El conflicto por el impuesto andaluz a la banca sigue 14 años después: Bankinter y Abanca reclaman 800.000 euros a la Junta

El frente que abrió en 2011 la Junta de Andalucía con las entidades bancarias y con el Gobierno central por su impuesto sobre los depósitos sigue abierto catorce años después. Dos entidades financieras, Abanca y Bankinter mantienen abierta una reclamación por un importe de 800.000 euros más intereses por uno de los aspectos de esta normativa que fue anulado en 2021 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerarlo discriminatorio. Este martes, el Consejo de Gobierno la ha desestimado alegando que está ya prescrita.

El impuesto sobre los depósitos financieros de las entidades bancarias fue una medida de recaudación puesta en marcha por Andalucía, Extremadura o Canarias entre los años 2011 y 2013 junto en plena crisis financiera. Fue un símbolo de gobiernos socialistas al que se enfrentó el PP. En total, se aplicó en dos anualidades hasta el Gobierno de España, entonces con Cristóbal Montoro de ministro, aprobó un marco legislativo que bloqueó a las comunidades y anuló este tributo.

Durante dos años se cobró a todas las entidades bancarias que operaban en la comunidad autónoma pero con un incentivo a aquellas que tuvieran su sede en Andalucía: estas tenían derecho a una deducción de 200.000 euros cada año sólo por estar ubicadas en el territorio. Dos entidades se quedaron fuera de esta deducción, Bankinter y Abanca.

Por este motivo, ya con el impuesto cancelado por el Gobierno de España, iniciaron una larga travesía judicial para revocar esta deducción que consideraron discriminatoria. Hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2021 les dio la razón y fue anulada esta deducción. Cuando esto ocurrió, ya había prescrito la supuesta irregularidad y, en consecuencia, la Junta no reclamó cuantía alguna a las entidades que se habían beneficiado.

Pero Bankinter y Abanca iniciaron en ese momento otra vía: reclamaron por vía administrativa que se les compensara a ellos por daños patrimoniales ya que se habían visto, según su relato, perjudicadas por la deducción. Así requirieron 400.000 euros cada una de ellas (200.000 por año) más los intereses acumulados hasta 2025.

La Junta de Andalucía ha culminado ya su análisis de esta reclamación y de ahí que haya elevado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de este martes su rechazo a este requerimiento al considerar que estaba prescrito. De esta forma, la Consejería frena cualquier posible compensación a las dos entidades.

¿Qué era el impuesto sobre los depósitos?

La Junta de Andalucía crea con la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad el impuesto sobre los depósitos bancarios. Fue una medida para recaudar en plena situación de crisis económica y de asfixia de las comunidades que se llevó a cabo durante la legislatura de José Antonio Griñán. Se estimó entonces una recaudación de más de 130 millones al año.

El impuesto se aplicó durante dos años a las entidades de crédito por los depósitos de clientes de sus sedes centrales y oficinas radicadas en territorio andaluz en función de un promedio de los saldos trimestrales de sus clientes. Se habilitaron entonces una serie de deducciones por tener la entidad el domicilio social en Andalucía que ascendían a un máximo de 200.000 euros al año o por cada oficina, y por cada oficina en municipios de menos de 2.000 habitante.

El tributo se aplicó durante dos anualidades hasta que en 2013, con Cristóbal Montoro como ministro se acordó crear un marco legislativo común para todas las comunidades autónomas en relación con este impuesto y aplicar una bonificación del 100%, de forma que los bancos dejaran de pagar. Posteriormente, ya con Pedro Sánchez, se ha vuelto a recuperar como una vía de ingresos.