La Intervención del Estado auditará los contratos del SAS que suman 235 millones investigados por un juzgado de Cádiz

La investigación abierta por el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud llegará a la Intervención General del Estado que deberá realizar un informe pericial sobre los expedientes que suman 235 millones de euros. Así lo ha solicitado el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz a instancias de las acusaciones particulares de Podemos Andalucía y PSOE después de que el pasado mes de octubre acordara prorrogar otros seis meses la instrucción.

En el escrito, adelantado por la Cadena Ser al que ha tenido acceso este periódico, el Juzgado solicita a la Intervención General del Estado que realice un análisis de todos los contratos objetos de la investigación, además de sus prórrogas y modificaciones para pronunciarse "en torno a las irregularidades que aparecen en los informes de la Intervención de la Junta de Andalucía". Asimismo, pide que incorpore un análisis sobre si existe "causa legitímente" que justifique el fraccionamiento de los expedientes.

El punto clave del informe que pide el Juzgado a la Intervención General del Estado afecta al coste que ha supuesto para la Administración el uso de esta fórmula de fraccionamiento de contratos. Así, se pide un análisis sobre los precios de contrataciones resultantes de esta modalidad de contratación y, sobre todo, se solicita una evaluación que determine si ha habido "daños al erario público", un punto fundamental en la causa penal puesto que definiría si pudo haber menoscabo de fondos público y malversación (que es el delito que se investiga) al usar este tipo de contratos en vez de ir a un procedimiento abierto y de libre concurrencia.

Una solicitud de Podemos Andalucía

Las acusaciones particulares de Podemos Andalucía (partido denunciante) y del PSOE han reclamado recientemente la activación de esta solicitud de informe pericial dentro del nuevo plazo de seis meses abierto en la instrucción judicial.

De hecho, en un escrito registrado el 26 de noviembre Podemos Andalucía reclama que se adopten medidas de "impulso procesal" de la causa con la reclamación de este informe pericial que analice las posibles irregularidades en los contratos de las que hay ya indicios en los informes de Intervención provinciales.

Qué es la causa de los contratos del SAS: una investigación de 235 millones

La causa se abrió a partir de una denuncia de Podemos en el juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. Se investiga el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud que suman 235,4 millones de euros.

La denuncia parte de los informes de la Intervención de la Junta que auditó los contratos provinciales del SAS y alertó a la Consejería de Salud de "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", adjudicados entre enero y diciembre de 2021 en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén. De momento solo la investigación en el juzgado gaditano está abierto. Estas adjudicaciones, según la denuncia, se hicieron "con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo".

Inicialmente el Gobierno andaluz solicitó personarse como perjudicado y así se aceptó en abril. Sin embargo los servicios jurídicos de la Junta cambiaron de posición porque suponía admitir que se han podido cometer irregularidades con efectos sobre las cuentas autonómicas. Así que tras la aceptación, los servicios jurídicos del SAS cambiaron su posición y finalmente están en la causa como responsable civil subsidiario. Podemos continuará además personada como acción popular sin tener que depositar ninguna fianza, así vuelve a manifestarse la instructora.

El alto cargo que ha prestado declaración ante la juez de Cádiz, Demetrio González Mera, director económico central de compras de Cádiz del Servicio Andaluz de Salud y primer investigado en el caso sobre irregularidades en los contratos del SAS negó conocer anomalías en estos procedimientos. El responsable de la Junta se negó a contestar las preguntas de la jueza Rosa María García, de la Fiscalía y de la acusación popular, que ejerce Podemos Andalucía, y solo contestó a su abogado defensor.

Además de esta causa, existe otra abierta en Sevilla por los contratos de emergencia firmados por el Servicio Andaluz de Salud después de la pandemia. En este caso la denuncia partió del PSOE y figuran como investigados los tres últimos gerentes de este organismo que tendrán que declarar el próximo mes de noviembre.