Los tres gerentes del SAS investigados defienden los contratos de emergencia por la tensión del sistema tras la pandemia

Los tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud investigados por usar los contratos adjudicados a través de la fórmula de emergencia (un procedimiento que limita controles y concurrencia) han mantenido un relato homogéneo en su declaración este martes ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla. Valle García, actual gerente, y sus predecesores Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, han justificado su actuación tras la pandemia y han alegado que se siguieron realizando contratos a través de esta fórmula debido a que el sistema se encontraba "tensionado y a la incertidumbre" generada por la Covid. Los tres han respondido a las preguntas del juez, de la fiscal y de su defensa en unas comparecencias que han durado entre treinta y sesenta minutos cada una.

La investigación judicial arrancó a raíz de la denuncia formulada por el PSOE por una supuesta prevaricación administrativa por usar la contratación de emergencia para adjudicar procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas por la sobrecarga de la red sanitaria pese a que la pandemia ya había finalizado. En total, según los expedientes que forman parte de la instrucción, el proceso que arrancó con un volumen de 70 millones de euros se fue ampliando de forma progresiva hasta alcanzar los 240 millones de euros con prórrogas que fueron firmadas por los ex gerentes del SAS Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Posteriormente, en 2024, se firmó una adenda por parte de la actual gerente Valle García que provocó su incorporación a la causa como investigada también.

A partir de este punto en las investigaciones se han ido incorporando otros contratos no estrictamente vinculados con los conciertos sanitarios para la realización de pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas, como es el caso por ejemplo de las obras de construcción del nuevo hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, cuyo expediente ha sido solicitado durante el proceso por el Juzgado a la Consejería de Sanidad, especialmente en lo que afecta al uso de fondos europeos.

En toda esta instrucción el Gobierno andaluz ha defendido la misma versión expresada por sus tres gerentes ante el Juzgado: el uso de la fórmula de emergencia se mantuvo tras la pandemia debido a la grave situación sanitaria con el objetivo de dar una respuesta adecuada a la población. Este mecanismo, que limita la concurrencia y por tanto la posibilidad de participación de empresas en los contratos, se extendió en el SAS más que en el resto de consejerías. Y de hecho se prolongó al menos hasta 2023. Ahí es donde el relato de los tres gerentes del SAS, pese a que fueron requeridos por Fiscalía y juez, no incorpora nuevas explicaciones de por qué se siguió usando esta fórmula cuando ya se había habilitado la contratación por procedimiento abierto y libre concurrencia, según fuentes presentes.

Los tres ex gerentes del SAS, según fuentes judiciales presentes en los testimonios, evitaron pronunciarse sobre los expedientes concretos (eludiendo así dar explicaciones sobre cuestiones técnicas como la obra del Múñoz Cariñanos) y se quedaron en la explicación genérica de que todo respondía a las necesidades del sistema sanitario por la pandemia. Además, defendieron que en todo momento actuaron siguiendo los informes y las recomendaciones técnicas y jurídicas. De hecho, durante la instrucción se ha llegado a apuntar que entendieron que los informes contrarios al uso de esta fórmula realizados por la Intervención y ratificados en el Juzgado no afectaban al Servicio Andaluz de Salud dada la situación sanitaria de emergencia.

Los contratos finalizaron en 2023

La declaración como investigada de la actual gerente del SAS, Valle García, estuvo marcada por la adenda que firmó en 2024 cuando era cargo provincial en Sevilla y que dio lugar a la querella formulada contra ella por el PSOE. La interpretación incorporada en la denuncia y que dio lugar a su investigación es que esto supuso de facto una ampliación de los contratos de emergencia cuando ya existía una orden interna (de mayo de 2023) que planteaba la paralización del uso de estos procedimientos y la vuelta a un sistema ordinario de contratación.

Según fuentes presentes en su declaración, Valle García, ha mantenido la respuesta que viene dando la Junta de Andalucía desde la formulación de esta denuncia. Es decir, que esta adenda se corresponde con documentos de ajustes contables sobre los servicios facturados con anterioridad dentro de los expedientes de 2021 sin que supongan en ningún caso nuevas prestaciones económicas.

Una jornada clave

La declaración de los tres gerentes del SAS como investigados en la causa abierta por el uso de la fórmula de los contratos de emergencia después de la pandemia es una de las jornadas claves de todo el proceso desde que arrancó a raíz de la denuncia formulada por el PSOE de Andalucía, a la que posteriormente se incorporó Podemos Andalucía como acusación particular.

Se produce, además, en un momento político clave con la crisis sanitaria por los fallos en los cribados aún abierta y con el escándalo de corrupción en la Diputación de Almería recién destapado por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con la detención de presidente y vicepresidente de la institución provincial. Esta semana, además, está previsto el debate sobre el estado de la comunidad convocado por el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Además de la causa abierta en Sevilla, existe otra también por contratos del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz aunque en este caso se trata por un posible fraccionamiento de expedientes sanitarios. En esta causa, denunciada por Podemos Andalucía y a la que luego se sumó el PSOE, figura también como investigado un alto cargo del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz.