La Junta de Andalucía llevará a la Fiscalía las agresiones de alumnos a profesores y ofrecerá apoyo jurídico y psicológico

Este 2025 setenta profesores han denunciado formalmente casos de agresiones verbales o físicas de su alumnado en Andalucía. La cifra, según la Consejería de Desarrollo Educativo, se mantiene estable a lo largo de los últimos años (entre 50 y 70). Sin embargo, la preocupación es cada vez mayor entre los docentes por las continuas faltas de respeto e incluso el ciberacoso al que se llegan a ver sometidos en los centros educativos, especialmente los institutos.

Por eso, desde hace años una de las grandes reivindicaciones del sector ha sido la aprobación de un decreto que desarrolle la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado que, por primera vez, dote de mayores instrumentos de protección y de apoyo a los docentes cuando sufran de estas actitudes por parte del alumnado. Tras un largo proceso de análisis, informes y debate, esta normativa ha sido aprobada este martes en el Consejo de Gobierno con el objetivo de que entre en vigor y se empiece a aplicar a principios de 2026.

El principal cambio del nuevo decreto es la consideración del profesor como autoridad pública con presunción de veracidad. Es decir, ante cualquier discrepancia o enfrentamiento, se le dará más valor a su palabra frente al alumnado o sus familias. "Cuando un docente dice que alguien no se está portando bien no se cuestiona", resumió la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, quien destacó que tendrá todo el respaldo legal en el ejercicio de sus funciones.

A partir de ahí cuando se registre una agresión, la administración estará obligada a ofrecer al profesorado apoyo jurídico completamente gratuito a través de los servicios jurídicos propios o externos. Esto implicará la asistencia en todos los procedimientos que sean incoados contra el profesor y específicamente en aquellos que promueva él en defensa de sus derechos. En este sentido, la Consejería de Desarrollo Educativo va a endurecer la respuesta administrativa: "La Junta de Andalucía promoverá la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado (...) Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, la Administración educativa los pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, oídas la dirección del centro y las personas afectadas, sin perjuicio de la adopción de medidas cautelares oportuna", recoge el nuevo decreto.

Convocatoria en 2026 para las nuevas unidades de apoyo

A principios de 2026, una vez que esté en vigor el nuevo decreto, la Junta de Andalucía abrirá una convocatoria para que los profesionales que quieran puedan acceder a las plazas que se convocarán de las ocho unidades de apoyo al profesorado, una por cada provincia. Estas estarán dotadas de perfiles profesionales especializados.

Las nuevas unidades tendrán entre sus competencias apoyar al personal docente afectado, tramitar solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y atender cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee.

¿A quién afecta el nuevo decreto autonómico de la autoridad del profesorado?

La nueva normativa está diseñada para todo el personal de la administración pública que trabaja en colegios e institutos públicos. No incluye, por tanto, los centros concertados o privados que deben tener sus propios instrumentos para los casos de acoso o agresiones de menores.

Dentro de los colegios, institutos o centros de formación profesional cubrirá no sólo la actividad docente en las clases o en el decreto. Se extenderá a las actividades complementarias y extraescolares, así como a cualquier situación "en que un docente pueda ver vulnerado su ejercicio".

En este sentido, se incorpora en la normativa la posibilidad de que las faltas de respeto o las conductas inapropiadas con el profesorado se produzcan en entornos digitales. Así se contempla que se podrán denunciar prácticas de ciberacoso. En estos casos se desplegará todo lo previsto en la normativa.