Rectores, profesores y estudiantes cuestionan que el B2 sea obligatorio para tener un grado: "No se garantiza que sea alcanzable"

La Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) ha vuelto a ser evaluada por profesores, rectores, estudiantes y profesionales de distintos sectores. Uno de los debates más candentes, una vez más, ha girado en torno a uno de los artículos más polémicos de este proyecto de ley: la obligatoriedad de acreditar un nivel B2 en un idioma extranjero para obtener el título del grado universitario. Es decir, a partir del curso 2029/2030, los alumnos tendrán que tener un nivel intermedio alto para poder tener una carrera universitaria. En este sentido, profesores y estudiantes se han mostrado críticos con la medida, reclamando más ayudas económicas para que haya "igualdad de oportunidades" entre los jóvenes a la hora mejorar el nivel del idioma.

Este lunes se ha llevado a cabo la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación en el Parlamento andaluz, donde los participantes invitados han aportado críticas, sugerencias y propuestas sobre dicha ley. Durante la jornada, la intervención más sonada ha sido la de Francisco Oliva, el portavoz de las universidades públicas andaluzas. Oliva ha asegurado que algunos de los puntos de este anteproyecto "están en el límite de la inconstitucionalidad", como la figura del interventor o la oferta de plazas de profesorado, aspectos que "vulneran la autonomía de la universidad". Sobre esto último, la Consejería de Universidad ha lanzado un comunicando negando cualquier ataque a la autonomía de esta institución.

En materia de competencias lingüísticas, el representante del Consejo Asesor de Estudiantes de Andalucía (CAE), Andrés Arias, ha abordado tres peticiones para que la ley se implante con "igualdad". En ese sentido, Arias ha insistido en la principal preocupación del estudiantado: la ley fija el nivel en un B2, pero "no se garantiza una dotación suficiente de recursos para que sea alcanzable". "El artículo 12.2 menciona que las universidades podrán dar enseñanza de idiomas en los planes de estudios, pero no se concreta cómo se darán los medios humanos, económicos y organizativos para que todos los estudiantes puedan cumplir con el requisito sin afrontar un sobrecoste o listas de espera interminables", ha puntualizado el representante del CAE.

Más plazas, bonificaciones e igualdad en la oferta

Arias ha enumerado tres peticiones para, precisamente, evitar que la Ley Lupa genere desigualdad entre alumnos. Antes, ha puesto en contexto sobre la actual situación en las universidades con respecto a la obtención del título de inglés: "La oferta de los centros de idiomas universitarios es desigualdad, las tasas son elevadas y en algunos campus la disponibilidad de pruebas de acreditación es más que insuficiente. Es supone que el derecho a la titulación quede condicionado a la práctica y esto no debe ocurrir".

Por ello, la primera petición es que se garantice la suficiencia de plazas y pruebas de acreditación en los centros de idiomas universitarios. En segundo lugar, exigen la reducción o bonificación de las tasas de certificación lingüística, "sobre todo en la primera convocatoria". Asimismo, quieren homogeneizar la oferta lingüista en las universidades, para asegurar que "todos los alumnos alcancen ese nivel de excelencia en igualdad de condiciones".

Por último, Arias ha reclamado que el diseño definitivo de la ley se complete con "recursos y medidas de acompañamiento" porque, de lo contrario, "las universidades no implantarán correctamente la ley".

Profesores: "Sugerimos que el mínimo sea el B1"

A la comisión también ha asistido una representación de la Asociación de Investigadores de la Universidad de Sevilla (Adius). Su portavoz, Jaime Benjumea, ha centrado su intervención en el cambio del nivel de un idioma extranjero, que afecta tanto a estudiantes como a profesorado ayudante doctor y contratado doctor. "Sugerimos que el mínimo de competencias lingüísticas para obtener un título oficial sea el B1, como ocurre en muchos títulos actualmente", ha manifestado Benjumea.

Para el portavoz de Adius, los exámenes para llegar a este nivel de inglés "no son fáciles de abordar y para hacerlos se requiere cierta preparación". "La posibilidad de asistir y financiar estos cursos puede suponer un obstáculo para estos estudiantes y va en detrimento de la igualdad de oportunidades", ha defendido.

Según el profesor, a pesar de que en el artículo 3 del anteproyecto se propone un programa de ayudas, este "no es suficiente para llegar a todo el estudiantado". Además, para este colectivo el nivel B1 ya garantiza en términos generales el nivel de competencias lingüísticas que pueden requerir nuestros los egresados.