Andalucía reforzará la inspección y multará con hasta 600.000 euros las viviendas turísticas ilegales desde 2026

Andalucía tendrá a partir de 2026 un nuevo marco legal que le permitirá reforzar las inspecciones e incrementar las sanciones para combatir cualquier tipo de actividad turística ilegal, incluidas las viviendas. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde tras meses de estudio de más de 1.300 alegaciones al nuevo proyecto de Ley de Turismo Sostenible que endurece los mecanismos de control para garantizar el desarrollo de la actividad turística y dota a los ayuntamientos de más capacidad de ordenación del sector y de las plazas.

La nueva ley de Turismo Sostenible reconoce por primera vez a nivel autonómico las viviendas como alojamientos turísticos equiparables a los hoteles, un paso que ya han dado los ayuntamientos a través de sus normativas municipales. A partir de ahí, refuerza los instrumentos de ordenación ya adelantados en el plan de medidas extraordinarias en materia de vivienda aprobado a principios de año en relación con el control del acceso al registro turístico o la capacidad de los ayuntamientos de actuar en aquellas zonas que se encuentren saturadas.

Pero el principal cambio que introduce la nueva normativa de turismo afecta a las actividades y conductas ilegales. La nueva normativa incorpora más mecanismos de inspección y control del sector para contribuir a que siga aumentando el flujo turístico, garantizar una adecuada prestación de los servicios al turista y mejorar la convivencia con los residentes.

Las nuevas sanciones que se implementarán a partir de 2026 se dividen en tres categorías y pueden llegar a alcanzar los 600.000 euros. Así, la prestación de un servicio de alojamiento clandestino podría tener una multa mínima de 25.000 euros y máxima de 100.000 euros mientras que si se ha realizado el expediente para obtener la autorización aportando datos falsos en la declaración responsable la multa puede llegar al importe máximo de 600.000 euros.

Las sanciones han crecido

En 2024, el último año finalizado, se contabilizaron 528 expedientes sancionadores, de los cuales en torno a 278 se corresponden con situaciones de clandestinidad en la prestación de servicios turísticos como el alojamiento. En total, fueron 125 sanciones leves; 398 graves y 5 muy graves. Por provincias, Málaga concentró la mayor de los expedientes, casi 200 seguido de Granada con 113. Sevilla, pese a su actividad turística, se quedó en sólo 81 multas en ese ejercicio.

La previsión con la nueva ley de turismo sostenible presentada por el consejero Arturo Bernal es que esta cifra pueda incrementarse al incorporarse nuevos mecanismos de inspección y control. "Tendremos una regulación específica para combatir la actividad clandestina. Reforzaremos la labor inspectora y vamos a incorporar la ciberseguridad y big data para procurar el seguimiento de actividades clandestinas que están socavando al sector y la convivencia", explicó el consejero.

Mejora de la ordenación

La Ley de Turismo Sostenible además establece un marco jurídico claro en torno a las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos en torno a la ordenación de los usos turísticos. Con este documento, las ciudades tendrán margen para ampliar sus medidas y los anuncios realizados hasta el momento por ciudades como Sevilla o Cádiz tendrán cobertura legal.

En primer lugar, la nueva normativa turística habilita a los ayuntamientos para elaborar un "plan de ordenación de los recursos turísticos" un concepto amplio que permitirá, de acuerdo con la redacción del articulado, "delimitar zonas y ámbitos turísticos, identificar necesidades de infraestructuras o servicios y, sobre todo, establecer una capacidad máxima de plazas de alojamiento que podrá desagregarse por zonas o tipos de servicios". Es decir, se podrá determinar a través de nuevos instrumentos cómo ordenar las plazas para cumplir los objetivos turísticos y al mismo tiempo intervenir cuando afecten a la convivencia.

A esto se añade las viviendas turísticas entran de forma clara en la ordenación turística, al mismo nivel que hoteles o apartamentos turísticos y estos sólo se pueden implementar en suelos con catalogación turística o en aquellos residenciales que cuenten con informes específicos de compatibilidad, en el caso de las viviendas con fines turísticos.