La Policía Adscrita frustra la venta de una recién nacida por 3.000 euros en Málaga

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) ha impedido la venta de una recién nacida por 3.000 euros tras destapar un acuerdo ilegal entre la madre biológica y una pareja que no podía concebir. La intervención, llevada a cabo por agentes del Área de Protección al Menor (APROME) en colaboración con el Servicio de Protección al Menor de la Junta de Andalucía, ha permitido garantizar la integridad de la bebé, que ya se encuentra bajo tutela de la Administración autonómica.

La investigación comenzó después de que la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Málaga dictara una Resolución de Desamparo Provisional sobre la menor, ingresada entonces en un hospital de la provincia. Tras ejecutarse la resolución, los agentes retiraron de inmediato a la recién nacida y la entregaron a una Familia Acogedora de Urgencia (FAU).

Durante la comparecencia de la madre biológica ante los agentes, éstos detectaron irregularidades y contradicciones relacionadas con el supuesto progenitor, inscrito en el Registro Civil como padre de la menor. Ante las sospechas, se abrió una investigación que permitió identificar rápidamente a todos los implicados y centrar las pesquisas en un presunto delito de alteración de la paternidad —recogido en el artículo 220.1 del Código Penal— y otro de falsedad documental.

Las indagaciones revelaron que la madre había llegado a un acuerdo económico de 3.000 euros con una pareja que se encontraba en tratamiento de fertilidad. El varón inscrito como padre no es el progenitor biológico, sino la persona que acudió junto a la madre al Registro Civil para inscribir como propia a la recién nacida.

El pacto consistía en que, una vez recibida el alta hospitalaria, la madre entregaría la bebé a la pareja a cambio del dinero acordado. No obstante, el intercambio nunca llegó a producirse gracias a la rápida actuación de la Policía Adscrita, que logró retirar a la menor antes de que se ejecutara el acuerdo ilegal.

La recién nacida permanece ahora bajo tutela de la Junta de Andalucía y reside en un hogar de acogida, donde recibe “la atención y el amparo necesarios”, según ha informado el Gobierno andaluz.

La operación se ha saldado con la imputación de la madre biológica y de la pareja que pretendía quedarse con la menor, a quienes se atribuyen los delitos de alteración de la paternidad y falsedad en documento público, al modificar elementos esenciales del acta de nacimiento presentada en el Registro Civil.

La Junta de Andalucía ha destacado la coordinación entre los servicios de protección y la UPA, que ha sido “determinante” para evitar la consumación de un delito que atentaba directamente contra los derechos de la menor.