La Junta quiere ingresar 50 millones más en subastas: creará un 'marketplace' andaluz de locales, garajes y suelos

Este mes de octubre, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Hacienda, ha aprobado su sexta subasta de bienes inmuebles públicos desde la llegada de Juanma Moreno a San Telmo. En esta convocatoria, aún abierta, hay una treintena de solares, viviendas, aparcamientos o locales que se ofertan a las personas jurídicas y físicas que abonen más dinero por ellas. Se estiman unos ingresos de 22 millones de euros que se sumarían a los 138 ingresados hasta el momento.

Habrá más en los próximos años. Esta semana la Junta de Andalucía inicia la tramitación parlamentaria de su Ley de Patrimonio un proyecto con el que pretende aumentar la eficiencia en la gestión de los bienes públicos, favorecer medidas de ahorro y simplificar las tramitación para poner en servicio suelos o edificios que se encuentren sin uso definido. En la memoria de este documento se específica que hay una previsión de ingresar 48 millones de euros más en los próximos cuatro años con ventas de patrimonio público. En 2026 se programan 34 millones; en 2027 millones y entre 2028 y 2029 al menos otros cuatro millones.

Para alcanzar estas cantidades, la Junta creará a lo largo de 2026 una plataforma de publicidad patrimonial, una especie de 'marketplace' donde se pondrán a la venta aquellos suelos, inmuebles, locales o garajes que oferte cualquier consejería u organismo de la administración. Este nuevo servicio digital será de acceso libre para todos los usuarios, de forma que cualquiera podrá revisarlo y presentar su propuesta económica. Según las estimaciones de la Consejería esto va a permitir ingresar entre un 5% y un 15% más dinero en operaciones de venta de patrimonio. Concretamente, en los cálculos de 48 millones para los próximos años al menos 3,3 se atribuyen a esta nueva herramienta.

En la memoria, la Dirección de Patrimonio argumenta estos cálculos: "Aumentar la publicidad de los bienes y derechos disponibles permitirá posicionarlos de manera más competitiva en el mercado, maximizando las oportunidades de éxito en su puesta en valor y explotación. Se garantiza una mayor transparencia en la disponibilidad de los recursos patrimoniales, atrayendo a un mayor número de interesados, incluyendo gestores económicos, inversores y ciudadanos. Esto no solo mejora la percepción y el acceso al patrimonio público, sino que también incrementa la probabilidad de generar proyectos económicos, residenciales o sociales exitosos, optimizando así los ingresos y beneficios derivados de su aprovechamiento. La adopción de estrategias digitales de difusión permite elevar la exposición de los bienes inmuebles que están en disposición de ser enajenados, atraer a más compradores potenciales y, en consecuencia, aumentar la probabilidad de venta y el precio obtenido", explica.

La ley de patrimonio

 La nueva ley, que incluye esta plataforma digital, sustituye a una legislación de 1986 y establece una definición más amplia del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, en la que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias, cualquiera que sea el título de adquisición. Además, se contemplan mecanismos innovadores y efectivos que garantizan la conservación y puesta en valor del patrimonio de la comunidad.

"Estamos hablando de más de 400.000 bienes y estamos trabajando para poner en valor todo este patrimonio, aprovecharlo y disfrutarlo", explicó la consejera de Hacienda, Carolina España tras la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Gobierno. Se trata de una de las iniciativas legislativas que la Consejería quiere tener aprobadas antes de la convocatoria electoral.

Para ello, el próximo miércoles en el Pleno del Parlamento debe superar las enmiendas a la totalidad registradas por los grupos de la oposición, trámite que se puede solventar sólo con los votos de la mayoría absoluta del PP. Esta es una de las iniciativas legislativas priorizadas por el Gobierno andaluz antes de la convocatoria electoral.