La investigación de la UCO en Almería se extiende a contratos de 2016 y alcanza la etapa de Gabriel Amat al frente del PP

La investigación por posible cobro de comisiones en contratos públicos en Almería alcanza ya a 17 personas entre cargos públicos del PP, familiares, empresarios y funcionarios de administraciones públicas. La UCO, a instancias del Juzgado de Instrucción número 1, está analizado numerosos expedientes de contratos que van mucho más allá de los 2 millones de euros que se pagaron en 2020, en plena pandemia, por material sanitario en una operación en la que se produjeron beneficios de casi un millón de euros.

De hecho, la Guardia Civil ha ampliado el marco temporal y está revisando contratos de antes y después de la pandemia. Concretamente, hay expedientes hasta el año 2016, momento en el que la Diputación de Almería y el PP de esta provincia estaban dirigidos por Gabriel Amat. Así lo subrayó públicamente Joaquín Monterreal, abogado del actual presidente de la institución provincial, Javier Aureliano García, detenido en esta nueva fase de la operación de la Guardia Civil y puesto en libertad con cargos.

En 2016, fecha marcada por el abogado del ex presidente del PP detenido esta semana, su puesto lo ocupaba Gabriel Amat, un referente histórico del PP de Almería y en Andalucía. Fue presidente de la Diputación Provincial entre 2011 y 2018 y mantuvo el cargo de presidente provincial del partido hasta el año 2021. Fue el padrino político de Javier A. García, quien le sustituyó en estos cargos.

Esta circunstancia ha agravado la crisis política en el PP de Almería que este jueves se reunió de urgencia en la Diputación Provincial una vez que el presidente y el vicepresidente de Diputación abandonaron el Juzgado tras pasar 48 en prisión. De momento, aunque están suspendidos cautelarmente de militancia continúan en sus cargos institucionales. Las riendas del partido las coge oficialmente desde este viernes Ramón Fernández-Pacheco, que asume el puesto de presidente, en una decisión adoptada a instancias del secretario general del PP, Antonio Repullo.

Un caso más amplio que las mascarillas

La nueva fase de la operación de la UCO en Almería arrancó en 2021 con la investigación por un contrato para la adquisición de material sanitario en plena pandemia por un importe de dos millones de euros con un beneficio de un millón de euros para los participantes. En esta investigación se intervinieron teléfonos, se grabaron conversaciones y se produjeron registros en los que se detectaron bolsas oscuras con 120.000 euros escondidas o dinero oculto en cajones y ropas.

De esta primera operación fueron detenidos el entonces vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, así como el hijo del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. También fueron arrestados los empresarios que formalizaron los contratos de material en cuyos domicilios se encontró dinero en metálico e incluso armas de fuego. Estos llegaron a ser investigados también por una causa de delito contra la salud pública por tráfico de drogas que fue finalmente archivada.

Sin embargo, en esta nueva fase la investigación se ha ampliado con 17 implicados y al menos cinco detenidos. Entre ellos, el presidente del PP y de la Diputación, Javier Aureliano García; su vicepresidente, Fernando Giménez, el alcalde de Gines, Rodrigo Sánchez, su hijo y un técnico de la Diputación. Además, hay al menos otra decena de personas que han declarado ya como investigados entre ellos dos hermanos del presidente de la Diputación y el alcalde de Tíjola. Este último, Juan José Martínez, es también diputado de Fondos Europeos. La Guardia Civil analiza su participación y la de su pareja a través de la empresa Tagilis en distintos expedientes de contratación.

Los cinco detenidos han quedado en libertad con cargos y con medidas cautelares. Todos tendrán que comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, tienen obligación de hacer entrega de sus pasaportes y tienen prohibido abandonar el territorio nacional. El juzgado entiende que hay indicios de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en la contratación público y blanqueo de capitales.

"Es el caso PP de Almería"

"Ya no estamos hablando del caso mascarillas, estamos hablando de un caso PP de Almería que se extiende incluso hasta 2016 según ha admitido el propio abogado de Javier Aureliano García, denunció el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín.

El dirigente socialista subrayó que el Juzgado investiga ya cinco delitos en Almería y que, por tanto, se trata de "una posible red de corrupción" que afecta a la cúpula del PP de Almería. En este sentido, señaló que ya se está investigando a la Diputación, al Ayuntamiento de Fines y "posiblemente" a Tíjola.

El PSOE ha pedido que el presidente de la Diputación, Javier Aureliano y su vicepresidente Fernando Giménez no sólo sean apartados de militancia en el PP de Almería sino que también sean destituidos en la institución provincial. "No pueden seguir ahí ni un minuto más".