El ‘no’ de Juanma Moreno a la quita de deuda obligará a Andalucía a pagar 2.655 millones en intereses hasta 2030

El Gobierno andaluz tiene encima de la mesa una propuesta del Ministerio de Hacienda para la condonación de 18.791 millones de euros de su deuda. Aunque este plan debe aún ser ratificado formalmente en el Congreso, la Junta, como el resto de gobiernos del PP, tiene ya decidido su rechazo político. El ejecutivo de Moreno alega que el impacto sería mínimo (un ahorro apenas 140 millones de euros en intereses), que no supondría beneficios para la estabilidad de las arcas autonómicas y que no se podría destinar el dinero a un mayor gasto público.

Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el principal órgano autónomo de análisis y evaluación a nivel estatal, ha desbaratado parcialmente los números y los argumentos del rechazo esgrimidos por la hacienda andaluza en su último informe publicado este miércoles. Según este análisis sí supondría un gran ahorro de 2.655 millones de euros en intereses, sí conllevará "una mejora sustancial de la sostenibilidad financiera", pero como dice el Gobierno autonómico no se podrá reutilizar el dinero para un aumento del gasto público.

Para llegar a esta conclusión la Airef realiza un análisis del efecto sobre Andalucía de la propuesta de quita de deuda y estima que va a suponer una reducción de 2.655 millones de euros en intereses acumulados en el año 2030 de los cuales 396 millones se ahorrarían en el primer ejercicio, en 2026. Esta cifra representa el 0,17% del PIB completo andaluz. Las estimaciones de ahorro de intereses son muy superiores a los cálculos de la Junta de Andalucía y también del propio Ministerio de Hacienda.

En el desarrollo de estas cuentas la Airef evalúa lo que representa el conjunto de la deuda andaluza sobre el PIB. En estos momentos, los 41.442 de endeudamiento que tiene Andalucía, según los últimos datos del Banco de España, representan el 19% del PIB, un porcentaje muy inferior al de Cataluña, Valencia o Murcia pero por encima de otros territorios como la Comunidad de Madrid o Galicia.

El objetivo que marca la normativa es llegar al 13%, una aspiración que al ritmo actual no se cumpliría antes de 2032. Sin embargo, si se acepta la quita de deuda se podrá cumplir a partir del ejercicio 2026 año en el que la deuda se quedaría en el 8,4% del Producto Interior Bruto. "Se adelantaría en seis años", concluye el informe.

Uso del ahorro de intereses

La Airef sí da la razón parcialmente a la Junta de Andalucía en otro de sus argumentos de rechazo a la quita de deuda: "La quita mejora la sostenibilidad financiera y refuerza la capacidad de acceso a los mercados pero no genera margen para incrementar el gasto corriente dado que los pagos de los intereses quedan excluidos de la regla de gasto. Si se dedican los ahorros a gastos en vez de a reducir deuda, sin un ajuste por parte de la administración central, podría deteriorar la posición fiscal del conjunto de las administraciones públicas".

Es decir, el límite de gasto público anual para la comunidad autónoma sigue siendo el mismo. Pero eso no supone que el dinero que se ahorre se pierda o que sea lo mismo pagarlo en intereses que no abonarlo. La Junta el año 2026 necesitaría destinar casi 400 millones de euros menos de los ingresos previstos a pagar intereses o podría reducir las operaciones de préstamos planificadas que suman 3.700 millones.

Buena situación financiera

La Airef, en su informe, vuelve a avalar en cualquier caso la situación financiera de la Junta de Andalucía y la evolución positiva de los últimos años que ha permitido además un revisión al alza de las calificaciones de las dos principales agencias de rating de inversión como son son Flithc y Moody's.

"El peso de la financiación de Andalucía a través de los mecanismos extraordinarios se ha reducido en los últimos años en más de 25 puntos hasta representar en la actualidad el 55,7% del total de su deuda, un porcentaje ligeramente inferior al conjunto de las comunidades autónomas", resume la Airef. Esta tendencia se va a acentuar a partir de 2026 por la decisión del Gobierno de Juanma Moreno de no volver a solicitar créditos al Estado y centrarse exclusivamente en bancos y fondos privados, el mismo modelo que aplica la Comunidad de Madrid.