La Fiscalía analiza otra denuncia contra el alcalde de Tíjola tras su declaración en la investigación de la UCO por corrupción en Almería
El regidor se mantiene en su puesto y este lunes acudió al pleno de la Diputación Provincial

El alcalde de Tíjola junto a Javier Aureliano García en Almería / El Correo

La Fiscalía de Almería ha recibido una denuncia contra el alcalde de Tíjola (Almería) y diputado provincial del PP, José Juan Martínez Pérez, ya investigado en la causa abierta por la UCO por corrupción en el marco de la investigación por corrupción derivada del caso mascarillas. En este caso, se trata de posibles irregularidades urbanísticas, administrativas y económicas ligadas a la construcción del complejo deportivo inaugurado en 2024 y a la contratación municipal durante los últimos años. Este lunes fue uno de los protagonistas del Pleno de la Diputación en el que se formalizó la dimisión de Javier Aureliano, puesto que su continuidad fue censurada públicamente por la oposición.
José Juan Martínez ya declaró en condición de investigado ante la UCO la pasada semana en el marco de la operación que acumula ya cinco detenciones, entre ellas las del presidente y el vicepresidente de la Diputación. Junto a ellos, también fue arrestado el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, que se mantiene como regidor.
La denuncia de un particular expone, difundida por Efe, expone que en Tíjola estaría actuando "una agrupación de personas, que con carácter estable y por tiempo indefinido, vienen realizando tareas de manera concertada y coordinada" que podrían estar causando "grave perjuicio al interés general" del municipio. El escrito sostiene que el origen de estas actuaciones sería un "presunto grupo" cuyo vértice, según la denuncia, estaría encabezado por el alcalde José Juan Martínez Pérez, a quien se vincula con varias sociedades privadas adjudicatarias de contratos públicos-
El eje de la denuncia es la construcción del complejo deportivo Al-Moroc, inaugurado en diciembre de 2024. El documento afirma que el Ayuntamiento adquirió para ello terrenos rústicos calificados como suelo no urbanizable de especial protección por el planeamiento municipal. La parcela principal, de 45.882 metros cuadrados, linda con los ríos Almanzora y Bacares. Detalla que el Ayuntamiento pagó 300.000 euros por estos terrenos —seis euros por metro cuadrado— frente a un valor medio de 0,40 euros/m² según la encuesta de precios de la tierra en Andalucía del año 2020. Según el documento, este diferencial "quiere decir que el Ayuntamiento podría haber pagado un sobrecoste del 1.400 % respecto al precio de mercado".
Contratación pública y obras vinculadas
El documento describe también un "desproporcionado nivel de contratación" con determinadas empresas ligadas al entorno del alcalde o a su esposa, elevando la sospecha de un "presunto perjuicio patrimonial" al Ayuntamiento. Entre los ejemplos citados figura la adjudicación en 2022 de obras de revestimiento de viviendas rurales en Higueral a la empresa Constíjola, cuyo órgano de administración cambió ese mismo año para incorporar a Eloísa F. R. como administradora solidaria. El escrito incluye también adjudicaciones realizadas por la Diputación de Almería donde aparecen como contratistas o subcontratistas sociedades vinculadas a Martínez Pérez, y cita como ejemplo la reparación del muro perimetral del cuartel de la Guardia Civil de Zurgena (Almería).
Martínez Pérez continúa en su cargo de alcalde y como diputado provincial del PP, y mantiene su responsabilidad como delegado especial del Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Captación de Fondos Europeos en la Diputación.
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