Amama vincula tres fallecidas con los retrasos en el programa de cribado de cáncer

Después de casi dos meses desde que se desató la crisis por los retrasos en la información a las mujeres del programa de cribado de cáncer de mama, hay algunos datos en firme sobre la mesa y continúa el bloqueo en el diálogo entre Amama y la Junta de Andalucía: según Manuel Jiménez Soto, abogado de la asociación, "han fallecido tres mujeres como consecuencia de los retrasos en el programa de cribado de cáncer del Servicio Andaluz de Salud".

En concreto y según la información trasladada a los medios este viernes en una rueda de prensa a las puertas de la sede de la entidad en Sevilla, las fallecidas son una mujer de Antequera, una mujer de Sevilla -"socia de Amama, que murió hace unos meses"- y otra tercera cuyos datos no han sido facilitados a la prensa por el momento. Es la primera vez que la asociación que preside Ángela Claverol confirma en una comparecencia pública que los retrasos en el cribado han tenido como consecuencia directa del fallecimiento de mujeres.

Estas tres muertes integran un dato general de afectadas, que ahora Amama circunscribe a 261. Esa es la cifra que Jiménez Soto aporta como las mujeres "afectadas por los retrasos en el programa del cribado de cáncer" que han desarrollado cáncer, aunque ha matizado que puede que un 10% de ellas finalmente no se vean afectadas por esta enfermedad. De ellas, por ahora, unas 50 ya han presentado reclamaciones patrimoniales al SAS por haberse vulnerado sus derechos. La Junta tiene seis meses para responder a estas reclamaciones, según ha apuntado el asesor de Amama.

La respuesta al requerimiento de la Junta: "No facilitamos datos" por restricciones legales

Hasta la fecha, en distintas comparecencias, Amama había trasladado otras cifras mayores, como que eran 4.000 las mujeres afectadas. Este viernes el abogado de Amama primero, y la presidenta de la asociación después, han querido matizar esa cifra: "Hablamos de más de cuatro mil consultas que han hecho mujeres afectadas por el programa de cribados". "No somos estadistas, ni periodistas, somos una humilde asociación", ha explicado Claverol para añadir "para mí todas las personas que han hecho consultas estas semanas son afectadas". "La Junta podría haber habilitado un buzón o un teléfono como le trasladé al consejero, porque si nosotras hemos puesto a mujeres a coger el teléfono, lo mismo podían haber hecho ellos", ha reprochado Claverol.

El pasado 24 de octubre, la Junta de Andalucía elevó a 2.317 la cifra de mujeres afectadas por los fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Estas son las personas que, según la Consejería de Sanidad, tuvieron un diagnóstico en su mamografía del tipo BI-RADS 3 (es decir no concluyente probablemente benigno) y que ni habían recibido la información adecuada ni habían superado la siguiente revisión necesaria para descartar o no un cáncer de mama. La Junta insiste en que el 90% pertenecen al Virgen del Rocío, lo que situaría sólo 230 casos en otros puntos de la comunidad autónoma.

Esa diferencia de cifras provocó un nuevo choque entre Amama y la Consejería de Sanidad y Presidencia y un ultimatum por parte del departamento de Antonio Sanz: Amama recibió un requerimiento a la asociación para que le aportara los datos que había recabado sobre el número de afectadas.

"Las cifras difundidas por Amama no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales, generando una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documentada", decía literalmente el escrito firmado por la gerente del SAS, Valle García, del 13 de noviembre. La Junta dio entonces un plazo de diez días para facilitar esa información advirtiéndole de que de lo contrario "se estaría vulnerando la normativa autonómica".

Como respuesta, el abogado de Amama ha defendido que no va a aportar los datos que tiene, facilitados por las mujeres que se han puesto en contacto con la asociación, porque "estarían vulnerando la Ley de Protección de Datos", que no le permite facilitar nombres, apellidos y situación sanitaria salvo que contara con consentimiento expreso. Y, porque, ha añadido el abogado, "la Junta ya tiene en su poder esta información, entre otras cosas porque ya están iniciando el procedimiento para las demandas patrimoniales". Y además alega que no va a solicitar los permisos a estas mujeres afectadas.

En la respuesta por escrito a este requerimiento, que se puede consultar en la wen de la entidad, Amama argumenta que "la constatación de los fallos en el programa de cribado y la identificación de su origen corresponde única y exclusivamente al SAS".

Lo que nosotros hemos solicitado es que si esta asociación tiene información, según dice, de personas que no están siendo tratadas por el sistema público de salud, yo la pregunta que hago es quién no va a querer que podamos atender a estas mujeres",

Antonio Sanz

— Consejero de Sanidad y Presidencia de la Junta de Andalucía

El pasado 11 de noviembre, Amama anunció la presentación de unas 25 denuncias contra la Junta y que llevaba en estudio más de 220 casos de mujeres afectadas por los cribados. En aquella ocasión, Claverol aseguró que el número de casos de mujeres afectadas que había reconcido la Junta no coincidía con las cifras que manejaba Amama, "más de 4.000", según trasladó a los medios.

"Quien habla de 4.000 personas sobre las que la administración no tiene conocimiento, para mí es una emergencia de salud pública, no sé para los demás, si existiera, claro", ha manifestado Sanz, en declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba. "Lo que nosotros hemos solicitado es que si esta asociación tiene información, según dice, de personas que no están siendo tratadas por el sistema público de salud, yo la pregunta que hago es quién no va a querer que podamos atender a estas mujeres", ha planteado Antonio Sanz, quien ha apuntado que es "difícil de entender" que Amama diga que tiene unos datos que no tiene el SAS.

Sin "movimientos" en la investigación de la Fiscalía por la "manipulación de pruebas"

Otros de los capítulos donde más ha colisionados la postura de la Junta con Amama es el de la supuesta manipulación de las mamografías de mujeres afectadas por el programa del cribado de cáncer de mama, pruebas que, según la asociación, han sido modificadas desde que se destapó esta crisis. El abogado Jiménez Soto ha aclarado que la Fiscalía abrió diligencias de investigación el pasado 24 de octubre, después que la asociación presentara un escrito días antes, pero, hasta la fecha, "no ha habido movimientos" por parte del Ministerio Público.