Los propietarios de viviendas turísticas, contra las multas de la Junta de Andalucía: "Son desproporcionadas"

Multas de hasta 600.000 euros. Esta es la propuesta de la Junta de Andalucía para quienes incumplan la normativa autonómica de viviendas turísticas. Aunque los propietarios de viviendas turísticas han aplaudido el establecimiento de un marco legal autonómico sí que han cargado contra los precios de las sanciones que plantea el Gobierno andaluz, que consideran "desproporcionadas".

Aunque los ayuntamientos ya habían situado las viviendas turísticas al nivel de los hoteles, la norma lo reconoce por primera vez a nivel autonómico. Además, el texto que ha presentado la Consejería de Turismo y Acción Exterior contempla el establecimiento de distintos rangos de infracciones para asegurar el correcto desarrollo de la actividad en la comunidad autónoma. Eso sí, las ciudades podrán ampliar sus medidas.

Desde la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) han celebrado la aprobación del borrador de la norma en el último Consejo de Gobierno, sin embargo, lamentan que las sanciones que plantea la cartera que dirige Arturo Bernal son "desproporcionadas". Así, los propietarios consideran que el aumento de las multas es "muy significativo" en comparación con la ley actual.

Rangos de multas

Según los datos que exponen desde AVVAPro la propuesta de aumento que propone la Junta de Andalucía no se justifica por "parámetros objetivos", como lo pueden ser el IPC o el crecimiento del sector. De hecho, lamentan que su puesta en marcha, prevista para 2026, pueda dificultar la actividad legal de los actuales promotores y desanimar la inversión económica en el sector.

La Consejería ha establecido tres tipos de sanciones según la gravedad: leves, graves o muy graves. Estas serán asumidas los titulares, quienes firmaron la declaración responsable o los anunciantes. Las primeras serán castigadas con un apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros, las segundas suponen sanciones de entre 10.001 y 100.000 euros y las más graves podrían alcanzar un castigo de 600.000 euros.

Con todo, desde la asociación de viviendas turísticas aplauden el establecimiento de una norma con rango legal para su actividad económica, que esperan que contribuyan a la lucha contra la oferta clandestina. Para AVVAPro la creación de un marco legal supone un paso "necesario" para garantizar la calidad y sostenibilidad de los servicios, así como una herramienta para la profesionalización del sector.

"El desarrollo y adecuada implantación de esta norma será crucial para las empresas y la ciudadanía andaluza", aseguran desde la asociación. Así, piden que los trámites parlamentarios que lleven a su aprobación se produzcan de una forma "ágil y responsable". Eso sí, piden ajustar las sanciones que propone la Consejería para equilibrar su aplicación una vez la norma se ponga en marcha.