Ministerio y Junta tratan de desbloquear una inversión de 1.140 millones clave para la estrategia de vivienda en Andalucía

La bolsa de suelos disponibles para construir VPO y de precios asequibles que ha empezado con más de 40.000 en las grandes ciudades es "la carretera" marcada para empezar a resolver el déficit de oferta en Andalucía. La normativa urbanística y administrativa como la nueva ley autonómica es "el vehículo" (que puede ser más o menos rápido). Y la gasolina es la financiación que depende en buena medida del plan estatal de vivienda. Si ésta no existe, no se puede avanzar. Quien realiza este símil es el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado, durante el último acto público que compartió con la consejera de Vivienda, Rocío Díaz.

Estas palabras reflejan la importancia de la Conferencia Sectorial que reúne hoy en Madrid al Ministerio con todas las comunidades autónomas. Andalucía es la que más dinero tiene en juego. La propuesta del plan estatal conlleva asignarle un presupuesto de 1.139 millones de euros de los que el 60% serían fondos estatales (el triple del actual plan) y el 40% restante serían fondos autonómicos (seis veces más de lo que la Junta aporta en estos momentos). De estos fondos, de acuerdo con el documento que está en exposición pública, el 40% se deben destinar a ampliar la oferta (la prioridad andaluza), el 30% a la rehabilitación (en este aspecto se ha incorporado una petición de la Junta de Andalucía) y el resto para ayudas al alquiler, avales para facilitar el acceso a hipotecas o medidas para intervenir en zonas tensionadas.

La reunión viene precedida de un nuevo enfrentamiento en bloque entre el Ministerio y todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP que remitieron un escrito rechazando el documento expuesto por el Ejecutivo central y reclamando diálogo. Así lo subrayó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la celebración del Consejo de Gobierno en las Atarazanas: "Lo que tiene que cambiar es diálogo. El modelo del Gobierno central no funciona. Con el Gobierno de Sánchez ha subido los precios de venta en torno al 50% y alquiler un 30%. Algo falla en esas políticas de carácter intervencionista porque el problema es de materia prima, de que no se construyen viviendas de renta libre ni VPO, y hacen falta 90.000 en Andalucía".

La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, acudió a Madrid para la reunión con ese doble mensaje. Por un lado, una llamada al consenso: "No estamos en el no. Estamos en el diálogo. La vivienda es un asunto de vital importancia. El actual plan finaliza en diciembre y necesitamos ese debate sereno que necesita la política de vivienda". Por otro lado, una discrepancia acusada con el modelo estatal que le lleva a anunciar antes del próximo mes de octubre la formulación de alegaciones al documento.

Desde el Ministerio, Isabel Rodríguez "tiende la mano" a todas las comunidades, destaca las vías de diálogo abiertas y subraya específicamente, en un gesto dirigido a Andalucía, que ha incorporado la sugerencia de la comunidad de habilitar mecanismos para la rehabilitación de viviendas en pequeños municipios dentro del plan.

Financiación y protección oficial

Las posiciones de Gobierno y Junta están distanciadas en dos aspectos principalmente. Por un lado, en la financiación. El plan del Ministerio para triplicar la inversión en vivienda en los próximos cinco años tiene como punto de partida un nuevo reparto de los fondos para que el Estado asuma el 60% y la comunidad autónoma el 40%. Esto supone en el caso de Andalucía que el Ejecutivo triplique su aportación y la Junta la multiplique por seis. Un planteamiento que permitiría superar los 1.100 millones de euros pero del que el Gobierno andaluz discrepa.

El segundo aspecto es la protección de las viviendas, el blindaje para que no puedan salir al mercado de renta libre las VPO tras su desclasificación. La Junta de Andalucía ha avanzado en su anteproyecto de ley al conceder el carácter de protección permanente a todas las VPO con ayudas públicas que se ejecuten a partir de ahora (las que estén sujetas a planes anteriores mantienen sus periodos previstos de descalificación). Pero deja fuera de esta protección permanente aquellos proyectos que se ejecuten con regímenes de cesión de uso o similares, de decir, los que cuentan con modelos de colaboración público privada.

Más allá de la reunión multilateral de la Conferencia Sectorial, el avance en las posiciones de Gobierno central y Andalucía es clave para el desarrollo del plan ya que para que se pueda ejecutar previamente hay que firmar un convenio bilateral en el que ambas administraciones se comprometan con las líneas básicas del plan.

Para eso, aún queda camino por andar. La Conferencia Sectorial de este jueves es un punto de diálogo para avanzar en un plan que posteriormente tiene que ser desarrollado con el plan de reparto de fondos en otro encuentro con comunidades autónomas. Antes de su ejecución tendrá además que pasar por el Consejo de Ministros y, posteriormente, se firmarían los convenios bilaterales.