El acuerdo con los funcionarios más allá de la subida salarial: acción social, estabilización y elección de los PLD

Tras meses de negociación, los funcionarios andaluces han conseguido una subida salarial. Los sindicatos (CSIF, UGT, CCOO y SAF) y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública han firmado un acuerdo "histórico" de mejoras laborales para los funcionarios y el personal laboral de la comunidad autónoma. Tras 20 años de bloqueos, los empleados públicos andaluces tendrán un salario similar al del resto de comunidades.

Sin duda, la subida salarial es el principal de los logros que han obtenido los empleados de la administración autonómica y de justicia. Esta subida se enmarca dentro de la creación de un nuevo complemento autonómico con el que se evalúa el desempeño laboral de los trabajadores, que viene a sumar, no a sustituir. En esta línea, promoverán un nuevo modelo de formación continua por competencias.

"La crisis económica de 2008 trajo consigo una etapa prolongada de restricciones presupuestarias, contención del empleo público y limitaciones en las condiciones laborales", señala el texto. Desde la supresión de estas prestaciones sociales en 2012, el punto más álgido de la crisis, los trabajadores públicos andaluces no han podido recuperarlas. Ahora, el acuerdo plantea su reincorporación de forma progresiva.

La estabilización es clave

Las prestaciones de acción social suponen un plan de ayudas para garantizar el bienestar tanto de los empleados públicos como de sus familiares, algo que hace más de una década que perdieron. El pacto supone la creación de nuevos programas con los límites presupuestarios que en el acuerdo se fija, como los destinados al apoyo al cuidado a descendientes o ascendientes o los servicios bucodentales.

Sin duda, entre los principales retos de la administración pública andaluza (y española en general) está la estabilización del personal. La función pública autonómica está llena de interinos, algo que la Unión Europea ya ha denunciado en múltiples ocasiones. Desde la Consejería de Justicia, trabajan por reducir la tasa de temporalidad y que esta esté por debajo del 8% que marcan los estándares europeos.

Pese a que se han desarrollado distintas iniciativas, el texto subraya que todavía hay "situaciones de inestabilidad que afectan tanto a la calidad del servicio como a los derechos laborales". De esta forma, propone una planificación del empleo público para evitar estas situaciones, aunque debe "garantizar servicios públicos de calidad, asegurando personal suficiente, cualificado y destinado en los puestos adecuados".

El problema de los PLD

La reducción de los cargos a dedo en la administración andaluza ha sido una de las grandes reivindicaciones de los sindicatos. Desde la llegada del PP, que prometía eliminarlos, a San Telmo, los puestos de libre designación han aumentado un 30%. Ahora se plantea que el acceso a estos cargos dependa de una "elección basada en el mérito y la capacidad para los puestos de responsabilidad en la administración general".

En esta línea, el acuerdo se centra en la formación continua "como eje estratégico". Así, esto tendrá efectos no solo en el desarrollo profesional de los trabajadores, sino que se espera que sirva como "pilar de la mejora sostenida del sistema público andaluz en su conjunto". El plan es establecer programas de formación "planificados, evaluables, ligados a itinerarios profesionales y alineados con los objetivos organizativos".

Todas estas medidas acompañan a la ley de función pública que respaldó el Parlamento andaluz en 2023. Fuentes de la Consejería consultadas por este medio reconocen la satisfacción de haber alcanzado este acuerdo tras meses de negociaciones y trabajo de las partes. Según ha explicado SAF, el Ejecutivo autonómico espera aprobar este acuerdo el próximo 19 de noviembre en el Consejo de Gobierno.