La quita de deuda entra en su fase decisiva: 18.791 millones para Andalucía a la espera de un acuerdo político

Tras casi dos años de anuncios, cruces de cifras y choques de interpretaciones técnicas, la propuesta de una quita de deuda de 83.252 millones de euros para las comunidades autónomas entra este martes en su fase decisiva con su aprobación en el Consejo de Ministros por parte de la vicepresidenta María Jesús Montero. A Andalucía le corresponden 18.791 millones de euros, lo que supone casi la mitad de la deuda total que tiene la comunidad autónoma con el Estado y con las entidades bancarias. El efecto más directo será un ahorro de aproximadamente 140 millones de euros al año durante el periodo de vigencia de los créditos. En total, en torno a 1.400 millones en una década.

La aprobación de este acuerdo, sin embargo, no supone que la medida se vaya a llevar a cabo de forma efectiva. Primero, María Jesús Montero tiene que alcanzar un pacto en el Congreso de los Diputados que le permita lograr una mayoría suficiente con los socios de investidura. Después, tiene que solicitarlo la Junta de Andalucía y suscribirse un convenio que determine en qué condiciones el Estado va a absorber ese volumen de deuda contraída en su momento con el Fondo de Liquidez Autonómica con sus intereses. Los detalles de este acuerdo se intentaron negociar en una reunión convocada entre los equipos técnicos que la Junta de Andalucía despachó en apenas cinco minutos.

Por eso, tras el acuerdo del Consejo de Ministros comienza una fase de presión política por parte del Gobierno y del PSOE y de despliegue de argumentos que justifiquen el rechazo por parte del PP y de sus principales comunidades autónomas. Sobre todo de Andalucía que es la comunidad con un mayor volumen de quita de deuda, en la que María Jesús Montero tiene un mayor protagonismo como secretaria general del PSOE-A y que además tiene las elecciones a la vuelta de la esquina (sólo queda que el presidente determine cuando).

De momento, la Junta de Andalucía se mantiene firme en su rechazo. "Es una traición a Andalucía que sólo beneficia a las comunidades con mayor endeudamiento como Cataluña, pero que no significa ni un euro más que se pueda destinar a médicos, a educación o a hospitales", respondió este martes el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, con un argumentación similar a la empleada durante los últimos días por la consejera de Hacienda, Carolina España.

En clave política, la dirección andaluza del PP intentó este lunes pasar a la ofensiva contra este acuerdo siguiendo la estela de la ejecutiva de Génova a través de su secretario general: "Nos quiere colar la reestructuración de la deuda como si fuera un regalo, cuando es una imposición y un privilegio más del independentismo a cambio de los votos necesarios para mantener a (Pedro) Sánchez en la Moncloa. Se pretende que entre todos los españoles paguemos la deuda, y eso perjudica a quienes vamos al día con las obligaciones y sólo beneficia a los independentistas que han disparado la deuda".

La izquierda presiona

Pero frente a este relato, el Gobierno central y el PSOE arranca una estrategia de presión a la Junta de Andalucía para que firme la condonación de la deuda. Los socialistas insistieron en el arranque de curso en el que rechazo de la deuda es una "decisión infantil" que responde a un escenario de "campaña electoral" y que "falta al respeto a la ciudadanía, puntualizó el secretario de Comunicación Política y Formación del PSOE-A, Fernando López Gil.

El PSOE cuenta en este ámbito con el apoyo de los socios de gobierno con representación en el Parlamento andaluz. Tanto Podemos, como IU y Sumar defienden la condonación de deuda y van a incorporar esta presión al Gobierno de Moreno en su estrategia para el curso político.

Pero el respaldo de las formaciones de izquierdas no es al 100%. Sumar e IU defienden en sus propuestas políticas que la quita de deuda debe ir vinculada a la política fiscal de forma que el dinero que se genere de ahorro de intereses no pueda servir para compensar "rebajas fiscales". Para Sumar se trata de una vinculación que debe estar recogida incluso desde el acuerdo que se tramita en estos momentos, para la federación de izquierdas es una condición que debe regularse y estar presente para futuras operaciones de quita de deuda o para cualquier revisión del sistema de financiación autonómica.