Los 26.000 solares e inmuebles 'ocultos' de la Junta de Andalucía: cuestan dinero, pero ni se gestionan ni se subastan

La Junta de Andalucía se ha marcado entre sus prioridades llevar a cabo un plan de regularización de su patrimonio de bienes inmuebles especialmente aquellas propiedades que se encuentran sin uso y que suponen un coste permanente para la Administración Autonómica. Ese es el objetivo de la Ley de Patrimonio que aprueba este miércoles el Parlamento autonómico que incluye medidas como una plataforma digital que incluirá todos los bienes disponibles o de la programación de seis subastas en siete años con las que se han recaudado hasta el momento 138 millones de euros.

El reto de esta estrategia es también lograr mantener un inventario de bienes actualizado y controlado. Por este motivo, la Consejería de Hacienda ha activado un plan urgente de revisión de sus propiedades al constatar el elevado volumen de propiedades sin regularizar y sin control de las que dispone la Junta en las ocho provincias. Concretamente, según el expediente consultado por este periódico, en el catastro constan 47.000 referencias de titularidad de la Administración autonómica y, sin embargo, sólo 21.000 están regularizadas e inscritas en el Inventario General de Bienes y Derechos de la comunidad autónoma. Por tanto, hay 26.000 que no están inventariadas y sobre las que no hay control claro ni de su titularidad ni de su uso.

¿Cuáles son las consecuencias legales y económicas de la falta de actualización?

Este desajuste tiene consecuencias económicas, según se constata en el informe de la Consejería de Hacienda: "Se reciben numerosas notificaciones catastrales, registrales, liquidaciones de IBI y de tasas municipales sobre bienes inmuebles (...) En algunos casos estas referencias no constan en el inventario lo que no permite identificar el inmueble pero tampoco se puede descartar que sea de titularidad autonómica".

Cada vez que esto ocurre, los técnicos de la administración autonómica acaban autorizando el abono de recibos, deudas o recargos sin que se aclare ni siquiera si el bien es o no de titularidad de la Junta: "Esto provoca que el bien permanece en nombre de la Junta en el catastro generando nuevos recibos, deudas y recargos que deben ser gestionados por la Dirección General de Patrimonio sin base jurídica cierta y sin regularización del inventario". Esta falta de regularización afecta especialmente a bienes que hayan sido traspasados a la Junta de Andalucía desde el Estado o que procedan de negocios jurídicos antiguos en "los que no se identificaba al inmueble por su referencia".

Es decir, no hay control sobre todas las propiedades que están en el catastro registradas pero no en el inventario lo que provoca que se sigan pagando recibos o haciendo frente a procesos judiciales sin tener una clara constancia de la titularidad. Tampoco se pueden poner en venta y aprovechar herramientas como la nueva plataforma digital.

Un plan de choque para actualizar el inventario

Ante este desajuste de más de 21.000 propiedades y una vez con la nueva Ley de Patrimonio de Andalucía en vigor, el Gobierno andaluz llevará a cabo en 2026 un plan de choque para actualizar el inventario y analizar todos los bienes que están en el catastro y no están debidamente registrados.

Para ello, se va a realizar una inversión de 450.000 euros en un contrato que se va a ejecutar la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA Tragsatec como medio propio instrumental. La previsión es que los trabajos se lleven a cabo de forma inmediata en los primeros meses de 2026.

La nueva Ley de Patrimonio de Andalucía

 La nueva ley, que incluye esta plataforma digital, sustituye a una legislación de 1986 y establece una definición más amplia del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, en la que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias, cualquiera que sea el título de adquisición. Además, se contemplan mecanismos innovadores y efectivos que garantizan la conservación y puesta en valor del patrimonio de la comunidad.

La Junta creará a lo largo de 2026 una plataforma de publicidad patrimonial, una especie de 'marketplace' donde se pondrán a la venta aquellos suelos, inmuebles, locales o garajes que oferte cualquier consejería u organismo de la administración. Este nuevo servicio digital será de acceso libre para todos los usuarios, de forma que cualquiera podrá revisarlo y presentar su propuesta económica. Según las estimaciones de la Consejería esto va a permitir ingresar entre un 5% y un 15% más dinero en operaciones de venta de patrimonio. Concretamente, en los cálculos de 48 millones para los próximos años al menos 3,3 se atribuyen a esta nueva herramienta.