La Junta ve inconstitucional el plan estatal de vivienda y exige cambiar el reparto de los 1.190 millones para Andalucía

La Junta de Andalucía ha formulado 22 alegaciones al plan estatal de vivienda 2026-2030 que asigna a la comunidad autónoma 1.190 millones de euros para la ejecución de inversiones para construcción y rehabilitación de viviendas a precio asequible así como distintas líneas de ayudas. En este escrito, al que ha tenido acceso este periódico, advierte una posible vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional por una posible invasión de competencias autonómicas así como de un marco de financiación "desproporcionado" al establecer como obligatorio para todos los territorios asumir el 40% de la financiación del plan durante los próximos cinco años.

El plan estatal fija como principal objetivo triplicar la inversión en vivienda durante los próximos cinco años respecto al marco anterior (2022-2025). En total, se distribuyen 7.000 millones de euros entre las comunidades de los que 1.197 se asignan a la comunidad autónoma (el territorio en el que más dinero se invertirá). Pero establece como condición que el 60% lo asuma el Gobierno y el 40% restante la administración territorial. En el caso de Andalucía esto supone que la Junta debe aportar 479 millones de euros (seis veces más que en el anterior plan) y el Gobierno central 718 millones de euros (el triple que ahora).

El Gobierno andaluz rechaza en sus alegaciones este reparto que considera "desproporcionado": "Este modelo es un viraje respecto a los planes anteriores en los que la aportación del Estado era predominante y el rol financiero de las comunidades autónomas era más flexible, complementario y enfocado a la gestión (...) Se traslada a las comunidades una responsabilidad financiera cuantiosa sin que haya mediado un consenso previo y con ausencia total de una justificación técnica, económica y jurídica que demuestre la necesidad y la proporcionalidad de la medida". Tras esta argumentación, la Junta solicita que se retire "revertir la rigidez" del 40% de cofinanciación obligatoria y "volver a un modelo más flexible y complementario, acorde con la capacidad financiera de cada comunidad.

Advertencia de posible inconstitucionalidad

El plan del Ministerio recoge cinco ejes básicos en torno a los que se desarrollan una veintena de líneas: el 40% se deben destinar a ampliar la oferta (la prioridad andaluza), el 30% a la rehabilitación (en este aspecto se ha incorporado una petición de la Junta de Andalucía) y el resto para ayudas al alquiler, avales para facilitar el acceso a hipotecas o medidas para intervenir en zonas tensionadas. Para acceder a cada una de estas líneas de ayudas se establecen una serie de obligaciones y requisitos.

Y este desarrollo tan específico del destino de las inversiones y de las condiciones para acceder a las líneas de ayudas es el segundo gran punto de confrontación entre el Ministerio de Vivienda y la Junta de Andalucía. La Consejería de Vivienda considera que hay un exceso de "intervencionismo" y que no se respeta las competencias autonómicas. Y estima que esto puede llegar a ser inconstitucional.

"El Plan Estatal no respeta la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que el Estado, en materia de subvenciones y ayudas públicas en vivienda, no puede condicionar ni determinar la finalidad de las mismas más allá de lo imprescindible para asegurar el objetivo de la planificación y coordinación general (...) La especificación del destino de las subvenciones no puede realizarse con tal grado de concreción y detalle que prive a la comunidad autónoma de todo margen para desarrollar una política propia en el sector subvencionado", argumenta el escrito remitido por la Consejería de Vivienda. En su escrito la Junta de Andalucía recuerda que ya llevó al Tribunal Constitucional la ley estatal de vivienda de 2023 y obtuvo una sentencia parcialmente favorable que obligó a retirar una serie de artículos que regulaban la vivienda protegida al considerar que invadían competencias autonómicas.

Las alegaciones de la Junta de Andalucía se enmarcan dentro del proceso de exposición pública y diálogo con todas las comunidades autónomas abierta por el Ministerio de Vivienda para la elaboración del plan estatal. Tras la publicación del documento, que se encuentra en exposición pública, el Ministerio convocó a todas las comunidades autónomas a una conferencia sectorial y abrió un plazo de alegaciones que finalizaba este 7 de septiembre.

El Gobierno de Juanma Moreno, como el resto de ejecutivos del PP, ha criticado este proceso, contra el que llegó a formalizar un escrito firmado por varias comunidades, en el que reclamaba "más diálogo": "El decreto se ha presentado sin debate previo con las comunidades autónomas, que cofinancian el plan, y son las competentes en materia de vivienda. El éxito del plan dependerá de la capacidad del Ministerio de colaborar con el resto de las administraciones”, resumió Rocío Díaz.