Los directores andaluces piden a Educación que cambie el protocolo 'antibullying' y sume personal sanitario

El suicidio de Sandra Peña tras un presunto caso de acoso escolar ha consternado al país. Su caso ha servido para poner en el foco la efectividad de los protocolos antibullying de los colegios e institutos andaluces. Una semana después de la trágica muerte de la menor, la Junta de Andalucía advierte que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla en el que estudiaba la menor podría perder el concierto educativo "si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave" del protocolo. La propia Junta constató que el centro no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas. Como consecuencia, la opinión pública ha puesto en el ojo del huracán el papel de los directores y docentes de los centros a la hora de frenar una situación tan compleja como la que tuvo que sufrir la menor sevillana. Ante la oleada de críticas, la Asociación Sindical de Docentes de Andaludía (Asadián) ha alzado la voz en defensa del profesorado y reclama a la Consejería de Educación que "cambie el protocolo" y "simplifique la burocracia" que tanto tiempo les hace invertir para abordar un problema que requiere de agilidad.

Mientras la Policía Nacional y la Fiscalía investigan el caso de Sandra Peña, desde los medios de comunicación se está cuestiona el papel de los centros escolares. Para defenderse, el sindicato de profesores -compuesto por directores de centros de Primaria y Secundaria de Andalucía- denuncia que "un caso puntual que no hace bien su trabajo no puede ser la excusa para criminalizar al resto". El portavoz de la plataforma y director del IES Arjé (Granada), Jose Madero, insiste en que la "inmensa mayoría" de los centros no tienen uno, si no varios protocolos abiertos. "Los colegios hacemos muchísima labor de prevención e investigamos si hay casos. Somos los más interesados en destaparlos", sostiene.

En un contexto en el que Educación no descarta quitarle el concierto a un colegio sevillano con casi 50 años de antigüedad, el sindicato de docentes pide que se dote a los centros de un personal formado que se encargue de aplicar los protocolos, "tanto de acoso como de prevención del suicidio y de conductas autolíticas". Ante la cantidad de protocolos abiertos solicitan "personal sanitario formado en salud mental y puestos extras de orientación que desarrollen dichos protocolos", ya que no pueden "paralizar" el trabajo de dirección, jefatura y orientación para enfrentarse a un solo protocolo.

"El protocolo no garantiza que pare el acoso escolar"

Pese a la importancia de abrir el protocolo de acoso escolar, el portavoz de Asadián insiste en que éste "no garantiza que pare el bullying" en aquellos casos "más complejos". "Hay muchos casos de acoso donde, por desgracia, la única solución es separar al acosado de los acosadores y muchas veces es el propio acosado el que se tiene que cambiar de centro", comenta Madero. Según el protocolo, el acosador solo puede ser expulsado un máximo de 29 días y el siguiente paso sería pedir el cambio de centro. "Normalmente hay más de un acosador y cuando se tiene que cambiar de centro a cinco alumnos es mucho más complicado".

Según Madero, el protocolo actual es "muy laborioso" y, como consecuencia, se ralentiza el proceso. Por ejemplo, si un alumno está siendo acosado por cuatro alumnos y cinco testigos, el colegio tiene que citar a cada uno con sus respectivas familias. "Cuesta agendar las citas con las familias y todo se alarga mucho mientras el acoso continúa", apunta.

Cuando los directores hablan de laborioso se refieren a que con cada caso de posible acoso el protocolo obliga a abrir multitud de actas, tomas de declaraciones a presuntos acosados y acosadores y testigos con presencia de las familias. Además, tienen que redactar "múltiples documentos", lo que conlleva "multitud de horas de trabajo en él". "Lo más importante es se apliquen las medidas, que el centro actúe y se proteja al alumnado", puntualiza el portavoz. Sin embargo, denuncia que "se da más importancia a la documentación y burocracia del protocolo que a las medidas que se llevan a cabo".

¿Qué sucede con el ciberacoso? Según explica Madero, el protocolo no llega hasta esos casos que se pueden prolongar las 24 horas del día. "No hay manera de que se solucione aunque se tomen medidas en el centro o incluso se cambie de colegio al acosado o acosador".

"Hay protocolos abiertos que no son acoso"

No todos los casos para los que se abre el protocolo se pueden categorizar como "acoso", asegura el portavoz. "Se nos cuestiona porque dicen que no abrimos protocolos de acoso en los centros, pero la realidad es que tenemos muchos protocolos abiertos que realmente sabemos que no es acoso como tal, si no un enfrentamiento".

La "criminalización" de los medios

Para Asadián, la consecuencia más grave de la "criminalización" que se está llevando a cabo desde los medios de comunicación es que afecte directamente a la relación entre familias y profesores. "Estos días en las tertulias estamos escuchando a colaboradores como insultan a nuestro colectivo y si los alumnos ven esto lo único que consiguen es que les den alas para faltarnos al respeto".

La asociación pide a la prensa que no generalice situaciones que son puntuales. Además, reclama a las familias una mayor confianza: "Si nos entregan a sus hijos para educarlos, y no hay confianza en el profesorado y en los equipos directivos, el proceso educativo no dará sus frutos. Finalmente, pide a los padres y madres de los alumnos que se "impliquen en la educación de sus hijos" y que "cuando estos participen como presuntos acosadores que confíen en los centros".