La Fiscal jefa de Andalucía sobre los casos de corrupción que "han alcanzado" al Gobierno: "Socavan nuestra convivencia"

Ana Tárrago Ruiz, Fiscal Superior de Andalucía, ha abierto oficialmente esta tarde en Granada el año judicial y ha apuntado a la corrupción, haciendo mención concreta a los "últimos casos conocidos que han alcanzado a las altas instituciones del Gobierno". En su discurso, Tárrago ha señalado que estas causas "continúan socavando nuestra convivencia, mermando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y acaba debilitando nuestra democracia".

La fiscal jefa ha indicado que "cuando interviene la justicia penal, sin lugar a dudas, no se han aplicado las medidas preventivas de control y regulación necesarias para detectar los delitos desde el inicio". "El informe del GRECO, (Grupo de Estados contra la Corrupción), como órgano del Consejo Europeo, en su evaluación sobre las recomendaciones que le hizo en 2019 -al Gobierno central-, señala que de las 19 medidas sugeridas no se han implementado de forma satisfactoria 16, y las 3 restantes no se han puesto en marcha", apunta.

Tárrago apunta que "los controles y medidas de transparencia de los poderes del Estado no están siendo suficientes y evidencia las deficiencias de control en la lucha contra la corrupción. Ante los últimos casos conocidos, que han alcanzado a las altas instituciones del Gobierno, es necesario alcanzar un pacto de Estado para reforzar su vigilancia".

"Los cambios más cuestionados"

A lo largo de su discurso, Tárrago resaltó "la relevancia que debe tener la Justicia en esta etapa que se vislumbra para preservar nuestras normas de convivencia, los derechos fundamentales y el orden constitucional.". Por ello, "impera dotar a la Justicia de las herramientas necesarias de modernización en el ámbito organizativo, procesal y tecnológico y reforzarla de una mayor autonomía funcional y organizativa".

Durante su discurso, Tárrago también habló de los avances sufridos por la judicatura a lo largo del último año. Comentó, por ejemplo, de la Ley Orgánica 1/2025, "que incluye las medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y que se presenta como la mayor reforma que se aplique en los últimos 40 años".

Cabe destacar que hizo mención "al Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal y el Anteproyecto de Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal". Y lo hizo dejando claro que "han sido los cambios más cuestionados y a los que les han pedido su retirada 5 de las 7 asociaciones profesionales de jueces y fiscales, al considerar que se rebajan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a las carreras, al Estado de Derecho, la separación de poderes y a la independencia judicial".

"Otros puntos controvertidos", señaló la fiscal jefa, "han sido las modificaciones en el contenido esencial en la formación y la introducción de pruebas, o la creación de un centro de preparación de opositores. Así como el proceso de estabilización en la carrera a jueces y fiscales sustitutos con perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores".

Por contra, señaló que el "Anteproyecto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tan esperado, tampoco ha conseguido introducir los cambios necesarios para conciliar las demandas dirigidas a alcanzar una mayor dotación de refuerzo en la autonomía funcional y organizativa del Ministerio Fiscal".

"Una situación delicada institucionalmente"

No todo fueron malas noticias en el discurso. Tárrafo aseguró que le era "grato reconer que el Plan de Infraestructuras de Edificios Judiciales, que presentó el pasado año el Presidente de la Junta de Andalucía con el Consejero de Justicia, está cumpliendo los plazos marcados. En el caso de Granada, se ha materializado la compra del edificio de El Cubo donde se proyectará la futura Ciudad de la Justicia y la adjudicación de su adecuación".

En último lugar, destacó que "la Fiscalía tiene un valor fundamental, por ello es de vital importancia disponer de un mayor refuerzo de nuestra autonomía organizativa y funcional, que recoja el Estatuto Orgánico para asumir la investigación de las causas penales". Recordó que los "fiscales estamos preparados y cualificados para dirigir la instrucción, y considero necesario abrir y mantener cauces de diálogo institucional para consensuar este nuevo marco estatutario, que refuerce nuestra autonomía frente a presiones externas en esta nueva etapa, aunque admitiendo que atravesamos una situación delicada institucionalmente".

Siguiendo la línea, continuó afirmando que "quienes formamos parte de la Justicia no podemos sino mostrar nuestra preocupación por la actual crisis institucional, que conlleva una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las Instituciones que rigen nuestra sociedad y que tienen la importante función de proteger y consolidar nuestro Estado de Derecho, que evidencia que algo no estamos haciendo bien".

Por eso expuso que "la responsabilidad de quienes en un Estado de Derecho representan a las instituciones democráticas, radica en la protección y defensa de ese Estado de Derecho en el que ha de imperar el acatamiento de la Ley y de las resoluciones de Jueces y Tribunales, trasladando así a la sociedad la seguridad del mantenimiento de una convivencia pacífica y respetuosa, tanto de los principios como de los valores constitucionales". Antes de finalizar expuso: "Sin duda, ese ha de ser el camino para el robustecimiento y la consolidación de nuestra democracia".