El pacto para finalizar la presa de Alcolea se vuelve a bloquear y abre otro conflicto entre Gobierno y Junta de Andalucía

Todo estaba preparado en el mes de junio para la firma de un acuerdo marco que permitiera desbloquear después de ocho años las obras de construcción de la presa de Alcolea, una infraestructura fundamental para proteger el entorno de inundaciones y para combatir la sequía. El plan era que la Junta asumiría el coste de la finalización de las obras (90 millones de euros con la correspondiente actualización de precios) y la gestión de la infraestructura a cambio de que el Gobierno de España asumiera una serie de inversiones en la comunidad autónoma por un importe similar que se definirían a lo largo de los próximos meses.

Sin embargo, pasó el verano sin que la firma se materializara. Según la Consejería de Agricultura porque el Ministerio pidió retrasar el acuerdo ante la situación crítica de todo el país por los incendios. El planteamiento para septiembre, con motivo del inicio de curso, era activar el acuerdo pero esta semana unas declaraciones del ex alcalde de Huelva y diputado Gabriel Cruz han desatado una nueva tormenta política al afirmar públicamente que el Ejecutivo "no permitirá que la Junta asuma las competencias de la presa".

Tras estas palabras, el consejero de Agricultura y Agua, Ramón Fernández-Pacheco, ha intentado contactar con la Secretaría de Agua para aclarar cuál era la situación y si había quedado bloqueado. No ha recibido respuesta. "Es preocupante. Llevamos hablando desde hace muchos meses y siempre planteamos en las negociaciones toda la disponibilidad para que la Junta se hiciera cargo de la obra. Estaba todo redactado y firmado", explicó el consejero de Agricultura y Aguas.

El acuerdo de Alcolea

Las obras de la presa de Alcolea se paralizaron en 2017 cuando se encontraban al 20% debido a problemas en la ejecución de un proyecto clave en la estrategia contra la sequía dado que tenía una capacidad de 246 hectómetros cúbicos además de convertirse en un sistema de protección frente a avenida de aguas en caso de temporales.

Desde la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta, el Gobierno andaluz ha presionado para la recuperación de esta infraestructura. Para ello, se establecieron unas negociaciones con tres opciones posibles para reanudar la obra:  que el Estado asumiera la finalización de las obras, o que lo hiciera la Junta o que se paralizara y se buscara una solución alternativa para dar respuesta a la necesidad de agua en la provincia de Huelva.

Finalmente, ambas administraciones pactaron que la Junta acabara la obra y gestionara la infraestructura. A cambio el Estado debería ejecutar un plan de inversiones contra la sequía en Andalucía equivalente al importe que gaste la Administración autonómica. Todo estaba cerrado en estos términos, como señalaron públicamente la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el propio consejero de Agua de Andalucía.

Acuerdos de cooperación y proyectos de la Junta

El consejero sí ha sido más optimista respecto al avance de otros dos proyectos contra la sequía que durante los últimos meses han sido objeto de diferencias entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía: las desaladoras de Almería y la Costa del Sol. "Van mucho más lento de lo que nos gustaría pero es cierto que van andando", apuntó el consejero.

El objetivo del Gobierno andaluz es que estas infraestructuras estén disponibles si se produce una nueva situación de sequía en Andalucía. De momento, la situación de los embalses es mucho mejor que hace un año. Pero el cambio climático hace que la comunidad autónoma esté expuesta a nuevos ciclos de sequía en los próximos años.