El Defensor del Pueblo investigará las "deficiencias" de los cribados del cáncer mama tras las crisis sanitaria

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para poder investigar qué ha ocurrido en los cribados del cáncer de mama en la comunidad autónoma tras "las graves disfunciones" detectadas en los casos "no concluyentes". Esta iniciativa propia surge de la "honda preocupación" de la institución ante las "deficiencias" que han provocado la crisis sanitaria a la que se enfrenta la comunidad autónoma.

Por el momento, no se sabe cuántas mujeres podrían estar afectadas por retrasos en los cribados con resultados "no concluyentes". Aunque en un primer momento desde la Consejería de Salud y Consumo se redujo la situación a "dos o tres casos", después de que estallara la polémica la Junta decidió ponerse en contacto con 2.000 mujeres que en los últimos tres años han obtenido este resultado dudoso y que se analiza si han tenido la adecuada información y se les han remitido las siguientes pruebas en tiempo y forma.

Esta es la primera vez que la Defensoría realiza una investigación de oficio de corte general en su historia. El profesor de la Universidad de Sevilla ha recordado este jueves que la Defensoría es la "garante" del derecho a la salud en la comunidad, por lo que tiene el "deber" de investigar esta situación. “Tenemos que recuperar el sistema público de salud”, ha señalado Maeztu en una comparecencia ante los medios tras el anuncio. Allí ha subrayado que este caso se estudiará “con carácter urgente y preferente”.

Maeztu subraya en una nota que las pacientes tienen el "derecho" de "conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica", tal como recoge la Constitución, el Estatuto de Andalucía y la ley de autonomía del paciente. Además, lamenta que esta falta de información puede suponer "una pérdida de oportunidad asistencial y generar daños evitables". "Un derecho lesionado de mujeres bastaría una para justificarlo, hay una vida detrás y hay un dolor", ha insistido.

Hace una semana, el jueves 9 de octubre, que la institución solicitó información tanto a la Consejería de Salud y Consumo como al Servicio Andaluz de Salud. Aunque todavía no ha obtenido respuesta alguna, el defensor sostiene que la administración siempre le ha compartido todos los datos que le han solicitado. “En los últimos tres años solo hubo cinco quejas por demoras, pero no teníamos conocimiento de que podría existir de forma generalizada”, ha lamentado.

Una investigación más amplia

Ante esta situación, el defensor, que lleva más de un año en funciones, ha reclamado la necesidad de aclarar los motivos por los que no se han comunicado estos resultados. Para la institución, lo ahora conocido "pone en entredicho el principio esencial del programa: garantizar la detección precoz ofreciendo información y respuesta sanitaria en tiempo y forma". Así, pide saber a qué responde esta práctica, donde se aplica y cuántas mujeres hay afectadas.

El objetivo de Maeztu es "propiciar un análisis neutral, llegar a conclusiones fidedignas y favorecer decisiones justas". Para lograrlo, ha solicitados los datos sobre la atención prestada a las mujeres, la carga asistencias de radiología en los centros públicos, el tiempo de respuesta, el número de profesionales y el número de mujeres a la espera de terminar su estudio diagnóstico.

Además de estudiar los casos afectados, la institución espera realizar una investigación más amplia para conocer la gestión del programa de detección precoz. Para conocerlo, espera conocer los mecanismos establecidos para revisar sus resultados y procedimientos y la periodicidad con la que se aplica desde 2022. También solicitará las evaluaciones disponibles, las mejoras implementadas y la actividad que ha realizado la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz.