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Financiación según la recaudación fiscal: Andalucía se rebela frente a un modelo que beneficia a Cataluña y Madrid

La Junta presiona a María Jesús Montero ante la inminente presentación de la propuesta de financiación autonómica en el primer trimestre de 2026

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la consejera Carolina España

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la consejera Carolina España / Rodrigo Jimenez / EFE

Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

"El Parlamento de Andalucía considera que el criterio de ordinalidad (la ordenación de las comunidades autónomas en términos de financiación per cápita respetando el ranking de las mismas en términos de capacidad fiscal) puede poner en peligro el principio de equidad. Además, en ningún caso puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación autonómica pues se encuentra ausente de cualquier texto legislativo al respecto". Esta declaración viene recogida en el acuerdo del Parlamento andaluz sobre financiación autonómica que suscribieron el Gobierno andaluz (con María Jesús Montero como consejera) y oposición (entonces el PP) en el año 2018. Ahora, se sitúa como un frente clave en el pulso por el nuevo modelo que encara una fase clave este primer trimestre con la presentación de una propuesta por parte del Ministerio para todas las comunidades.

Desde que la ministra de Hacienda anunció la presentación de esta nueva propuesta en 2026 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la Junta de Andalucía está reforzando sus argumentos de rechazo frente a esta iniciativa. Uno de los más contundentes es la posible incorporación del principio de ordinalidad que ha estado encima de la mesa de las negociaciones con el Gobierno catalán y que supone un ajuste en el reparto de fondos en función de los ingresos que se recaudan en cada territorio. Una histórica demanda de Cataluña.

"Quiere decir que las comunidades más ricas van a tener más recursos en detrimento de las comunidades menos ricas. Es un nuevo agravio para Andalucía y un privilegio para Cataluña. El principio de ordinalidad es totalmente contrario al de solidaridad que está recogido en la Constitución", explicó este martes la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

"Es una limitación a la solidaridad. O se es solidario o no se es, y si se aplica la ordinalidad se tumba la solidaridad. Es una verdadera claudicación al independentismo catalán que lleva toda la vida exigiendo la ordinalidad y ahora viene la señora Montero y se la regala", completó en esta línea el consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz.

Beneficios para Madrid y Cataluña y pérdidas para Andalucía

El principio de ordinalidad ya estuvo presente en la negociación del anterior sistema de financiación autonómica que se cerró en el año 2009 también por un acuerdo entre un Gobierno socialista y el nacionalismo catalán. Sin embargo, la realidad es que es un criterio que no ha condicionado hasta ahora el reparto de fondos del sistema entre comunidades.

En el verano de 2025 la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) realizó un informe sobre los efectos que tendría la inclusión del principio de ordinalidad en la financiación. Y concluyó que tendría dos beneficiarios claros, como son Cataluña y Madrid donde el Estado recauda más en los impuestos y luego un listado de territorios levemente perjudicados entre los que estaría Andalucía.

La explicación de que el impacto sea más leve que en otros territorios es que en estos momentos ya ocupa prácticamente la misma posición en las dos clasificaciones que miden este principio de ordinalidad. Según los datos de Gestha basados en la liquidación de 2022, en términos globales, es la que recibe un mayor volumen de transferencias de los fondos de financiación autonómica (25.827 millones de euros con datos basados en 2022) y es la tercera en la que más se recauda por el IRPF y el resto de impuestos estatales (19.311 millones de euros).

Pero en cualquier caso, el criterio de ordinalidad se aplica en función de la población ajustada. Es decir, cuanto se recauda por habitante y cuánto recibe una comunidad. Andalucía está a mitad de la tabla en ambas clasificaciones. Según los datos de la liquidación del Ministerio de Hacienda en Andalucía de 2022 se recaudan 3.103 euros por habitante (la undécima posición) y el sistema aporta 2.320 euros por persona (la décima posición a nivel nacional). Por tanto, tendría que haber un ajuste que perjudicaría a la comunidad aunque inferior al de otros territorios.

El problema es que reposicionar a cada comunidad en la tabla de ingresos y de financiación implica ajustar el reparto teniendo en cuenta además que Cataluña, si se aplica el modelo catalán, gestionaría su propia recaudación fiscal. Y ahí es dónde está en juego el dinero de Andalucía. La diferencia entre lo que se ingresa y lo que se recauda en Andalucía es de 783 por habitante. En términos cuantitativos más de 6.000 millones de euros.

Montero pide flexibilidad a las comunidades

El Ministerio de Hacienda, de momento, no ha hecho pública su posición final sobre la inclusión de la ordinalidad en la nueva propuesta de financiación autonómica que se presentará en el primer trimestre de 2026, aunque sí ha subrayado en repetidas ocasiones que el objetivo es que mejoren los ingresos de todas las comunidades autónomas.

"No se puede partir cada uno de una situación enrocada de máximos, dictada a veces por los parlamentos autonómicos pero que imposibilita el que podamos dotarnos de un modelo único", apuntó en el Senado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en unas palabras que trasladadas al ámbito andaluz implicarían no plantear la posición andaluza en función del acuerdo de 2018 que precisamente es el que está usando el PP dado que en su momento fue objeto de consenso en la Cámara autonómica.

"Moreno se agarra a la ordinalidad como un clavo ardiendo porque no tiene ni una sola idea propia sobre financiación autonómica", han añadido desde el PSOE-A antes de agregar que "el debate sobre financiación va mucho más allá de la ordinalidad".

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