Vivienda aprobará ayudas para urbanizar suelos como pide Andalucía e insta a la Junta a desbloquear un plan de 1.200 millones

El Ministerio de Vivienda ha iniciado el estudio de las alegaciones formuladas al plan estatal de vivienda por parte de las comunidades autónomas y las propuestas presentadas por promotores y agentes sociales. Entre ellas hay una veintena de la Junta de Andalucía, comunidad clave para el desarrollo de esta estrategia puesto para ella se le han reservado 1.200 millones de los 7.000 programados para todo el país. Una de estas propuestas, el establecimiento de ayudas a la urbanización de suelos para ampliar el parque público, ha sido aceptada. Pero las posiciones de las dos administraciones siguen aún distantes, como ha confirmado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su participación en los encuentros informativos de la Cadena SER.

"Va a ser difícil que la Junta le explique a los andaluces que no está dispuesta a aceptar este acuerdo", señaló la Ministra de Vivienda quien subrayó que el nuevo plan va a permitir triplicar la inversión y promover más de 20.000 viviendas en Andalucía. Por este motivo, Isabel Rodríguez, volvió a tender la mano a la Consejería de Vivienda y le instó a cerrar un acuerdo lo antes posible para el desarrollo de una nueva estrategia de vivienda que debe comenzar en 2026 cuando expira la vigencia del actual plan.

El principal escollo, de momento, es la financiación. El Gobierno ha ofrecido un plan a Andalucía para ejecutar una inversión de 1.200 millones en los próximos cinco años siempre y cuando la Junta aporte el 40% del total, una cifra que la Consejería de Vivienda considera excesiva y que ha pedido revisar en sus alegaciones. De momento, el Ministerio descarta ceder en este aspecto. "Estamos planteando que la Junta, de sus recursos, aporte 80 millones de euros al año a vivienda sobre un presupuesto de 50.000 millones. Creo que no es mucho pedir", zanjó la ministra.

El segundo gran escollo es la protección de las VPO. El Gobierno quiere que se garantice que ninguna vivienda protegida con ayudas pública se descalifique en periodos cortos de tiempo. Quiere que la protección sea permanente. La Junta de Andalucía, en su anteproyecto de ley, ha reforzado esta protección respecto a su primer borrador. Pero, a juicio del Ministerio, sigue sin ser suficiente ya que este departamento estima que se queda abierta la puerta a descalificaciones en periodos cortos de tiempo cuando hay marcos de colaboración público privada.

En sus alegaciones, la Junta de Andalucía ha pedido que se retire esta condición de la propuesta de plan estatal y ha amagado con volver a recurrir al Tribunal Constitucional como ya hizo con la Ley de Vivienda que en este aspecto le dio la razón a la administración autonómica anulando el artículo que establecía que las VPO deberían estar blindadas durante 30 años.

Existe un tercer escollo que también se ha incluido entre las alegaciones de la Junta de Andalucía. En su anteproyecto de ley la Junta quiere retirar la obligatoriedad de depositar las fianzas de los alquileres en una entidad pública, en el caso andaluz, en AVRA. "Es un requisito que por seguridad jurídica y por transparencia debería ser obligatorio", resume la ministra de Vivienda. En su plan este depósito público es obligatorio para poder acceder a determinadas ayudas.

Ofrecimiento de diálogo

Pese a estos desencuentros, el Ministerio tiene la convicción de que habrá acuerdo con la Junta de Andalucía que no podrá rechazar una inversión de 1.200 millones de euros. Y está dispuesto para ello a incorporar propuestas y medidas. A raíz de las propuestas realizadas por la Consejería en la Conferencia Sectorial se reforzó la línea de ayudas a la rehabilitación en el plan estatal.

Y ahora se ha dado un paso más con la inclusión de una línea de ayudas para la urbanización de suelos con el objetivo de que posteriormente puedan construirse en ellos viviendas. Se trata de una medida planteada por la Junta y por los promotores andaluces (también otros a nivel estatal) dado que hasta ahora todas las medidas (como el decreto andaluz de marzo) se han centrado en terrenos urbanizados. Pero esto deja fuera todos los suelos pendientes de urbanización que tienen asociados costes económicos para los promotores públicos o privados, además de una compleja tramitación urbanística. Ahora, se quiere incorporar una línea específica para ello.

Esto permitiría, por ejemplo, el acceso a ayudas públicas para urbanización a nuevos desarrollos urbanísticos como en el caso de Sevilla puedan ser el Cortijo del Cuarto (6.000 pisos) o en el distrito tecnológico del Higuerón (más de 2.500).

No obstante, el Gobierno es consciente de las dificultades de alcanzar este entendimiento debido a que existe un choque de modelos en el ámbito de la vivienda. "En las formas hay diferencias, pero en el fondo, en el modelo, no hay diferencias entre el de Moreno en Andalucía y el de Díaz Ayuso en Madrid", apuntó la ministra. Recientemente, llegó a decir que sería partidaria de aplicar un 155 en Madrid para retirar las competencias de vivienda a esta comunidad.