La Fiscalía no abrió ni una investigación por acoso escolar como la del suicidio de Sandra en Sevilla el último año
En toda Andalucía se tramitaron 75 expedientes y la mayoría de ellos se resolvieron por vía extrajudicial
Un altar improvisado por la muerte de Sandra / Jose Manuel Vidal / EFE
J. A.
El suicidio de Sandra Peña, alumna del colegio concertado Las Irlandesas Loreto tras sufrir acoso escolar, ha puesto en el foco tanto la aplicación del protocolo para los casos de bullying de la Junta de Andalucía como las consecuencias penales de este tipo de conductas protagonizadas por menores cuando tienen más de 14 años.
En este segundo ámbito, los datos muestran las dificultades y la falta de consecuencias penales por las conductas de acoso escolar. La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía recoge que no se ha abierto ni una sola investigación durante 2024 por casos de bullying en la provincia de Sevilla. En este caso, sí se han incoado ya diligencias a raíz de la denuncia registrada por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.
Los datos de la memoria, recogidos por Europa Press, recogen que durante 2024 se incoaron 75 procedimientos penales contra menores de entre 14 y 18 años por delitos de acoso escolar. De estos 75 expedientes, en Málaga se concentran 62, seguidos de los seis de Cádiz, cuatro de Jaén y tres en Huelva. No consta ningún caso en la provincia de Sevilla.
"Todas las secciones de menores vienen a indicar, como se reitera memoria tras memoria, que la gran mayoría de los expedientes se resuelven vía solución extrajudicial", resume el balance de la actividad desplegada por la Fiscalía Superior de Andalucía.
La Consejería defiende las consecuencias penales del acoso escolar
En el caso del colegio Irlandesas Loreto la Consejería de Desarrollo Educativo ha remitido de oficio a la Fiscalía la actuación del centro concertado dado que no activó el protocolo anti acoso escolar convocando a la comisión de convivencia y remitiendo información a la Inspección Educativa como corresponde en estos casos. Se limitó, según la información difundida por este departamento, a separar a la alumna y realizar un seguimiento del caso. La familia también ha anunciado medidas judiciales y el Defensor del Pueblo de Andalucía ha abierto una investigación de oficio.
"Responsabilidades hay siempre, pero empezamos por quienes tendrían que supervisar que no se produzcan estas situaciones, pero también sobre quién participa en esas situaciones, porque estamos hablando de adolescentes, pero son adolescentes mayores de 14 años, que pueden tener responsabilidad, porque con 14 años, y aquí hay alumnos y alumnas que me están escuchando, sabemos muy bien lo que hacemos", subrayó la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo.
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