Los agricultores de Doñana podrán solicitar las ayudas del Gobierno para abandonar el regadío en octubre

La sobreexplotación del acuífero de Doñana ha llevado a las administraciones a lanzar una serie de medidas para limitar la actividad agrícola en la zona, fundamentalmente la relacionada con frutos rojos, que requiere de gran cantidad de agua. Una de las más esperadas es la línea de ayudas diseñada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), destinada a la renaturalización y restauración ecológica de superficies agrícolas en el entorno del Espacio Natural. Esta iniciativa, prevista en el Marco de Actuaciones Socioeconómicas, movilizará en su primera convocatoria 28,5 millones de euros y 70.000 euros como máximo por hectárea, distribuidos en diez anualidades de 7.000 euros por hectárea y año. Para superficies inferiores a una hectárea, la ayuda será proporcional.

Según ha informado el Gobierno este martes, el Consejo de Ministros aprobará el próximo 7 de octubre la primera convocatoria de ayudas destinadas a este fin. Así lo ha trasladado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en la reunión que ambos han mantenido en la tarde de este martes en el Miteco. Esto supondrá su publicación pocos días después en el BOE, lo que dará el pistoletazo de salida a la convocatoria.

Las ayudas se inscriben en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, con el objetivo de impulsar actuaciones de renaturalización y restauración ecológica en los ámbitos agrario y forestal del área de influencia del espacio natural de Doñana (2025).

Inversión de 706 millones

"El Miteco ha diseñado dos Marcos de Actuaciones para Doñana, con una inversión prevista de 706 millones de euros, pioneros en su aplicación, que combinan restauración ambiental con sensibilidad social y perfilan a Doñana como referencia en la Agenda Verde en España", ha subrayado el Miteco en una nota de prensa.

La convocatoria establece que podrán ser beneficiarias tanto personas físicas como jurídicas que tengan derechos sobre los terrenos o gestionen explotaciones agrarias, así como los ayuntamientos del área de influencia de Doñana. Estas entidades deberán cumplir los requisitos legales, mantener las condiciones de renaturalización durante los plazos previstos y permitir el seguimiento de las actuaciones.

El ámbito de aplicación se circunscribe a parcelas agrícolas en regadío situadas en los municipios del entorno de Doñana, siempre que el uso agrícola se hubiera consolidado antes de la entrada en vigor de la normativa de ordenación territorial de 2004 y no se trate de superficies incorporadas al regadío tras noviembre de 2022.

Las ayudas son compatibles con otras subvenciones públicas o privadas, siempre que no se supere el coste total de la actuación. Se financiarán proyectos orientados a la recuperación ecológica, la forestación y el mantenimiento de usos forestales, con prioridad para actuaciones que favorezcan la resiliencia de los ecosistemas, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Todas las intervenciones deberán cumplir la guía técnica elaborada para esta convocatoria, asegurar una superficie mínima de 0,5 hectáreas y garantizar el mantenimiento de las plantaciones, incluidas reposiciones en caso de pérdidas. La selección de proyectos se hará en régimen de concurrencia competitiva, según la valoración de las solicitudes, hasta agotar los fondos disponibles.

Antecedentes

El Gobierno sometió a información pública esta actuación hasta el 8 de septiembre, con el objetivo de recoger sugerencias y aportaciones, el borrador de la guía y las bases para la convocatoria de ayudas a la renaturalización de los suelos agrícolas en los municipios del área de influencia del Espacio Natural.

Estas ayudas no han estado exentas de polémica; una de las mayores, la posibilidad de que se dieran a aquellos condenados o imputados por expoliar agua de manera ilegal del entorno de Doñana. El caso más reciente y sonado, el de la Casa de Alba: hace solo unos meses, la Fiscalía pidió que declarasen como investigados Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo por una supuesta extracción irregular en la finca Aljóbar, ubicada en Aznalcázar y propiedad de la familia. Desde la Fundación Biodiversidad, entidad convocante de estas ayudas, su concesión está supeditada al cumplimiento estricto y riguroso de los requisitos de la orden y también de la legalidad en cuanto a las condiciones en que han de estar los beneficiarios.

En esta primera convocatoria, estas subvenciones tendrán un alcance de hasta 400 hectáreas, lo cual no impide que en las próximas convocatorias se amplíen, según fuentes del Miteco. Hay que recordar que la pasada semana los agricultores del Condado de Huelva registraron una PNL (Proposición no de Ley) en el Parlamento andaluz pidiendo apoyo para que las ayudas lleguen a las 1.200 hectáreas, un punto que no descarta el Gobierno.

Ayudas complementarias

No solo el Miteco tiene prevista una línea de ayudas para estos agricultores. La Junta de Andalucía cuenta con otras subvenciones complementarias, que han estado en exposición pública hasta el 25 de septiembre.

En este caso, se prevé que el importe máximo por hectárea pueda alcanzar los 20.000 euros, con un compromiso de mantenimiento de las actuaciones durante un periodo de 30 años. Las ayudas se dirigirán a explotaciones ubicadas en los municipios incluidos dentro del ámbito territorial del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana. Concretamente, podrán beneficiarse las fincas situadas en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos en la provincia de Huelva.

Según ha informado la administración andaluza, el acuerdo entre Junta y Gobierno central prevé una inversión conjunta de 1.434 millones de euros durante el periodo 2023-2027, de los cuales 728,9 corresponden a actuaciones financiadas directamente por la Junta. Posteriormente, el compromiso financiero del Gobierno andaluz se ha ampliado hasta los 852,3 millones de euros, alcanzando ya un grado de ejecución superior a los 428 millones de euros, lo que supone más del 58% del total comprometido.