¿Manipulación de mamografías?: qué dice la ley sobre la denuncia de Amama que investiga la Fiscalía de Sevilla

¿Qué dice la ley sobre la supuesta manipulación de un historial clínico? La Junta de Andalucía niega rotundamente cualquier tipo de alteración en las pruebas y también los profesionales sanitarios trasladan que es imposible, pero ese supuesto es el que ya investigando la Fiscalía de Sevilla, que ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por Amama, que advierte de supuesto cambios o desapariciones en mamografías y ecografías almacenadas en el sistema del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Algunas pacientes aseguran que los informes médicos que antes indicaban "lesión sospechosa" o "no concluyente (BIRADS-3)" aparecieron modificados posteriormente como "probablemente benigno", e incluso que el nombre del radiólogo había desaparecido.

Desde la Junta de Andalucía se ha negado desde el primer momento cualquier manipulación y se atribuyen los fallos a una "incidencia técnica" en la plataforma Clic Salud+, que gestiona los historiales clínicos de los pacientes. El consejero Antonio Sanz habló primero de "infundios" y horas más tarde argumentó que fue una caída puntual del sistema com ocurrió con Amazon o con la compra de entradas de La Oreja de Van Gogh. La apertura de diligencias por parte del Ministerio Público es un paso más para tratar de arrojar luz en un caso que ha generado una gran preocupación social y una crisis de confianza en el sistema y, de fondo, ha abierto un debate sobre la integridad de las pruebas diagnósticas digitales.

El SAS gestiona millones de historiales médicos a través de plataformas como Diraya, a la que tiene acceso el personal sanitario, y Clic Salud+, de acceso para todos los pacientes. Estas herramientas permiten a los pacientes consultar sus pruebas y recetas. La conexión entre ambos sistemas asegura que los datos del ciudadano estén actualizados y que los cambios se reflejen a la par.

Amama da el paso ante la Fiscalía en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El escrito que presentó Amama el pasado martes 21 de octubre "se ha hecho cumpliendo con la obligación que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal de poner en conocimiento del juzgado, Fiscalía o Policía una noticia que puede ser criminal, de unos hechos que pueden tener relevancia penal", aclara Amparo Díaz, letrada que ha elaborado este escrito para esta asociación. Es decir, Amama ha puesto en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que pueden ser constitutivos de delitos y que, en este caso, les ha llegado las noticias "inicialmente a través de una persona afectada por la desaparición o manipulación de información".

En este sentido, la letrada "espera que Fiscalía, cumpliendo también con sus competencias, abra unas diligencias específicas o una estos hechos a las diligencias que ya tiene abiertas en relación al problema sanitario de la crisis del cribado. A a partir de ahí lo normal es que Fiscalía se entreviste tanto con la presidenta de Amama como, probablemente, y quizás sea esto sea lo más interesante, con la persona que puede dejar constancia de esa manipulación y de esa aparición de documentación. Y a partir de ahí, será el Ministerio Público quien valore si hay motivos para pasar la investigación de Fiscalía al juzgado que lleve a cabo esa actuación".

Ley de Protección de Datos y el Código Penal, la legislación protege al paciente

La legislación española protege de forma específica los datos sanitarios y la historia clínica de los pacientes. De hecho, la Ley 41/2002, sobre Autonomía del paciente obliga a conservar la documentación médica de forma íntegra y accesible.

Asimismo, el Código Penal contempla delitos de falsificación de documentos públicos o privados, acceso ilícito o alteración de datos informáticos y delitos contra la salud pública si la manipulación afecta diagnósticos.

Y también la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y el reglamento específico exigen garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos clínicos, y notificar cualquier alteración a la Agencia Española de Protección de Datos.

Que desaparezca o se manipule la documentación es una forma de obstaculizar a la justicia y eso está penado

Amparo Díaz

— Abogada

A estos posibles delitos, Amparo Díaz añade uno más: es el de obstrucción a la Administración de Justicia, contemplado la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. "Es un delito muy importante. Ponerle obstáculos a la Administración de Justicia cuando se está investigando otros delitos relacionados con negligencias médicas, como que desaparezca o se manipule la documentación es una forma de obstaculizar a la justicia y eso está penado".

En este sentido, el recorrido judicial que pueda tener la denuncia de Amana, que ya investiga Fiscalía de Sevilla, va a depender en buena medida de la actuación que quiera desarrollar este órgano pero, en palabras de Díaz, "lo normal es que se interese por lo que es denunciado y haga una diligencia de investigación para ver si existen indicios de que esos hechos se están cometiendo y si procede pasar a la vía judicial". Es decir, estamos en una fase muy inicial de la investigación judicial en la crisis de los cribados de cáncer de mama pero ya se empieza a crear una senda de trabajo para que actúe la justicia.