El acuerdo para transformar el trabajo de los funcionarios andaluces se estanca tras un choque entre Junta y sindicatos

"Decepción" o "sorpresa" son las palabras que repiten los sindicados tras el choque con el Gobierno andaluz. Hace meses que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública avanza en el desarrollo de normativas y medidas para la modernización de administración andaluza. Sin embargo, este viernes la negociación los planes cerrados entre la Junta y los sindicatos (CSIF, UGT y CCOO) se ha quedado completamente estancada.

Entre los retos de la cartera que dirige el consejero José Antonio Nieto está la transformación de la administración pública andaluza. Un lavado de cara a la función pública autonómica con la que hacerla pasar del siglo XX al XXI. En palabras del propio dirigente popular, son "cambios irreversibles" con los que modernizar el empleo público que, junto a otros decretos como el del teletrabajo, cambiarán el sistema andaluz de la mano de la ley de función pública aprobada en 2023.

Para ello, era necesaria la firma de un preacuerdo por la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad que estaba previsto para esta semana. Pero el documento se ha quedado sobre la mesa. Los sindicatos acusan a la Junta de un "injustificable bloqueo" y un "incumplimiento de los compromisos adquiridos". Por su parte, el ejecutivo autonómico defiende que "las negociaciones siguen abiertas" y que la voluntad es alcanzar un acuerdo e incorporar las reivindicaciones de los sindicatos.

"Los intereses de la Junta han cambiado"

"Han sido muchas horas de trabajo que hoy se han ido al traste", explican desde CSIF. La secretaria de Organización y Política Sindical de UGT, Esperanza Morales, puntualiza también que llevaban "desde julio trabajando de 16:00 a 21:00 de la noche", sin importar el calor o las vacaciones. Ambos coinciden en que había un consenso, todo estaba cerrado: "Teníamos hasta un texto pactado". El encuentro de este viernes era solo la firma de este acuerdo ya alcanzado para su puesta en marcha.

El escenario que los sindicatos tenían en mente, con una firma más que asegurada, ha caído al sentarse en la mesa. Desde los representantes de los trabajadores apuntan a un cambio de intereses en el reparto de recursos de la Junta. "Las medidas que estaban sobre la mesa conllevan determinadas partidas económicas y es ahí donde han surgido las fricciones", explican fuentes de CSIF consultadas por este medio.

"No es que la Junta se haya negado a hablar o haya bloqueado la negociación como tal, sino que a la hora de pactar unas cuantías no se ha llegado a un acuerdo y las organizaciones se han negado a firmar", argumentan desde CSIF. En un comunicado unitario, los tres sindicatos representados en la mesa consideran "injustificable" el cambio de opinión repentino por parte de la administración y denuncian que supone "el incumplimiento de los compromisos adquiridos y una falta de respeto hacia el trabajo desarrollado". Además, no descartan la convocatoria de manifestaciones por la paralización de los acuerdos ya alcanzados.

Este nuevo modelo vinculaba las retribuciones al alcance de objetivos e incluía la evaluación del desempeño de los trabajadores. "No tenemos una subida salarial que no venga del estado desde 2008", denuncia Morales, que recuerda que "los funcionarios de la Junta son los que menos cobran y esto era una forma de equipararlo" y que los únicos aumentos salariales que perciben son los que llegan "del Gobierno estatal".

Las medidas buscaban la transformación hacia un nuevo modelo de la función pública andaluza e incluía una mejora en las condiciones de los empleados públicos. "Era una transformación dirigida a la ciudadanía", aclara la representante de UGT. Entre los objetivos estaban las reclasificaciones profesionales, la transformación digital o la agilización de procesos para mejorar la atención a la ciudadanía. "Ahora paralizan todo lo que teníamos cerrado", insiste Morales poco después de la reunión mantenida con la Consejería.

“La administración se descuelga con una deslealtad inusual”, lamenta el coordinador del Área Pública de CCOO, José Pelayo, que recuerda que ha habido dos intentos de firma precios e insiste en que es “un ataque frontal a los trabajadores”. Después de dos décadas sin un aumento salarial, el dirigente de CCOO-A señala que este cambio de opinión responde a “decisiones políticas injustificadas”. CCOO ya se manifestó en junio de 2024 contra esta situación y asegura que “volverá a hacerlo”.

"Nuestra voluntad es el diálogo y el acuerdo"

Desde la Consejería de Justicia, por su parte, sostienen que las negociaciones con las asociaciones sindicales “siguen abiertas”: “Nuestra voluntad es la de seguir manteniendo un diálogo leal u fructífero con las administraciones”. Además defienden que “siempre” han intentado incorporar las reivindicaciones de los sindicatos a sus medidas y confían en alcanzar un acuerdo.

"La Junta está inmersa en un proceso de modernización de la Administración Pública y para ello cuenta además con una Estrategia de Administración Innovadora, que también es fruto del consenso y el acuerdo con las organizaciones sindicales, que nos obliga a implementar cambios para mejorar y ser más eficientes en el servicio que se presta a la ciudadanía", explican desde este departamento.

En este sentido, la Consejería de José Antonio Nieto subraya que "siempre ha intentado incorporar las reivindicaciones de los sindicatos y se ha trabajado con lealtad". Como ejemplos, destacan la Ley de Función Pública, el proceso de estabilización de interinos o todas las medidas avanzadas en el ámbito de la función pública.