La Junta ha abonado 55,5 millones desde 2019 a prejubilados de los ERE y sigue pagando a 1.130 beneficiarios

La Junta de Andalucía seguirá abonando hasta que finalicen los expedientes las ayudas aprobadas desde 2002 que forman parte del caso de los ERE por el que la Audiencia de Sevilla condenó inicialmente a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a numerosos ex consejeros y altos cargos con unas sentencias que fueron revisadas posteriormente por el Tribunal Constitucional. Desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno ha reclamado en los tribunales la anulación de expedientes y la devolución de fondos, ha denunciado públicamente que todo el sistema era ilegal y ha cifrado en 680 millones el "dinero robado". Pero al mismo tiempo ha seguido abonando tanto las pólizas como las prestaciones económicas mensuales cumpliendo una normativa que sigue estando en vigor.

Según los datos que constan en una respuesta del Gobierno autonómico al Grupo Parlamentario Socialista desde el año 2019 hasta el momento se han abonado 55,5 millones de euros a prejubilados que se acogieron a algunos de los programas de ayudas por los ERE. Concretamente, en 2020 se abonaron 29,5 millones de euros; en 2021 un total de 14,3 millones de euros; en 2022 se alcanzaron los 5,7 millones de euros; en 2023 la cifra descendió a 4,1 millones de euros y en el último año cerrado, 2024, se abonaron 1,6 millones de euros. Este 2025 sólo se han pagado de momento 139.339 euros pero el compromiso es abonar todas las cuantías pactadas y por tanto se incrementará la cuantía. La previsión, no obstante, es que no se llegue a los casi 4 millones reservados en el presupuesto para este concepto.

Las ayudas incorporadas en este sistema se concedían a través de dos posibilidades: con la financiación de la primera de los contratos de seguro colectivo o al pago de prestaciones económicas mensuales. En cualquiera de los dos casos se trataba de líneas que tendrían vigencia hasta que el trabajador cumpliera los 65 años. De ahí que los pagos que se abonan son cada año menores al ir cumpliendo los beneficiarios este límite de edad.

Cuando arrancó el proceso se estima que había unos 6.400 beneficiarios del sistema de prejubilaciones. En estos momentos, quedan 1.130 beneficiarios que suman 29 contratos de seguro colectivo de rentas o pólizas y 38 personas que reciben prestaciones económicas mensuales, según la respuesta parlamentaria.

El compromiso del Gobierno andaluz, más allá de sus declaraciones públicas, es seguir abonando estas cuantías. "La previsión es seguir con la gestión y tramitación", explica la Consejería de Empleo en una respuesta escrita al Grupo Parlamentario Socialista.

La base legal de esta continuidad está en dos iniciativas legislativas aprobadas entre 2012 y 2016, con gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Por un lado, el Decreto Ley 4/2012 de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores y extrabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis. Por otro lado, la Ley 1/2016 de 1 de marzo relativa a las medidas extraordinarias para el establecimiento de ayudas a los trabajadores afectados por el ERE de la empresa Hitemasa.

A la espera del Tribunal de Justicia de la UE

Esta continuidad en los pagos de las prejubilaciones ha sido durante años uno de los principales argumentos del PSOE para rebatir la posición del PP de que "todo el sistema de ayudas era ilegal y un fraude de 680 millones de euros". Una argumentación que se vio reforzada con la revisión de las condenas por parte del Tribunal Constitucional y la distinta interpretación en torno a todo el proceso de concesión de ayudas que ahora tendrá que revisar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la petición realizada por la Audiencia de Sevilla para paralizar la revisión de las condenas por parte del Tribunal Constitucional.

En cuanto a la estrategia judicial de la Junta de Andalucía para la recuperación del dinero supuestamente defraudado, hasta el momento de los 680 millones de euros que figuraban en la sentencia de la Audiencia de Sevilla se han recuperado 28,5 en distintos procesos judiciales mientras que el resto siguen en su mayor parte pendientes de resoluciones.

En este caso, no obstante, la Junta de Andalucía sí trató de cambiar de posición en respuesta a la revisión del Tribunal Constitucional y tras años fuera de la pieza política solicitó la personación con el argumento de apoyar a la Audiencia de Sevilla en su iniciativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, esta estrategia judicial no dio resultado y fue desestimado su regreso al proceso (del que salió a instancias de sus propios servicios jurídicos) por parte de la Audiencia de Sevilla.