El deslinde de Doñana aprobado por el Ministerio abre un nuevo frente con la Junta dos años después del pacto

El Pacto de Doñana cumple en noviembre dos años como el único puente de entendimiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Sin embargo, un choque entre ambas administraciones pone en riesgo este periodo de avenencias. El Estado ha aprobado el deslinde de un tramo de 118.772 metros que se ubica entre Hinojos, Almonte y Aznalcázar que será considenrado de dominio público marítimo-terrestre y pasará a manos del Ministerio de de Transición Ecológica y el Reto Demográfico después de depender durante años de la comunidad autónoma.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almonte han denunciado la "unilateralidad" del Estado en la toma de esta decisión, que supondría el tratamiento como marítima de una zona de carácter fluvial. La disputa se plantea en pleno debate sobre el reparto de ayudas a los agricultores para la renaturalización de cultivos. Contra la voluntad del Gobierno, el Consejo de Participación de Doñana, en el que tienen representación las distintas administraciones e instituciones implicadas, ha ofrecido un informe desfavorable a la medida, una decisión que ha sido aplaudida por WWF al "no ajustarse a criterios técnicos".

El deslinde, de este terreno, ha sido publicado este mismo jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pese a no haber recibido el visto bueno del Consejo, que tenía programada una sesión extraordinaria para tratar este asunto. Ante esta situación, la institución, presidida por Enrique Mateos, elevará una queja formal al Ministerio por "no haber tenido en cuenta en la orden el informe preceptivo del propio Consejo".

"Blindar la preservación del territorio"

La medida ha sido promovida por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio y su objetivo es "blindar la preservación del territorio", según ha defendido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. "Teniendo en cuenta que es obligación legal de la administración deslindar la totalidad del litoral, lo que tendremos es una figura que blinda las condiciones públicas y ambientales del espacio que queda incluido dentro", ha defendido

Hasta ahora, el mando sobre estos terrenos había dependido de la comunidad autónoma. Estas marismas fueron cedidas por el Estado, que los compró en 2006 a propietarios privados, a la Junta de Andalucía mediante un decreto de traspaso que ahora sería anulado. En concreto, la medida aprobada por el Ejecutivo central afecta al 56% de las fincas de propiedad pública, entre ellas, todos los espacios de marismas de Sevilla.

Tras la publicación en el BOE se abre un periodo para presentar recursos en contra. De hecho, los servicios jurídicos de la consejería de Medioambiente y Sostenibilidad ya trabajan en uno al ver que la decisión "adolece de errores tanto técnicos como jurídicos". Además, la administración autonómica denuncia que se ha tramitado "sin consenso y sin respeto al informe preceptivo del Consejo de Participación".

"No entendemos cómo se ha podido proceder a su publicación en el BOE sin esperar a que este órgano emitiese su parecer, cuando precisamente la legislación exige su consulta en procedimientos que afectan de manera tan directa a un espacio natural protegido como Doñana", ha manifestado el viceconsejero Sergio Arjona. No solo la Junta está en contra de la medida. El informe publicado en el propio BOE apunta que los ayuntamientos de Hinojos y Almonte, Ecologistas en Acción y un listado de instituciones y organizaciones valoran de forma negativa este cambio.

Denuncian la "unilateralidad"

No es la primera vez que el Gobierno central pone este tema sobre la mesa. Ya en noviembre y diciembre de 2023, la Junta manifestó su negativa a esta propuesta en una serie de informes remitidos por el Espacio Natural de Doñana. En aquel momento, desde el Gobierno andaluz aseguraban que con esta decisión, el Miteco "excede los límites naturales de influencia mareal y no está debidamente justificada". Además, insistían en la misma idea que ahora ha expresado Bella, que la zona "no guarda relación con los procesos de flujo y reflujo de las mareas".

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha pedido "soluciones" al Ejecutivo nacional: "Las marismas de Doñana no reciben influencia del mar, sino que son zonas de agua dulce que dependen de las lluvias y del flujo natural de los arroyos". El regidor independiente ha lamentado que "se actúa sobre Doñana sin escuchar a Doñana" y ha recriminado que "pretender calificarlas como terrenos de influencia marina supone alterar la esencia de Doñana".

El Gobierno se ha defendido de las críticas y ha señalado que el deslinde "determina cuáles son las condiciones administrativas en las cuales una determinada porción de terreno pasa a tener un marco de blindaje en la preservación de ese territorio". "Es una figura que viene a reforzar las condiciones de restricción de aprovechamiento del territorio que establece la propia figura del Parque Nacional, y lo único que establece es la restricción de que no puede haber usos privativos que lesionen las características del bien público", ha insistido.