La Junta de Andalucía acumula 2.800 permisos ambientales pendientes de inversiones que llevan 3 años de media en espera

Los principales proyectos empresariales e inversiones estratégicas que se desarrollan en Andalucía tienen que pasar por la Consejería de Sostenibilidad. En ese departamento en el que se conceden las autorizaciones ambientales en sus distintas modalidades así como las autorizaciones de residuos o de calidad del aire recogidos en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Al cierre de 2025, hay proyectos valorados en más de 30.000 millones de euros que están ahora mismo pasando por esta ventanilla autonómica. El problema es que por un "déficit crónico" se encuentra saturada. No hay personal suficiente para tramitar los expedientes en tiempo y forma, lo que provoca demoras y paralizaciones de iniciativas. Por este motivo, se ha aprobado una ampliación de plantilla que en esta consejería implicará la incorporación de 104 profesionales especializados.

A la espera de que se ejecute este plan la situación en esta Consejería es límite según la descripción que realiza el propio servicio en un informe remitido al Consejo de Gobierno: "Ante la tesitura de falta de personal los retrasos pueden alcanzar los dos años en los trámites de planeamiento e incluso los ocho años en autorizaciones de residuos. La dinámica en algunas provincias supone que anualmente se resuelven menos expedientes de los que se inician por lo que la cifra de los que no pueden ser finalizados en un año aumenta progresivamente. Hay expedientes que tardan años en ser resueltos lo que supone que se pueda perder la inversión prevista".

En total, hay más de 2.800 expedientes que se encuentran pendientes de resolución en las provincias con periodos medios de resolución de entre uno y tres años. De hecho, la antigüedad media de los expedientes que se acumulan en los departamentos provinciales se sitúa en torno a los 1.000 días (casi tres años completos). De especial relevancia son los procesos en materia de autorizaciones ambientales que requieren de personal especializado y que "son clave para garantizar la seguridad jurídica y un desarrollo sostenible ajustado a la normativa vigente, evitando retrasos".

Para aliviar esta situación se han puesto en marcha planes de choque con abono de horas extraordinarias (568.770 euros) o encargos externos a Tragsatec con una inversión de 2,5 millones de euros que han finalizado o no se han podido ejecutar "por la dificultad de encontrar los perfiles necesarios" para los plazos cortos de un plan de choque (en torno a nueve meses). Ahora, se acordará ejecutar una solución a largo plazo: la ampliación de la plantilla en 104 profesionales entre los distintos centros territoriales y los servicios centrales que permitirá incorporar personal interino o a través de una oferta pública de empleo desde 2026. Se buscan sobre todo titulados superiores y medios que supondrán un gasto anual de en torno a 4 millones de euros.

"Esta ampliación de plantilla responde a una necesidad objetiva de refuerzo de medios humanos en la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, derivada del volumen y la complejidad de las competencias que tiene asignadas y del incremento sostenido de expedientes en tramitación", explican desde el departamento. Las 104 nuevas plazas serán ocupadas de forma interina tanto en servicios centrales como en las delegaciones territoriales.

El atasco en los expedientes por provincias

La situación varía mucho por provincias. Sevilla es la que tiene más expedientes pendientes con 648. Cada anualidad entran 29 permisos y sólo se consiguen resolver 28. Se tardan 730 días de media en una resolución lo que hace los expedientes acumulen una antigüedad de 891 días, casi tres años. En juego, en el caso de Sevilla, hay una inversión de 5.820 millones de euros que se está tramitando en la Consejería.

Málaga es, en cambio, la provincia con un mayor volumen de inversión en juego. En total, más de 10.000 millones de euros están pendientes de las autorizaciones ambientales de distinto tipo que dependen de la Consejería de Sostenibilidad. En total, son 523 expedientes que tardan de media 973 días. Es decir, pasan tres años como media desde que un expediente inicia su tramitación hasta que se finaliza.

En el otro extremo se encuentra la provincia de Cádiz donde sólo hay 163 expedientes pendientes de resolución y los tiempos medios de trabajo en un expediente se sitúan por debajo de un año. No obstante, hay muchos permisos que llevan en lista de espera tiempo y de ahí que la antigüedad media sea de 572 días, casi dos años. En juego están 7.500 millones de euros en proyectos al año.

Falta plantilla y hay vacantes

El problema del "déficit crónico" de plantilla en la Consejería de Sostenibilidad no sólo se debe a la falta de plazas en la Relación de Puestos de Trabajo. Está vinculada también al elevado número de vacantes. Según los datos de este departamento, si dispone de 3.324 puestos, sólo están ocupados el 56,71%. Hay 1.885 vacantes. La situación es especialmente llamativa en Sevilla, con la mitad de las plazas libres (sólo 152 de 298 están ocupadas).

"Todo esto incide en la capacidad para gestionar expedientes, realizar inspecciones y atender solicitudes ciudadanas y del tejido empresarial en tiempo y forma", recoge la memoria del expediente por el que se autoriza una ampliación de la plantilla.

Para resolverlo, durante los últimos años la Junta de Andalucía ha puesto en marcha distintos planes de choque que han finalizado ya. El primero se tramitó a través de horas extras del personal y estuvo activo hasta mediados de 2025.

Junto a esto, se intentó poner en marcha un acuerdo temporal con Tragsatec para que se asumieran determinadas funciones pero este finalmente tuvo que ser paralizado debido a las dificultades para encontrar personal especializado como el que se requería para un plazo tan corto de tiempo (apenas nueve meses).

Refuerzos también en industria y Cultura

El plan de ampliación de plantilla de la Junta de Andalucía no sólo afectará a la Consejería de Sostenibilidad. En total, se ha autorizado una ampliación de plantilla de 180 trabajadores que se materializará a lo largo de 2026 y que se distribuirá entre tres consejerías afectadas: 104 se destinarán al área de Sostenibilidad, donde radican todas las autorizaciones ambientales; 70 a Industria y Minas para agilizar todos los trámites vinculados con el acceso a la Red Eléctrica o para desarrollar iniciativas mineras; y cinco en cultura para las comisiones provinciales de patrimonio.