Caso Landaluce
El PSOE reclama al secretario del Ayuntamiento de Algeciras que clarifique la situación de Landaluce en el pleno
Para los socialistas, la decisión de Landaluce de darse de baja del PP tiene consecuencias políticas y jurídicas inmediatas de cara a su voto en el último pleno de este 2025, que se celebra el próximo viernes

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, el pasado viernes cuando presidió su primer pleno municipal tras renunciar de manera temporal a su militancia en el Partido Popular. / A.Carrasco Ragel / EFE

El PSOE de Algeciras ha reclamado formalmente al secretario general del Ayuntamiento que "clarifique la situación" del alcalde, José Ignacio Landaluce, y que dé explicaciones en el próximo pleno municipal, el último del año y que se celebra este viernes, tras conocerse su baja del Partido Popular. Los socialistas consideran que la decisión del regidor de abandonar la formación con la que concurrió a las elecciones municipales tiene consecuencias políticas y jurídicas inmediatas que no pueden obviarse.
En un escrito registrado en el Consistorio, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, expone que han tenido conocimiento, "a través de manifestaciones públicas", de que el alcalde "ha comunicado su decisión de causar baja" en el PP, una decisión que el propio interesado ha definido como una "suspensión provisional de militancia motu proprio". Sin embargo, el PSOE sostiene que dicha figura "no se encuentra contemplada en los estatutos ni en la normativa interna del Partido Popular".
Landaluce informó el pasado miércoles 10 de diciembre que causaba suspensión voluntaria como militante del Partido Popular así como la renuncia a todos los cargos orgánicos en el partido una vez que el PSOE de Algeciras, como adelantó El Correo de Andalucía, registró ante la Fiscalía del Supremo una denuncia contra Landaluce donde relata una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso sexual.
Según el análisis jurídico del grupo socialista, la llamada "autosuspensión", el término que empleó el alcalde en su comunicado y vídeo en sus perfiles, carece de encaje legal, ya que "la suspensión temporal de militancia es una medida cautelar que puede ser acordada únicamente por los órganos competentes del partido tras la instrucción del correspondiente expediente disciplinario, circunstancia que no consta que se haya producido". Por ello, el PSOE afirma que "la manifestación de voluntad del sr. alcalde debe ser calificada jurídicamente como una baja voluntaria y, por ende, definitiva, de su formación política".
¿En calidad de qué vota Landaluce?
El escrito recuerda que el artículo 3.3 del Reglamento Orgánico Municipal es "meridianamente claro" al establecer que "la baja definitiva de un concejal en la formación electoral en cuya lista concurrió a las elecciones comportará la baja en el Grupo Municipal". Esta norma, subraya el PSOE, responde al "principio de preservación de la voluntad popular expresada en las urnas", ya que los electores votan "por una lista cerrada y bloqueada presentada por una formación política concreta".
En este sentido, los socialistas rechazan de plano la posibilidad de que Landaluce pueda mantenerse como adscrito al Grupo Popular bajo otra denominación, al entender que "la figura del independiente sobrevenido no tiene cabida en nuestro marco legal". A su juicio, "la baja de un concejal en el partido político por el que fue elegido le desvincula del grupo municipal y le atribuye automáticamente la condición de concejal no adscrito".
El PSOE también señala la contradicción entre la situación en el Ayuntamiento y lo ocurrido en el Senado, donde Landaluce "por razón de la baja en el partido, voluntariamente ha abandonado el Grupo Popular". Por todo ello, el Grupo Socialista solicita que se inicie de oficio el procedimiento previsto en el Reglamento Orgánico Municipal, que se requiera la certificación oficial de la baja en el PP y que, una vez acreditada, "se proceda a declarar la condición de concejal no adscrito del Sr. Alcalde", dando cuenta de ello al pleno y aplicando "todas las consecuencias jurídicas, tanto políticas como económicas" previstas.
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