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El entorno de Doñana recibe cinco millones para dignificar a los temporeros y combatir la xenofobia

El Gobierno central distribuirá los fondos a los proyectos que presenten los 14 municipios del entorno y prepara un plan complementario para la promoción de viviendas

Imagen asentamientos de temporeros

Imagen asentamientos de temporeros / Carlos Barba. EFE

Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

Los asentamientos chabolistas de temporeros ubicados en el entorno del Espacio Protegido de Doñana serán objeto de un plan de dignificación y lucha contra movimientos racistas y xenófobos que se puedan desarrollar. Tal y como se había acordado con los 14 municipios de la zona y con la Junta de Andalucía en el gran acuerdo marco de 2023, el Gobierno de España ha aprobado seis millones de euros para financiar proyectos de intervención social y sensibilización que serán coordinados por los ayuntamientos. La intervención trata de mejorar las condiciones de quienes desempeñan su trabajo en los cultivos de la zona y evitar conflictos como los que se han desatado en los últimos meses en otros puntos del país-

El reparto aprobado por el Consejo de Ministros dedicará cuatro millones de euros a que los 14 ayuntamientos del entorno de Doñana puedan financiar proyectos de intervención social dirigidos a la población temporera que reside en asentamientos chabolistas. Estas iniciativas irán orientadas a programas de formación, apoyo a la conciliación laboral, refuezo lingüístico para favorecer la integración, reducción del absentismo escolar, apoyo a víctimas de violencia de género y proyectos de sensibilización contra el racismo, la xenofobia y delitos de odio.

La segunda línea de esta convocatoria está dotada de un millón de euros y tiene como finalidad específica el desarrollo de campañas de sensibilización y concienciación contra el racismo, la xenofobia o los delitos de trata. Además, se podrán llevar a cabo iniciativas para favorecer la normalización documental de los inmigrantes con figuras como las autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales o las figuras de arraigo.

14 municipios beneficiarios

Estas dos convocatorias van dirigidas a los municipios de  Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa que en junio firmaron el acuerdo para sumarse a esta estrategia de trabajo. En este área más de 209.000 personas y donde el empleo agrario ocupa a casi 6 de cada 10 trabajadores.

Estos ayuntamientos dispondrán de diez días hábiles tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado prevista para para esta semana para presentar sus proyectos y a continuación se suscribirán convenios individuales con cada consistorio.

El objetivo del Ministerio de Transición Ecológica en coordinación con el Ministerio de Inclusión Social, no obstante, es aumentar los cinco millones de euros aprobados en este consejo de ministros e incorporar otros siete millones de euros más en los años 2026 y 2027. A esto hay que añadir que el Ministerio de Vivienda trabaja en un plan de inversiones específico para facilitar viviendas dignas a las personas que trabajan en el sector agrario en esta zona de Andalucía. Las actuaciones contemplarán el impulso de distintas fórmulas que contribuyan a mejorar la situación habitacional de las personas temporeras, incluyendo iniciativas de adquisición o rehabilitación de viviendas, así como la adecuación de espacios para su uso residencial.

Estas iniciativas se enmarcan dentro del plan de actuación de Doñana pactado entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con un volumen de inversión de 1.400 millones de euros repartidos prácticamente a la mitad. Estos fondos han permitido ya el desarrollo de una convocatoria de proyectos para mejora de la sostenibilidad y reactivación económica de los ayuntamientos, así como la aprobación de las bases para la renaturalización de zonas que hasta ahora estaban destinadas a cultivos de regadío. En este caso, el Gobierno central ya ha lanzado su marco.

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