Anticorrupción pide la citación como testigo de la consejera Catalina García en la causa por los contratos de emergencia del SAS

Tras las declaraciones de los interventores como testigos y de los tres últimos gerentes del SAS como investigados, la Fiscalía Anticorrupción quiere dar un paso más para aclarar por qué el 6 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno acordó sin informes ni fiscalización previa que los contratos de la Consejería de Salud pasaran de un sistema de fiscalización previa a un modelo de control financiero permanente. Para ello, según ha adelantado la Cadena SER, ha propuesto que sean citados como testigos los entonces viceconsejeros de salud, Catalina García, y de Hacienda, Roberto Ochoa.

El expediente llegó al consejillo (el órgano que reúne a los viceconsejeros con carácter previo al Consejo de Gobierno) sin que incluyera los contratos del Servicio Andaluz de Salud y fue justo en esta reunión cuando se acordó que se ampliara y se incorporara. En la declaración de los interventores, entre los que estaba la actual viceconsejera de Hacienda Amelia Martínez, se apuntó que el origen de este acuerdo fue una conversación informal entre vice consejeros.

Este miércoles, por su parte, el entonces gerente del SAS Miguel Ángel Guzmán ha incidido en que en ningún caso este acuerdo tiene su origen en el Servicio Andaluz de Salud y lo ha situado más en el entorno de la Intervención y la Consejería de Hacienda. "Yo soy el sufridor", aseguran que llegó a apuntar fuentes presentes en la declaración.

Un acuerdo clave

Este acuerdo del Consejo de Gobierno es la base de los expedientes que fueron adjudicados al menos hasta 2023 por el Servicio Andaluz de Salud a través de la fórmula de emergencia y, por tanto, con menos controles y una concurrencia limitada.

Este expediente es, por tanto, una pieza clave en la instrucción judicial y en la denuncia formulada por el PSOE que dio origen a la causa. De ahí que una parte de las declaraciones y de la documentación que recaba el juzgado se centre en aclarar quién adoptó esa decisión y por qué. Es además la principal parte del proceso que afecta directamente al Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno que ratificó la propuesta.

Declaración como investigados de los tres gerentes

Esta petición de la Fiscalía Anticorrupción hecho pública tras una sesión de comparecencias en la que han pasado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla como investigados Diego Vargas, Miguel Ángel Guzmán y Valle García, aunque en este caso su citación se corresponde con decisiones adoptadas cuando ocupaba un alto cargo provincial.

Los tres gerentes han justificado su actuación tras la pandemia y han alegado que se siguieron realizando contratos a través de esta fórmula debido a que el sistema se encontraba "tensionado y a la incertidumbre" generada por la Covid. Los tres han respondido a las preguntas del juez, de la fiscal y de su defensa en unas comparecencias que han durado entre treinta y sesenta minutos cada una.