Qué pasa con las tarjetas monedero: la ayuda a la compra del Gobierno, bloqueada nueve meses en Andalucía

Hace nueve meses que las tarjetas monedero caducaron en Andalucía. Va a terminar el año y el Gobierno de la Junta sigue sin adjudicar los contratos para poner en marcha esta ayuda a la compra de las necesidades básicas. Casi 20.000 familias andaluzas están a la espera de que la Consejería de Inclusión, Familias e Igualdad firme en nuevo contrato para devolver esta ayuda que cumple ya nueve meses de bloqueo.

En una primera entrega, el Gobierno de España confío el reparto de las tarjetas monedero a la Cruz Roja. Estas ayudas caducaron en el mes de marzo y desde entonces la situación está bloqueada. Hace meses que la Junta se comprometió a anunciar los resultados de esta adjudicación y abrir le proceso de gestión de las mismas. Sin embargo, un año después de que comenzara el proceso, todavía no se sabe nada al respecto.

"Las comunidades autónomas estamos implantando un programa decidido unilateralmente por el Gobierno de España y que ellos no fueron capaces de llevar a cabo", denuncian desde la Consejería que dirige Loles López. Las dificultades para su implementación hicieron que tanto Andalucía como otros territorios pidieran un plazo al Gobierno. Aun así, la Consejería ha señalado en múltiples ocasiones su desacuerdo con la ayuda.

El Defensor del Pueblo abre una queja de oficio por las tarjetas monedero

Ahora, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio "al objeto de conocer cuándo se podrán acoger las familias a la tarjeta monedero, así como las dificultades que han impedido tener la contratación prevista para dar continuidad a este recurso en enero de 2025". Sostiene que han recibido una gran cantidad de quejas al respecto y que "ha pasado suficiente tiempo sin que este recurso se implemente".

Después de un primer lanzamiento en 2024 por parte del Gobierno central, la Junta había planteado su propio formato. Así, en vez de establecerlo en un lote único, ha creado ocho para poder adaptarse a las cadenas de supermercados de cada una de las provincias para aumentar la capilaridad en el territorio. La idea es que los beneficiarios no tengan que desplazarse a otros municipios para poder comprar.

Las ayudas dependen del número de miembros que conforman un núcleo familiar. En concreto, para cada unidad familiar de dos personas es de 130 euros, de 160 para las de tres personas, de 190 para cuatro y de 220 para las familias de cinco o más miembros. A esto se suma también un sistema de medidas de acompañamiento dirigido por un itinerario personalizado que fomente su inclusión social.

Un programa, hasta 2029

La Junta ha sacado la licitación por un valor de 46 millones de euros un contrato mixto para la provisión de alimentos y asistencia material básica, gracias a financiación europea. En la Consejería detallan que el plazo de ejecución del contrato será de 24 meses y se podrá prorrogar por otros 24, lo que podría ampliar el presupuesto del programa hasta los 92 millones de euros. La duración del mismo se extiende hasta 2029.

Desde la Junta recuerdan que están en contra de los cambios marcados por el Estado que aseguran que son "unilaterales". Este nuevo modelo solo se aplica a las familias con menores a su cargo por lo que deja fuera a unas 280.000 personas en la comunidad autónoma, según los datos de la Consejería. Además, asegura que el primer programa salió adelante gracias a los territorios y a los servicios sociales.

Mientras la ayuda vuelve a estar en funcionamiento, la Consejería defiende que atiende a las familias a través de la RMISA. Según sostienen, en lo que va de año lleva más de 21 millones en crédito ejecutado. El objetivo es combatir la pobreza infantil, ayudar a los comedores sociales o desarrollar escuelas de veranos en la comunidad autónoma entre otras ayudas y subvenciones.