El caso mascarillas, el hilo que llevó a la UCO hasta el PP de Almería: el whatssap 'naranjito', la TV y comisiones "talla 10"

"¿Qué talla me dijiste que gastaba, la 20?", pregunta en una conversación grabada el vicepresidente de la Diputación de Almería, Fernando Giménez en abril de 2020. "Sí, pero al final será más o menos la 10", le responde Óscar Liria, entonces también vicepresidente de la institución provincial que ya fue detenido en 2021. Ambos están hablando en una conversación privada de whatsap de un contrato de dos millones de euros en material sanitario que generó unos beneficios de hasta un millón de euros a los participantes, según las indagaciones de la UCO. La "talla 10" se interpreta como un 10% de comisión; la 20 es un 20%. Ambos, según el informe de la Guardia Civil, negociaron la operación de compra de material sanitario que se cerró en otro grupo de whatsap, el denominado 'naranjito' que compartían en este caso con el presidente de la Diputación de Almería, Javier García Molina. Es el caso mascarillas de Almería.

El informe de la UCO del pasado mes de abril de 2025 de este caso mascarillas, al que ha tenido acceso este periódico ha sido el punto de partida de una amplia investigación que ha desembocado esta semana en la detención de siete personas, entre ellos el presidente de la Diputación y del PP en Almería, Javier Aureliano García, su vicepresidente Fernando Giménez, y el alcalde del municipio de Fines, Rodrigo Sánchez. Tras las grabaciones y los expedientes analizados las pesquisas han ido más allá de los contratos realizados en pandemia. Sobre la mesa están también, según fuentes de la investigación, obras menores adjudicadas a empresas del entorno del equipo de gobierno o una actuación concreta en Fines por un importe de 500.000 euros.

Un millón de comisiones

El origen de la investigación se remonta a 2020, en plena pandemia, cuando la Diputación Provincial, como muchas instituciones, formalizó sus contratos de material sanitario. Pero la UCO se centra en uno de ellos. Por un importe de dos millones de euros se adjudicaron 500.000 mascarillas, 250.000 pares de guantes y 10.570 trajes de protección desechables a una empresa denominada Azor Corporate Ibérica. Ese contrato está firmado por el presidente aunque quien lo lidera es su número 2, Fernando Giménez, junto a Óscar Liria.

La UCO basa su investigaciones en los intercambios de mensajes privados y en un grupo de whatsap, formado por los tres cargos de la Diputación y que se denomina Naranjito. Es ahí donde Giménez y Liria proponen la firma del contrato para la compra de material sanitario y tratan de convencer al "todopoderoso" (el presidente de la Diputación) para firmarlo en una operación que según la UCO llegaría a aportar un millón de euros de comisiones que se repartirían entre distintos participantes de las dos partes, la administración y la contratistas.

"Tú amigo (en alusión a la empresa investigada), ¿qué idioma habla? ¿El español o el inglés? Porque si habla inglés podemos comprarle un buen puñaico", se recoge en una de las conversaciones entre Giménez y Liria previa a la formalización del contrato. A partir de ahí en una sucesión de grabaciones la Guardia Civil detecta como se articula la adquisición, el volumen y los precios del material.

También aprecia la UCO indicios de las posibles posibles comisiones de "talla 20 o talla 10". Según este informe, la talla 20 supondría un 20% para quienes cobraran por parte de la Diputación por lo que al quedarse en una "talla 10" la cifra estimada en el informe se sitúa en torno a los 200.000 euros. Ambas cuantías están recogidas en conversaciones privadas, no en el grupo 'naranjito' que comparten con el presidente de la Diputación.

"El pedido es de dos millones de euros y hay un millón de euros de diferencial, la comisión que vamos a recibir ese ese millón de euros en nuestra cuenta en España?", se recoge en una de las conversaciones grabadas por la UCO a Mauro Garrido y Kilian López, investigados por ser los adjudicatarios de este contrato de material sanitario. En otra conversación del mismo Kilian López es aún más clara: "Es posible que cierre una operación con una empresa mía y tendré que que sacar unos 200.000 euros en efectivo. Podrías presentarme a esa persona de la que hablábamos que blanqueaba a través de préstamos? Tengo que pagar una comisión en efectivo".

De hecho, según la UCO, Javier Aureliano García, entra posteriormente. Es a raíz de Giménez y Liria decidan ponerlo en común en el grupo 'naranjito' para convencer al presidente. "Hay que ver la que teneís liada con las mascarillas!!", llegó a responder en una ocasión el líder provincial del PP. Sin embargo, la operación se lleva a cabo, se efectúa el pago y lo anuncia el presidente en el mismo grupo.

Mi TV está "rota"... "No te digo nada, y te lo digo todo"

El hilo de las grabaciones de la UCO concede además protagonismo a un electrodoméstico: la televisión de Fernando Giménez. En las conversaciones vinculadas al contrato llega a poner imágenes de su televisión rota y a hacer comentarios como "a ver si me sacas una tele como sea, no tengo prisa" o "No te digo nada, y te lo digo todo"... "Son recurrentes las referencias", recoge el informe de la Guardia Civil que le atribuye importancia en la causa.

De hecho, cuando se está ya formalizado el contrato, aparece un mensaje refiriéndose a la tv como "un apertivo". "Se considera especialmente significativo que remita (por Óscar Liria) al grupo denominado 'naranjito' (en el que está el presidente de Diputación) una imagen de una televisión valorada en 1.019 euros acompañado del mensaje mira Fernando y la envían gratis a casa". En respuesta Giménez comenta: "Si no tuviéramos una cuadrilla de imbéciles en nuestro partido hasta me lo pensabe, pero me tengo que joder y poner la radio".

Siete detenciones

Tras este informe de la UCO de abril, el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería amplió la investigación a otros contratos hasta determinar que había indicios suficientes para practicar siete detenciones, registrar oficinas públicas de la Diputación, diez inmuebles particulares de los investigados y sedes mercantiles de las sociedades.

Según la información difundida por el TSJA "existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales".

En concreto, hay indicios de que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros".

La primera reacción política del PP andaluz llegó horas después de la detención cuando el TSJA confirmó los hechos que se investigaban así como los indicios que tiene el Juzgado de la comisión de delitos. En ese momento los tres cargos populares detenidos fueron expulsados del partido de forma cautelar y la dirección provincial pasó a manos del consejero Ramón Fernández-Pacheco.