El juez pone el foco sobre el cambio del control de contratos en 2020: el ex gerente del SAS se desmarca del acuerdo
La decisión se adoptó sin un expediente e informes previos sin que hasta el momento se haya determinado quién promovió su incorporación en la reunión de viceconsejeros previa al Consejo de Gobierno

La consejera Catalina García con Miguel Ángel Guzmán / El Correo

El 6 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó sustituir el sistema de fiscalización previa de los contratos por un modelo de control financiero permanente a posteriori. Este acuerdo es la base de los expedientes que fueron adjudicados al menos hasta 2023 por el Servicio Andaluz de Salud a través de la fórmula de emergencia y, por tanto, con menos controles y una concurrencia limitada.
Este expediente de Consejo de Gobierno es, por tanto, una pieza clave en la instrucción judicial y en la denuncia formulada por el PSOE que dio origen a la causa. De ahí que una parte de las declaraciones y de la documentación que recaba el juzgado se centre en aclarar quién adoptó esa decisión y por qué. Es además la principal parte del proceso que afecta directamente al Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno que ratificó la propuesta.
De la documentación existente en la causa se desprende que la incorporación del SAS en el expediente que aprobó el Consejo de Gobierno no viene precedida de un informe de la Intervención ni de un expediente y que se incorporó al orden del día posteriormente, durante el consejillo (el órgano formado por los viceconsejeros que analiza antes del Consejo todos los acuerdos). Estaba previsto que este cambio se produjera para distintos departamentos pero no para el SAS y a última hora se introdujo.
En este punto es dónde se están produciendo versiones distintas en las declaraciones ante el Juzgado. La pasada semana la entonces interventora y ahora viceconsejera, Amelia Martínez, apuntó que el origen de este cambio fue un planteamiento casi informal entre la Consejería de Salud y Hacienda que atribuyó a un movimiento de última hora del que no queda constancia por escrito.
No obstante, puntualizó, tal y como viene defendiendo el Gobierno andaluz que el cambio de modelo no supone una reducción de los controles y que el sistema tiene garantías jurídicas. De hecho, se aplicó en varias consejerías.
En su declaración ante el juzgado este martes, el entonces gerente del SAS y posteriormente viceconsejero, Miguel Ángel Guzmán, ha desvinculado por completo al Servicio Andaluz de Salud de esta decisión subrayando que en ningún caso fue promovida desde su gerencia y enmarcándola en el ámbito de decisión de la Intervención y del área de Hacienda.
Según fuentes presentes durante la declaración del ex gerente como investigado, Guzmán ha sido especialmente tajante al subrayar que ni fue consultado ni formó parte de esa decisión que se escapaba, según su relato, del ámbito operativo del SAS.
Declaración como investigados de los tres gerentes
Las declaraciones de Miguel Ángel Guzmán se han producido en el marco de una sesión de comparecencias en la que han pasado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla otros dos gerentes como son Diego Vargas y Valle García, aunque en este caso su citación se corresponde con decisiones adoptadas cuando ocupaba un alto cargo provincial.
Los tres gerentes han justificado su actuación tras la pandemia y han alegado que se siguieron realizando contratos a través de esta fórmula debido a que el sistema se encontraba "tensionado y a la incertidumbre" generada por la Covid. Los tres han respondido a las preguntas del juez, de la fiscal y de su defensa en unas comparecencias que han durado entre treinta y sesenta minutos cada una.
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