones con la Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo de Andalucía o con representantes del Colegio Notarial de Andalucía. En 2025 (enero-junio), la Consejería de Fomento cuenta con 115 informes emitidos.

Sumando todos los tipos de intervenciones, en 2024 se alcanzaron las 2.149 actuaciones contra las edificaciones ilegales en Andalucía, una cifra récord que este año se podría igualar si se mantiene el actual ritmo. Hasta el momento se han realizado 1.125 entre actas de inspecciones, expedientes sancionadores o multas coercitivas.

La Lista y un refuerzo de la labor inspectora

"Estas intervenciones son fruto de la apuesta por la labor inspectora con la llegada del Gobierno de Juanma Moreno para hacer cumplir la legalidad urbanística. Gracias a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), hemos puesto el foco en la prevención de las parcelaciones y las construcciones sin licencia en suelo rústico", explica la consejera de Fomento, vivienda y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, quien compara las "cifras récord" de estos años con "la nula actividad de los anteriores gobiernos socialistas, con años como 2018 donde no se practicó ningún precinto".

La consejera se refiere con estas palabras a cambios legislativos como la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que introduce el concepto de disciplina territorial y atribuye a la comunidad autónoma competencia directa para actuar en aquellos supuestos de mayor trascendencia.

Asimismo, desde la Consejería destacan la aprobación del Plan General de Inspección Territorial y Urbanística 2023-2024 y la incorporación de herramientas tecnológicas, como un servicio para detectar nuevas construcciones ilegales mediante la comparación cronológica de imágenes vía satélite de alta resolución.

"Esto ha impedido la construcción de viviendas ilegales en suelo rústico y desincentivado la construcción o venta de nuevas parcelas ilegales colindantes", subrayan desde la Consejería.