Nueva crisis política en el PP andaluz: Juanma Moreno expulsa al presidente de Almería tras ser detenido por la UCO
El partido queda "de forma cautelar" en manos del consejero y actual secretario general Ramón Fernández-Pacheco hasta que se complete la investigación judicial por un supuesto cobro de comisiones en contratos sanitarios en pandemia y de obras públicas

El presidente del PP de Almería ha sido expulsado cautelarmente del PP / Carlos Barba / EFE

Juanma Moreno afronta una nueva crisis política en plena recta final para las elecciones autonómicas. La detención por parte de la UCO del presidente de la Diputación y del PP de Almería en el marco de una investigación por cobro de comisiones en la compra de mascarillas y en obras públicas ha forzado a la dirección regional a aprobar su suspensión cautelar de militancia y a apartarlo de la dirección del partido. El consejero de Agricultura y ex alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, tomará las riendas.
El PP ha adoptado esta decisión una vez que se ha confirmado por parte del TSJA que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha encontrado indicios de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales y, en consecuencia, ha ordenado la detención de siete personas. Entre ellas están el presidente de Diputación, Javier Aureliano García; su vicepresidente, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.
Ante estos hechos, el Comité de Derechos y Garantías del PP andaluz ha incoado expediente informativo y ha propuesto la suspensión cautelar de militancia de todos los implicados "hasta que se esclarezcan los hechos objeto de esta investigación". De esta forma, en el caso del presidente del PP de Almería, queda apartado de su cargo que asumirá Ramón Fernández-Pacheco.
"Desde el PP esperamos que tras esta investigación no exista responsabilidad alguna por parte de estos afiliados y pone de manifiesto el derecho de los mismos a la presunción de inocencia y la defensa de sus intereses", recoge el PP andaluz en un escrito difundido a primera hora de la tarde del martes.
Presiones para su salida de la Diputación de Almería
La decisión adoptada por el PP andaluz no afecta, de momento, a la presidencia y la vicepresidencia de la Diputación Provincial, que ocupan los dos altos cargos del PP que han sido detenidos. En este sentido, el PSOE de Almería ha exigido el cese "inmediato" de ambos cargos.
El Gobierno andaluz, que ha encajado el golpe de las detenciones cuando aún está inmerso en la crisis por los fallos en los cribados y en una semana clave en la investigación abierta por los contratos de emergencia firmados por el SAS tras la pandemia que fueron denunciados por el PSOE, se ha comprometido a la "máxima colaboración" con la Justicia y ha pedido que se "llegue hasta el final en la investigación".
Siete detenidos por un posible cobro de comisiones
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha dado un vuelco ea la investigación que llevaba abierta desde 2021 a la Diputación Provincial de Almería por un posible cobro de comisiones en los contratos de adquisición de mascarillas y otros materiales sanitarios durante la pandemia. A raíz de esta instrucción, coordinada por el Juzgado número 1 de esta provincia, se han detectado indicios de irregularidades también en otros contratos de obra pública. Como consecuencia de estos avances se ha acordado la detención de siete personas, entre ellas, el presidente de la Diputación y del PP en Almería, Javier Aureliano García, su vicepresidente Fernando Giménez, y el alcalde del municipio de Fines, Rodrigo Sánchez. Además, se han realizado registros en la institución provincial y en los domicilios de los arrestados que serán puestos a disposición judicial mañana jueves.
Esta operación se ha activado una vez que se han constatado "sospechas fundadas" de la comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en los que habrían participado de una u otra forma las siete personas detenidas. "Hay indicios que se hayan colaborado o cuanto menos facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas para cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios, entre otros", recoge el auto judicial que ha originado la intervención de la UCO según ha informado el TSJA.
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