Andalucía aumenta el gasto en vivienda pero debilita a su empresa pública: recorte de plantilla e inversión congelada

La vivienda se ha consolidado como uno de los ejes del discurso político del Gobierno andaluz en su presupuesto de 2026, un año electoral. La partida destinada a las políticas de ayudas y promoción de pisos protegidos ha aumentado un 40% hasta situarse en 763,3 millones de euros, la mayor cifra de los últimos años, a la que hay que añadir otros 460 millones de euros en las deducciones fiscales. Junto a esto, el objetivo de la Consejería es que entre en vigor la nueva Ley autonómica de vivienda y que se desarrolle por completo el decreto de medidas urgentes aprobado el pasado mes de marzo.

Sin embargo, hay dos circunstancias que marcan la ejecución de estos 1.223 millones de euros (entre gastos y reducción de ingresos). En primer lugar, que la Junta de Andalucía no ha fijado en su previsión una cuantía exacta asignada a la ejecución del nuevo plan estatal de vivienda que está en negociación con el Estado. El Gobierno ha reclamado a la administración autonómica que multiplique por seis su inversión para alcanzar el 40% del coste del nuevo plan que alcanzar los 1.197 millones de euros en los próximos cinco años. "Hemos optado por la prudencia y esperar a que se apruebe el plan teniendo en cuenta además que el ritmo de ejecución será progresivo", explican desde la Consejería de Hacienda.

Debilitamiento de AVRA

La segunda es el progresivo debilitamiento de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que heredó el patrimonio residencial de la antigua Epsa y que gestiona más de 75.000 viviendas. Mientras el Gobierno central está apostando por configurar una gran empresa de vivienda (que en Sevilla o Málaga está promoviendo de forma directa más de 2.000 pisos) y los ayuntamientos y diputaciones de distinto tamaño están reforzando sus sociedades municipales; la Junta mantiene a AVRA prácticamente al margen de sus planes de incremento del parque residencial.

Así lo refleja el presupuesto aprobado por el Consejo de Gobierno este miércoles. En total, la agencia dispone de 119 millones de euros, lo que supone un leve descenso de 300.000 euros respecto al pasado año. Ha caído la inversión directa (que se sitúa en 43 millones de euros) y sobre todo se ha reducido el gasto de personal. Se siguen produciendo jubilaciones que no se están cubriendo. Según el anexo de personal correspondiente al próximo ejercicio, AVRA dispone de 508 plazas, lo que supone un 10% menos que el ejercicio anterior (553). Si se compara con el año 2020, la caída es de más de un centenar de profesionales. Se trata de jubilaciones que no se están cubriendo como recoge la propia memoria presupuestaria.

Desde el sindicato UITA estiman que la caída es aún mayor. Según sus cálculos en estos momentos AVRA tiene ya 496 trabajadores y al ritmo de destrucción de puestos de trabajo la cifra llegará a 300 en apenas dos años. "Están continuamente denegando la aplicación de la tasa de reposición y la cobertura de las vacantes y si seguimos así el futuro de la agencia está en juego", apuntan desde el sindicato.

Con una plantilla mermada y con la inversión congelada, AVRA centra su labor en la gestión, mantenimiento y conservación del parque autonómico ya existente. Así, la principal actuación asignada es la realización de un plan de diagnóstico y verificación de 25.000 viviendas (una tercera parte del parque público residencial) para reducir la morosidad.

Aparte de esto, "el esfuerzo del Gobierno se focaliza en la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales de titularidad pública, tanto para situar en el mercado viviendas vacías procedentes de la rehabilitación integral y de la vivienda usada, como para favorecer la accesibilidad universal, con una apuesta decidida por la instalación de ascensores y la mejora de la eficiencia energética, en línea con el compromiso de avanzar hacia ciudades y entornos urbanos más sostenibles".

Pero apenas tiene encima de la mesa proyectos de promoción de pisos de gestión directa. Según la propia memoria se trata de dos proyectos: 67 viviendas en el Cerro del Moro, en Cádiz, y 38 en Utrera. Aparte de esto, AVRA trabajará para el desbloqueo de cuatro suelos urbanizables pero aún pendientes de ejecución en los que se han llevado a cabo planes de enajenaciones o permutas. Es el caso del cuartel de Mondragones de Granada, el Residencial de Córdoba o la Dehesa de Ronda. En ninguno de ellos ha entrado de momento la Junta como promotora directa. También se incluye en este listado la Florida en El Puerto de Santa María aún sin iniciar.

"El programa para el ejercicio 2026 se desarrolla mediante la promoción de actuaciones urbanísticas y la adquisición y preparación de suelos de distintos usos, con destino a su enajenación, a la producción de suelo para actividades económicas o al desarrollo de viviendas por la propia Agencia", recoge la memoria.

A esto hay que añadir que el proyecto de ley de vivienda que ha iniciado su tramitación parlamentaria recoge por primera vez la supresión del depósito obligatorio de las fianzas de alquiler en la empresa pública. A cambio se apuesta por un modelo en el que pasan a depender exclusivamente del propietario del inmueble una opción que el Ministerio rechaza.

Deducciones fiscales y planes de rehabilitación

En cualquier caso, el gasto en vivienda por parte de la Junta de Andalucía aumenta en el año 2026. En primer lugar, porque sigue el crecimiento de las deducciones fiscales en el IRPF o en los impuestos de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales que alcanzan ya los 460 millones de euros al año. Es la gran apuesta del Gobierno andaluz que subraya que tiene un mayor impacto sobre los precios y las condiciones de acceso a un piso y es mucho más rápido y ágil que las convocatorias de subvenciones.

En segundo lugar, porque la Junta de Andalucía incorpora una serie de convocatorias en colaboración con otras administraciones o instituciones privadas como el Bono Alquiler Joven, el programa de fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler, el plan de ayudas a la construcción en alquiler social, las ayudas para colectivos vulnerables o el plan eco-vivienda para mejorar la eficiencia energética. En total, un presupuesto de 619 millones de euros.