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Tribunales

A juicio por usar su cargo de funcionaria para rebajar la pensión alimentaria de la hija de su novio

La Audiencia de Granada juzgará a una trabajadora de la Junta de Andalucía acusada de acceder ilegalmente a la vida laboral de una menor

Sección Primera de la Audiencia de Granada

Sección Primera de la Audiencia de Granada / EUROPA PRESS / Europa Press

El Correo

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Granada

La Audiencia de Granada juzgará el próximo mes de enero a una funcionaria que se enfrenta a más de cuatro años de prisión por presuntamente aprovechar su puesto en la Junta de Andalucía para acceder de forma irregular a la vida laboral de la hija de su pareja, con el objetivo de reducir la pensión alimentaria que este debía abonar tras su divorcio.

Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se remontan al mes de febrero de 2021 cuando la acusada, una funcionaria, y su pareja, quisieron modificar las medidas acordadas en el divorcio de él con su exmujer.

Esa sentencia fijaba una cantidad en concepto de pensión alimentaria que el acusado debía transferir a su hija y que pretendían rebajar.

Con ese plan, ella aprovechó su trabajo como funcionaria en la Junta de Andalucía para acceder a la vida laboral de la hija con el objetivo de comprobar si estaba recibiendo algún tipo de ingreso.

Colaboración de otras funcionarias

Como no pudo hacerlo por problemas técnicos, solicitó a otras dos funcionarias ayuda, ofreció el número de DNI de la hija de su pareja y aseguró que contaba con los permisos necesarios para acceder a esos datos "reservados y sensibles", según la Fiscalía.

Cuando una de las compañeras de la procesada accedió a la vida laboral de la víctima, hizo pantallazos y se los envió a la procesada por mensaje. La pareja utilizó esa misma información para reclamar una rebaja del dinero que él tenía que transferir a su hija.

Denuncia ante la Seguridad Social

La víctima se enteró de esta estrategia porque su padre fue "presumiendo" del plan con algunos compañeros de trabajo y en sitios públicos, momento en el que ella presentó una denuncia ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionaria pública, por el que ha pedido cuatro años de cárcel para ella y otros seis de inhabilitación total.

Petición de penas

Ha pedido también dos años y dos meses de prisión para el padre por el mismo delito, aunque sin el agravante de ser trabajador público.

La pareja será juzgada por estos hechos el próximo 21 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.

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