Vivienda, turismo, montes o patrimonio: Moreno encara el final de la legislatura con una veintena de leyes en cartera

La legislatura de la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía no se ha traducido hasta ahora en un despliegue legislativo. Pese a disponer de los votos suficientes para cualquier proyecto, la realidad es que se han aprobado en estos tres años una veintena de iniciativas incluyendo los tres presupuestos y cuatro proyectos de creación de universidades privadas. Destacan en este tiempo la Ley de Función Pública, las normativas que crearon la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias y el Instituto Andaluz de Salud o la Ley andaluza del Flamenco.

Pero eso no quiere decir que no se hayan iniciado proyectos de ley. El Consejo de Gobierno ha activado casi una veintena de anteproyectos de temas estratégicos que por los trámites, las alegaciones y los ritmos administrativos siguen esperando su turno de votación en el pleno del Parlamento andaluz. De hecho, aunque los plazos están condicionados por la fecha final de la convocatoria electoral (máximo en junio de 2026) en la mayor parte de los casos difícilmente se podrán culminar y entrar en vigor en esta legislatura.

Decretos-ley

No obstante, esto no quiere decir que las medidas previstas en estas leyes hayan quedado completamente aparcadas. El Gobierno de Juanma Moreno ha apostado en esta legislatura por el modelo de decreto-ley, que aprueba el Consejo de Gobierno y valida el Parlamento autonómico. Menos trámites, exposición pública limitada y plazos más reducidos. Un recurso, sobre el papel extraordinario, pero que se ha generalizado para recortar tiempos y que las medidas entren en vigor. Han pasado por el Parlamento una treintena de decretos leyes en esta legislatura.

La Ley de Vivienda que debe marcar esta recta final de la legislatura, por ejemplo, ha quedado descafeinada una vez que en marzo el Gobierno autonómico aprobó el decreto de medidas urgentes que incorporó los cambios urbanísticos para facilitar la construcción de más VPO en suelos no residenciales (o aumentar la edificabilidad en aquellos reservados para renta libre si cambiaban su uso). Esta era una medida prevista en la ley pero que se avanzó, ya está en vigor y son muchos los ayuntamientos que se acogen a ella.

Así, la ley, una vez que entre en vigor, no va a suponer un cambio drástico en el ámbito de la construcción de vivienda más allá de fijar los criterios para la adjudicación de viviendas protegidas o regular por primera vez medidas de asesoramiento y apoyo contra la ocupación ilegal de inmuebles. Lo principal se tramitó por decreto.

Lo mismo ocurre con la Ley del Turismo. Las medidas más urgentes y de mayor alcance político, que afectan a las viviendas turísticas, se han adelantado a través del decreto de medidas urgentes de viviendas de marzo o de la norma de febrero de 2024 para los establecimientos turísticos. La ley, que está pendiente de entrar en el Parlamento, viene sobre todo a establecer nuevos mecanismos y a endurecer las sanciones por intrusismo en el sector.

Aunque quizá el caso paradigmático de este proceder sea la Ley de Simplificación Administrativa que está preparando la Junta de Andalucía y que viene precedida de hasta cinco decretos de simplificación que afectaron a decenas de leyes autonómicas en todos los ámbitos. Este proyecto de ley viene a reforzar todo lo regulado y a incorporar algunos elementos pero, en principio, de menor rango.

Con estos cinco decretos también se adelantaron medidas que estaban previstas en la Ley de Gestión Integral de Calidad Ambiental, la gran revisión legal que pretendía agilizar los trámites para la apertura de negocios y que en sus aspectos principales ya está en vigor aunque no haya rebasado el trámite parlamentario; en la Ley de Patrimonio que prepara la Consejería de Hacienda para agilizar y mejorar la gestión de sus bienes inmuebles o en la Ley de Montes que ha cobrado especial relevancia tras los incendios de este verano y que también cuenta ya con medidas en vigor.

No son las únicas leyes que están en distintas fases de tramitación por parte del Gobierno andaluz. La Junta ha iniciado en esta legislatura otras normativas como la Ley Andalucía Digital, que recogía cuestiones como el ciberescudo o el plan para la reducción de la brecha digital; la Ley de Patrimonio Cultural, diseñada para reforzar la protección y endurecer las sanciones; la Ley de Ciencia que se anunció como un modelo para la retención y captación de talento, la Ley de Medio Ambiente que configura la policía verde, la Ley de Universidades que debe recopilar todos los cambios de modelo que se han venido produciendo y que incorpora aspectos como la obligación del título de B2 de una lengua extranjera para acceder a una titulación universitaria o la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía que cobra relevancia a raíz de los efectos de los aranceles de EEUU.

Nueva Ley de Aguas, a última hora

La lista sigue y ha tenido incorporaciones hasta última hora. Está pendiente el proyecto de ley de Agentes Ambientales; la Ley de Espacios Productivos que se pretende aprobar antes de que acabe este 2025; la Ley de Familias o la Ley de Acción Exterior. A esto que añadir una serie de normas legislativas de menor alcance político que están en trámite para la regulación de determinados colegios profesionales. Concretamente, las leyes para crear los colegios de detectives privados, de guías de turismo o de pedagogía y psicopedagogía.

La cartera de proyectos de ley en esta recta final de la legislatura no ha parado pese a que ya los plazos son inviables en muchos casos. Justo antes de este verano la Consejería de Agricultura, Ganadería, Agua y Pesca inició las consultas previas para aprobar una nueva Ley de Agua que sustituya a la de 2010 y revise todos los mecanismos de restricciones frente de a la sequía, de inversiones en infraestructuras o incluso la regulación del canon del agua.

Presupuestos

Aunque sin duda hay un proyecto de ley que entrará en esta recta final de la legislatura y que es la prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno: los presupuestos de 2026, los cuartos de la mayoría absoluta que serán además los más altos con más de 50.000 millones y un volumen de recursos récord para sanidad o educación.

La Consejería de Hacienda ya tiene en marcha todos los mecanismos para su aprobación a la vuelta del verano de forma que estén ratificados en el Parlamento antes del 31 de diciembre y entren en vigor. Cuando esto ocurra el camino estará despejado para que el presidente andaluz convoque elecciones autonómicas.