El atasco en los permisos para minas e industrias de la Junta de Andalucía provoca "pérdidas millonarias"

Las inversiones privadas que llegan a Andalucía para desarrollar una industria, un proyecto minero o cualquier tipo de iniciativa empresarial que requiera de permisos ambientales se encuentran con un obstáculo en la Administración autonómica: un "déficit crónico de personal" que dificulta la tramitación de los expedientes y la formalización de las autorizaciones. Esta situación provoca "retrasos" y "pérdidas millonarias". Así lo reconocen las consejerías de Industria y Minas y de Sostenibilidad en los informes en los que solicitan una ampliación urgente de la plantilla tanto en los servicios centrales como en los departamentos territoriales.

En respuesta a esta demanda, el Consejo de Gobierno ha autorizado una ampliación de plantilla de 180 trabajadores que se materializará a lo largo de 2026 y que se distribuirá entre las tres consejerías afectadas: 104 se destinarán al área de Sostenibilidad, donde radican todas las autorizaciones ambientales; 70 a Industria y Minas para agilizar todos los trámites vinculados con el acceso a la Red Eléctrica o para desarrollar iniciativas mineras; y cinco en cultura para las comisiones provinciales de patrimonio.

Problemas en las autorizaciones de acceso a Red Eléctrica y en permisos para actividad minera

La primera Consejería que entra en este plan de refuerzo de personal para 2026 es la de Industria y Minas, donde se centralizan todas las autorizaciones de acceso a la Red Eléctrica, imprescindibles para la puesta en marcha de empresas, así como los permisos vinculados a inversiones en energía renovable. Se trata, por tanto, de ámbitos en expansión que están concentrando un gran volumen de iniciativas, lo que supone un incremento exponencial de los expedientes administrativos. Ante la grave situación se autoriza de forma excepcional un aumento de la plantilla en 70 profesionales a partir del próximo año 2026.

"El déficit crónico de personal técnico y administrativo en esta Consejería, fundamentalmente en las delegaciones territoriales, está ralentizando cuando no impidiendo el ejercicio de competencias esenciales (...) El retraso en la tramitación de expedientes y la acumulación de procedimientos pendientes particularmente en el ámbito de la energía y minas está suponiendo pérdidas millonarias para las arcas autonómicas", recoge la memoria elaborada por la Consejería de Industria y Minas.

Este departamento pone el acento específicamente en el ámbito de la energía donde se centralizan las autorizaciones de instalación de generación, así como las declaraciones de utilidad pública y expropiaciones de bienes necesarios para la construcción. "La carencia de personal en este centro directivo así como en los servicios correspondientes al área de Energía de las delegaciones territoriales está generando la imposibilidad de cumplir los plazos legalmente establecidos en la tramitación de expedientes administrativos".

En el ámbito de la minería, esta Consejería es responsable de las autorizaciones y conexiones, de la tramitación de los incentivos económicos complementarios a los concedidos por el Estado y de la unidad aceleradora de proyectos. Son todo fases imprescindibles para el desarrollo de un proyecto empresarial. "El déficit crónico de personal técnico y administrativo de estas unidades está dificultando la prestación de un servicio eficaz y adecuado a la ciudadanía, ralentizando o, en algunos casos, impidiendo la realización de proyectos de inversión en minería con la creación o mantenimiento de empleo asociado y limitando las labores de policía, adecuada vigilancia y seguimiento de la seguridad".

Refuerzos para las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico

El expediente permite además leves refuerzos en la Consejería de Cultura y Deporte de la que dependen las autorizaciones de obras e intervenciones inscritas en el catálogo general de patrimonio, las zonas de servidumbre arqueológica, los planes de descontaminación visual o las comisiones provinciales de patrimonio. En concreto se autoriza la contratación de cinco profesionales para las delegaciones territoriales de Granada, Huelva, Jaén, Cádiz y Córdoba. Coincide además con la entrada en vigor de la nueva Ley de Patrimonio Histórico.

"La precaria situación en cuanto a recursos humanos en los servicios de bienes culturales que requieren profesionales con formación específica está repercutiendo en un serio retraso en las autorizaciones administrativas e informes preceptivos en la mayoría de los casos vinculantes que afectan a bienes inscritos en el catálogo general de patrimonio histórico y en sus respectivos entornos, así como en el control del patrimonio arqueológico. Este grave retraso afecta a sectores de la construcción o la planificación urbanística y compromete de forma importante el empleo y el crecimiento de la economía", recoge la memoria de la Consejería que supone el punto de partida para la contratación de más personal.

Déficit de personal en la Consejería de Sostenibilidad

No obstante, la Consejería más afectada por este déficit de personal es la de Sostenibilidad, que viene precisamente de aprobar la nueva Ley de Gestión Ambiental que databa de 2007. En su reforma se apuesta por la simplificación administrativa y la reducción de trámites. Esta nueva normativa, además, refuerza la Autorización Ambiental Unificada, un expediente único para cualquier proyecto empresarial. Toda esta transformación no se ha visto acompañada hasta ahora de una reestructuración de la plantilla que "data desde hace más de 25 años" y que, además, cuenta con casi la mitad de las plazas vacantes. Concretamente, están cubiertos el 56% de los puestos existentes: 1885 de un total de 3324.

"Ante esta tesitura de falta de personal los retrasos pueden alcanzar los dos años en trámites de planeamiento e incluso ocho años en autorizaciones de residuos. La dinámica de algunas provincias provoca que actualmente se resuelvan menos expedientes de los que se inician por lo que la cifra de los que no pueden ser finalizados en un año aumenta progresivamente. Esto provoca que hay expedientes que tardan años en ser resueltos, lo que provoca que la actuación o actividad industrial tarde en autorizarse y que se pueda perder la inversión prevista", recoge el informe elaborado por la Consejería de Sostenibilidad que advierte que "esta imposibilidad en tramitar y resolver expedientes tiene un efecto negativo en la economía, la imagen de Andalucía como destino inversor , la creación de empleo y la calidad de vida".

De hecho, se cuantifica en 30.800 millones la inversión asociada a proyectos estratégicos en distintos sectores productivos que está en marcha y que "requiere de una estructura administrativa suficiente y especializada que permita dar respuesta con rigor técnico y dentro de los plazos establecidos". De especial relevancia son los procesos en materia de autorizaciones ambientales que requieren de personal especializado y que "son clave para garantizar la seguridad jurídica y un desarrollo sostenible ajustado a la normativa vigente, evitando retrasos".

Para aliviar esta situación se han puesto en marcha planes de choque con abono de horas extraordinarias (568.770 euros) o encargos externos a Tragsatec con una inversión de 2,5 millones de euros que han finalizado o no se han podido ejecutar "por la dificultad de encontrar los perfiles necesarios" para los plazos cortos de un plan de choque (en torno a nueve meses). Ahora, se acordará ejecutar una solución a largo plazo: la ampliación de la plantilla en 104 profesionales entre los distintos centros territoriales y los servicios centrales que permitirá incorporar personal interino o a través de una oferta pública de empleo desde 2026. Se buscan sobre todo titulados superiores y medios que supondrán un gasto anual de en torno a 4 millones de euros.

"Esta ampliación de plantilla responde a una necesidad objetiva de refuerzo de medios humanos en la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, derivada del volumen y la complejidad de las competencias que tiene asignadas y del incremento sostenido de expedientes en tramitación", explican desde el departamento. Las 104 nuevas plazas serán ocupadas de forma interina tanto en servicios centrales como en las delegaciones territoriales.