Andalucía recurrirá el decreto que le obliga a incrementar las plazas para menores inmigrantes

La Junta de Andalucía trabaja ya en su segundo recurso contra el plan del Gobierno central para la atención a los menores inmigrantes que llegan a las costas españolas. En primer lugar llevó al Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Extranjería que fijaba los criterios básicos para el reparto de niños, niñas y adolescentes cuando se produjeran situaciones de saturación como la que vive en estos momentos las Islas Canarias. Ahora también elevará un recurso contra el decreto que fija la capacidad ordinaria de todas las comunidades autónomas y que asigna en el caso de Andalucía un total de 2.827 lo que supone multiplicar por cinco su actual red.

La Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, tal y como han anunciado otros territorios como Madrid o Baleares, ha iniciado un estudio jurídico para determinar si acude al Tribunal Constitucional o al Tribunal Supremo para recurrir el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado. El objetivo es, por tanto, frenar su aplicación.

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado tal y como nos tiene acostumbrados: por imposición, sin diálogo y con una absoluta falta de transparencia”, explica la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

Plazas saturadas

Uno de los ejes del rechazo de la Junta de Andalucía al nuevo modelo implementado por el Gobierno central es la "saturación" de la actual red de atención a inmigrantes que cuenta con 645 plazas con las que se atiende hasta que cumplen 18 años a los menores que llegan a las costas andaluzas (un fenómeno que se ha venido reduciendo de forma significativa en los últimos años), a aquellos que son trasladados desde otros territorios (como la treintena que llegan cada año desde Ceuta en virtud de un convenio entre ambos territorios) o aquellos que llegan al territorios como adultos aunque luego se constata por parte de la Fiscalía que no lo son (643 en los últimos meses según un dato difundido por la Junta de Andalucía que el Gobierno central no reconoce).

Sin embargo, el decreto del Gobierno central que ha publicado el BOE hoy va más allá. Establece un cálculo por población del número de plazas que debe tener cada comunidad para menores inmigrantes y el resultado es que Andalucía tiene capacidad para llegar a 2.827 frente a las 645 plazas que tiene en estos momentos.

“Nuestro Sistema de Protección de Menores está ya saturado, y no podemos olvidar que cada semana siguen llegando a nuestras costas menores migrantes no acompañados que necesitan ser atendidos. Este reparto impuesto por el Gobierno de España reventará el sistema andaluz, que ya se encuentra colapsado, poniendo en peligro a los menores, tanto a los que ya están en el sistema andaluz como aquellos a los que quieren trasladar", argumentó la consejera andaluza.

El Gobierno obligará a las comunidades

"Yo creo que ninguna se va a oponer, (pero) si alguna lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". De esta forma, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dado respuesta al planteamiento de las comunidades que están resistiéndose a aplicar el decreto por el reparto de los menores.

El Gobierno central quiere iniciar desde esta misma semana los trámites para iniciar los traslados desde Canarias en aplicación de los distintos decretos aprobados durante los últimos meses. Aunque, de momento, no hay ni fecha ni una cifra definitiva ya los números van modificándose de forma constante. En el caso de Andalucía en este primer traslado se plantea un máximo de 677 menores pero la cifra podría verse reducida de forma significativa según las estimaciones del Ejecutivo.

Frontera Sur

En su rechazo a los planteamientos del Gobierno central, la Junta de Andalucía volvió a argumentar la ausencia de la declaración de Andalucía como "frontera sur" una distinción que permitiría el acceso a más líneas de financiación y apoyo en materia migratorio y que equipararía a la comunidad autónoma a Ceuta, Melilla o Canarias.

Esta reivindicación se ha reforzado en los últimos meses ante la denuncia de un supuesto agravio con el País Vasco. Sin embargo, aunque el Gobierno que preside el PNV lo ha solicitado, hasta el momento no se ha aprobado un reconocimiento como frontera norte al País Vasco que le diferencie del resto de territorios.

Sí se ha autorizado por parte del Gobierno, sin embargo, que en el primer reparto de menores inmigrantes procedentes de los centros colapsados de las Islas Canarias no entren ni País Vasco ni Cataluña debido a la aplicación de unos criterios previamente acordados que valoran cuestiones como el esfuerzo realizado en los últimos años.