El plan para eliminar regadíos de Doñana se activa: los agricultores pueden pedir ya ayudas y tendrán hasta 2027 para ejecutarlas

Los agricultores del entorno de Doñana ya pueden solicitar las ayudas del Ministerio de Transición Ecológica para abandonar los cultivos de regadío y ejecutar proyectos de renaturalización y restauración ecológica. Tendrán de plazo hasta enero de 2026 para participar en esta convocatoria que se resolverá en un plazo aproximado de seis meses. A partir de ahí, tendrán un año para ejecutar las subvenciones y abandonar el uso de agua en la actividad agrícola, fundamentalmente relacionada con los frutos rojos. Es decir, deberán completarse las transformaciones de las superficies agrarias en 2026.

La convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado moviliza 28,5 millones de euros con un presupuesto asignado de 7.000 euros por hectárea y año durante un periodo de diez años. A esta cuantía la Junta de Andalucía se comprometió a sumar una cuantía adicional de 20.000 euros al año por hectárea que hasta el momento no se ha aprobado aunque sólo para los cultivos ubicados en la primera corona de Doñana.

En esta convocatoria del Ministerio, prevista en el pacto de Doñana firmado hace dos años entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, podrán participar cultivos ubicados en los términos municipales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (Huelva); Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Estos cultivos deben haber comenzado a partir de 2004 y haber estado operativos hasta octubre de 2025. No obstante, se quedan fuera todos aquellas superficies que iniciaran los cultivos de regadíos después de la firma del pacto de Doñana en noviembre de 2023 entre la Junta y el Ministerio.

Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de forma que los agricultores podrán presentar sus proyectos de renaturalización de las superficies forestales hasta enero de 2026 y a partir de ahí se abrirá un plazo para la resolución de la convocatoria. No obstante, el Gobierno asegura que habrá nuevas líneas de ayudas para aquellos que no puedan acceder a los fondos disponibles en la primera convocatoria.

Inversión de 28,5 millones de euros

La convocatoria, con un presupuesto de 28,5 millones de euros, establece que podrán ser beneficiarias tanto personas físicas como jurídicas que tengan derechos sobre los terrenos o gestionen explotaciones agrarias, así como los ayuntamientos del área de influencia de Doñana. Estas entidades deberán cumplir los requisitos legales, mantener las condiciones de renaturalización durante los plazos previstos y permitir el seguimiento de las actuaciones.

Las ayudas son compatibles con otras subvenciones públicas o privadas, siempre que no se supere el coste total de la actuación. Se financiarán proyectos orientados a la recuperación ecológica, la forestación y el mantenimiento de usos forestales, con prioridad para actuaciones que favorezcan la resiliencia de los ecosistemas, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Todas las intervenciones deberán cumplir la guía técnica elaborada para esta convocatoria, asegurar una superficie mínima de 0,5 hectáreas y garantizar el mantenimiento de las plantaciones, incluidas reposiciones en caso de pérdidas. La selección de proyectos se hará en régimen de concurrencia competitiva, según la valoración de las solicitudes, hasta agotar los fondos disponibles.

En esta primera convocatoria, estas subvenciones tendrán un alcance de hasta 400 hectáreas, lo cual no impide que en las próximas convocatorias se amplíen, según fuentes del Miteco.

Pacto de Doñana

Esta convocatoria se enmarca dentro del pacto de Doñana de 2023 entre el Gobierno y la Junta de Andalucía que establecía una inversión aproximada de 1.400 millones de euros en los próximos años a través de distintas actuaciones. Este acuerdo, no obstante, se ha visto debilitado en las últimas semanas por el enfrentamiento abierto por el deslinde aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica.