DEPENDENCIA
Andalucía supera los 5.000 muertos esperando su ayuda a la Dependencia en solo nueve meses
La lista de espera para obtener la resolución del grado es de 496 días, un 21,2% más elevada que el año pasado siendo el tiempo de demora más largo en España

Jorge Jiménez
En Andalucía muere una persona cada 75 minutos en la lista de espera de la Dependencia. De enero a septiembre de este año ya han fallecido 5.292 personas pendientes de la valoración o prestación, un 21,1% del total nacional. Estos datos equivalen a 19 muertes cada día en la comunidad andaluza sin llegar a recibir la ayuda o la valoración que solicitaron, según los datos publicados por el Imserso en el informe mensual del balance de la situación en España en 2025.
Una mirada panorámica de estos datos permite ver cómo se cerrará el año. En 2024 fallecieron un total de 5.751 personas según los datos que publicó el Imserso en diciembre del año pasado. A tres meses de que finalice el año, las muertes de 2025 están a punto de superar a las del año pasado. El número de fallecimientos crece y también el volumen de la lista de espera para obtener la resolución del grado. De acuerdo con el informe, actualmente en la lista andaluza hay 51.547 personas, un 4,35% más que en enero de este año.
A este escenario se suma el reciente anuncio de los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2026. El Gobierno andaluz anunció este lunes el gasto previsto en Dependencia para el próximo año: 2.610,6 millones de euros para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA). Esta cifra supone un incremento del 12% sobre el presupuesto que se destinó para este 2025, que es de 2.333 millones. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, afirmó que se trata de la "mayor apuesta por proteger a las personas vulnerables que ha hecho Andalucía" durante su última comparecencia parlamentaria.
Pese al aumento en el presupuesto andaluz para la Dependencia, el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán, denuncia un "colapso" en un sistema que "condena a miles de personas" y reclama a la Junta y al Gobierno central que incrementen la financiación para que el gasto del PIB llegue al 2% (ahora mismo está en un 1,13% y en 2024 fue del 0,96%) para seguir el estándar de la Unión Europea. De cara al año que viene, solo habrá un aumento marginal de 0,17 del PIB andaluz.
Andalucía, la segunda CCAA con más demora
A día de hoy, un andaluz tiene que esperar de media 559 días para obtener el grado y la prestación que le corresponde de la Dependencia. Se trata del segundo peor dato en España, solo por detrás de Murcia (563 días) y el doble que la media nacional (349 días), según el informe mensual del Imserso.
Si desgranamos la cifra, los andaluces esperan de media 496 días para recibir la resolución del grado y 63 para obtener la prestación. La Consejería de Inclusión ha conseguido disminuir significativamente el tiempo de demora desde que la persona tiene el grado hasta que recibe la prestación: ha pasado de 216 a 63 días en un año, por lo que el tiempo de espera se ha reducido un 70,8 %.
Sin embargo, mientras el sistema avanza en un ámbito se ralentiza en el otro. La demora desde que se solicita la dependencia hasta que se recibe la resolución del grado ha aumentado hasta llegar a los 496 días, un 21,2% más que en 2024 (409 días) y un 47,3% más que en 2020 (337 días). Es el tiempo más alto en España, aunque Andalucía es también el territorio con más peso poblacional en el sistema, ya que copa el 20% de las solicitudes.
Si analizamos los datos a nivel nacional la distancia entre Andalucía y el resto de comunidades es aún más llamativa. Por ejemplo, un catalán espera 201 días, un madrileño 222 días, un vasco 77 días y un canario 333 días. Tal como se puede apreciar en la gráfica que se presenta a continuación, ningún español espera tanto para saber el grado de Dependencia como un andaluz.
Las cifras traspasan las tablas y se cuelan entre las conversaciones de los andaluces hasta el punto que la Dependencia es una de las mayores preocupaciones sociales. A principio de este mes, la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Andalucía y CCOO convocaron concentraciones en todas las provincias andaluzas con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.
Pese a que la demora en la resolución del grado deja a Andalucía a la cola en un ranking nacional, el tiempo medio desde que se solicita la Dependencia hasta que se recibe la prestación -es decir, todo el proceso- ha disminuido un 7% respecto al año anterior situándose en 559 días. En 2024 se cerró el año con 602 días de espera.
30 años para llegar al plazo legal de espera
La Ley de Dependencia establece que el tiempo máximo de espera sea de 180 días. Andalucía está muy lejos de conseguir que su demora entre dentro de la legalidad. En este sentido, la FOAM ha llevado a cabo un informe de proyecciones mediante los datos del Imserso donde estima que la comunidad andaluza cumplirá con la ley en 2054, dentro de 29 años. El escenario sigue siendo una de las mayores asignaturas pendientes que tiene la autonomía, pero la Consejería de Inclusión defiende que el tiempo de espera "lleva meses de bajada ininterrumpida".
Los datos del Imserso reflejan una situación crítica y las asociaciones exigen más financiación. Sin embargo, la Consejería, aunque reconoce que "queda mucho trabajo por hacer", habla de récords. "En septiembre se han atendido a 311.672 personas y se han hecho 472.375 prestaciones". Estas cifras suponen un incremento del 46,8% en el número de beneficiarios y del 69% en prestaciones respecto al año 2018. Cuando abordan la demora también recuerdan los datos del periodo socialista en el Gobierno andaluz: un máximo de 1.275 días.
Entre las mejoras impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno para fortalecer el sistema andaluz, el más grande de España, cabe destacar la simplificación del procedimiento en una única visita y una única resolución; la implantación de un solo aplicativo informático que permite trazabilidad durante todo el proceso y la reducción del plazo administrativo para crear plazas residenciales de dos años a tres meses.
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