Almonte reclama a la Unión Europea una solución para el paseo marítimo de Matalascañas
La denuncia del Ayuntamiento de Almonte se centra en la falta de actuaciones preventivas y el retraso en las obras de aportación de arena, que han agravado la erosión y el hundimiento del paseo marítimo

Paseo marítimo de Matalascañas (Huelva). / AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

El Ayuntamiento de Almonte ha llevado a instancias europeas una denuncia formal contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la presunta omisión de auxilio institucional y el retraso injustificado en las actuaciones de defensa del litoral de Matalascañas, una inacción que, según el Consistorio, ha derivado directamente en el grave deterioro y el hundimiento parcial del paseo marítimo.
Denuncia por la falta de actuaciones preventivas
Según ha indicado en una nota de prensa, el Consistorio almonteño pone de manifiesto que, "pese a la existencia de planificación estatal, informes técnicos y advertencias reiteradas sobre el riesgo estructural del frente litoral, las obras de aportación de arena previstas para la playa de Matalascañas "no fueron ejecutadas en tiempo y forma". "Esta falta de actuación preventiva permitió que la erosión avanzara hasta provocar daños materiales de gran envergadura en una infraestructura municipal esencial para la seguridad pública y la economía local", han señalado.
Así, según ha expuesto el Ayuntamiento de Almonte en su denuncia, el Ministerio decidió inicialmente "no intervenir" en el tramo "más afectado" por la erosión, "pese a tratarse de una zona claramente identificada como vulnerable, lo que derivó en la caída de estructuras que podrían haberse preservado mediante una actuación adecuada y diligente".
Riesgo para la seguridad y el entorno de Doñana
En este contexto, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha subrayado que "el retraso en la actuación estatal y la falta de auxilio institucional están poniendo en riesgo la seguridad de las personas, la actividad económica local y un entorno tan sensible como el litoral de Doñana", toda vez que ha insistido en que "no es un problema político, sino una obligación institucional de proteger a la ciudadanía y a un espacio natural de valor incalculable".
El Ayuntamiento de Almonte considera que estos hechos constituyen "un funcionamiento anormal del servicio público", por lo que ha anunciado el inicio de una reclamación patrimonial frente al Estado "por los daños ocasionados", así como la elevación del caso a instancias europeas para su análisis desde el punto de vista de la legalidad administrativa y de los principios que rigen la actuación de las administraciones públicas.
Impacto económico y autonomía local
Asimismo, el Consistorio ha puesto en conocimiento del Comité Europeo de las Regiones que la "inacción" del Estado ha obligado al Ayuntamiento a "asumir consecuencias económicas y operativas que exceden claramente sus competencias y capacidad financiera, afectando de manera directa a la seguridad de la ciudadanía, al mantenimiento de infraestructuras públicas y a la estabilidad económica y turística de Matalascañas".
El Ayuntamiento advierte de que esta situación supone "una afectación grave de la autonomía local, reconocida y protegida por el ordenamiento europeo, al vulnerarse principios como la cooperación leal entre administraciones, la buena administración, la prevención del daño y la igualdad territorial en la actuación del Estado". Asimismo, se señala que la actuación estatal descrita "no puede explicarse únicamente por razones técnicas, existiendo indicios de decisiones arbitrarias u omisiones conscientes, especialmente en la exclusión inicial del tramo más dañado".
Sin prejuzgar responsabilidades penales, el Ayuntamiento solicita que dichas decisiones sean evaluadas desde la perspectiva del Derecho Administrativo y los principios europeos. Por todo ello, el Ayuntamiento de Almonte ha solicitado a las instituciones europeas que tomen conocimiento formal del caso, analicen la posible vulneración de los principios de cooperación leal y autonomía local, y emitan recomendaciones al Estado español para "garantizar una actuación completa, inmediata y eficaz en el litoral de Matalascañas, evitando que se repitan situaciones que comprometan la seguridad ciudadana y la protección del entorno".
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