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Internet

La nueva app pública andaluza protegerá a los menores con una "lista negra" de la violencia y el porno en internet

El contrato del ciberescudo, una de las principales medidas del plan de protección de niños y niñas, sale a licitación por 447.000 euros

Un niño usa el teléfono móvil y una tablet.

Un niño usa el teléfono móvil y una tablet. / EDUARDO PARRA / Europa Press

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

La Junta de Andalucía se ha propuesto el reto de asegurar la protección de los menores en el entorno digital. El acceso a internet se produce cada vez antes, lo que provoca que, cada día, los niños estén expuestos a contenidos pornográficos, violentos o perjudiciales sin control parental alguno. Ahora, desde la Agencia Digital de Andalucía quieren poner fin a esta situación y proteger a los niños andaluces con un ciberescudo digital con el que protegerlos al impedir su acceso a determinados contenidos.

El Gobierno andaluz ha sacado a licitación el contrato para desarrollar esta nueva aplicación móvil con la que "promover y habilitar el uso seguro de las redes y sistemas de información" con un presupuesto de 447.000 euros. Su puesta en marcha está enmarcada en la Ley Andalucía Digital (LADI) y fue aprobada por el Consejo de Gobierno. Una vez asignado el contrato, los ganadores de la oferta tendrán tres meses para arrancar con este proyecto.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se comprometió a su puesta en marcha en el debate sobre el estado de la comunidad de 2024. Según detallan desde la propia administración, el objetivo de esta nueva aplicación, que dependerá de la Agencia Digital Andaluza (ADA), es "facilitar la supervisión del uso de dispositivos digitales por parte de menores y limitar su exposición a contenidos inadecuados en Internet". Además, podrá incluir recordatorios, alarmas y alertas.

Un filtro de control

La aplicación, que podrá instalarse en teléfonos o tablets, funcionará como un filtro para la navegación por internet y el acceso a otras aplicaciones móviles. La Junta de Andalucía y la empresa que se hagan con la licitación establecerán una "lista negra" de contenidos considerados como "inapropiados o peligrosos" que podrá aumentar con el paso del tiempo con información del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).

La plataforma controlará el uso y el contenido de las apps instaladas en los dispositivos. La idea es que esta aplicación, que estará disponible en los distintos servicios de decarga, bloquee la instalación de aplicaciones que fomenten la violencia, la pornografía o las estafas.

La idea del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, es que esta aplicación, que será gratuita, sea instalada por los padres de los menores en los distintos dispositivos. "El objetivo es detectar y analizar riesgos y amenazas sobre todos los aspectos que puedan afectar a la seguridad, a la salud, al desarrollo y a la intimidad de nuestros más pequeños, de nuestros hijos", aseguraba en su presentación. Así, para poder desinstalarla habrá un control que lo impida si se carece de la autorización necesaria.

Pese a este control, desde la administración confirman que garantizarán la "privacidad absoluta" de los usuarios y no almacenarán registros personalizados. Desde la cartera que dirige Sanz crearán contenidos de concienciación que podrán ser distribuidos por la aplicación. Así, mostrará noticias o consejos con textos, audios, vídeos o imágenes con las que los menores puedan interactuar y educarse en un correcto uso de los medios digitales.

Control ante el acceso al porno

Los diputados del Parlamento andaluz trabajan desde 2023 en la lucha contra el acceso a la pornografía por parte de los menores. Los estudios y reuniones que han mantenido revelan que, en la actualidad, "la edad media del primer contacto con la pornografía se está dando de media entre los ocho y los 10 años", es decir entre tercero y quinto de primaria. Además, señalan que el primer encuentro suele producirse mediante anuncios, ventanas emergentes o contenidos en redes sociales.

"El consumo de pornografía ha pasado, en muchas ocasiones, a formar parte de la vida cotidiana y del entorno compartido por los grupos de iguales, lo que contribuye a normalizar el hábito y a eliminar las posibles percepciones de riesgo", revelaba el informe presentado por la comisión parlamentaria encargada. Así, uno de los principales objetivos era "poner fin a la fácil accesibilidad que tienen los menores para consumir contenidos inadecuados en internet".

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