El PP andaluz usa la Ley de Universidades para una 'reforma exprés' que elimina las sanciones de la normativa de transparencia
El PSOE denuncia una "inconstitucionalidad" y acusa al Gobierno de Juanma Moreno de suprimir todo el régimen sancionador para el personal directivo, entidades o personas jurídicas incluidos en la ley de 2014
La modificación legal se realiza a través de una enmienda del PP / Rocío Ruz - Europa Press / Europa Press
La ley de transparencia pública de la Junta de Andalucía de 2014 establecía un régimen sancionador para aquellos altos cargos, entidades o personas jurídicas que estuvieran obligados a cumplir con obligaciones de publicidad activa o de facilitar el acceso a información. En función de la gravedad de las infracciones, la sanción podría llevar aparejado el cese de un cargo (en el caso de las personas públicas), la retirada de una subvención (en entidades) o multas de hasta 400.000 euros.
Todo este régimen disciplinario que dependía del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se desmontará por completo en las próximas semanas. El Gobierno andaluz ha recurrido para ello a una vía excepcional y 'exprés'. A través del PP, con mayoría absoluta en el Parlamento autonómico, ha incorporado una enmienda al texto de la Ley Universitaria de Andalucía en la que se eliminan una decena de artículos de la normativa de transparencia de 2014. Concretamente, todos los que afectan al régimen disciplinario.
La enmienda presentada por el PP ha sido incorporada en el informe de la ponencia de la Ley de Universidad de forma que entrará en el debate final en el Congreso. Así, en cuanto la legislación que regula el funcionamiento de las universidades entre en vigor, automáticamente quedarán anulados los artículos afectados de la Ley de Transparencia.
Estos son los artículos de la Ley de Transparencia de Andalucía que se suprimen
La enmienda promovida por el PP suprime una parte del artículo 48 de la Ley de Transparencia de Andalucía así como los incluidos entre el 51 y 58. Es decir, toda la parte de la normativa que establece el régimen disciplinario y sancionador por el que se aplica la Ley y que es competencia del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
"El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley se sancionará conforme a lo previsto en este título, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir", recoge el texto que se suprimirá y que señala específicamente tres ámbitos de responsabilidad: todo el personal de la administración pública, especialmente los cargos directivos; las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o que sean adjudicatarias de contratos; y entidades como partidos políticos, confesiones religiosas o asociaciones que obtengan subvenciones.
En el caso de la administración pública, consideraban infracciones muy graves el incumplimiento de obligaciones de publicidad activa, la denegación arbitraria del derecho de acceso a información o el incumplimiento de resoluciones del Consejo de Transparencia. Entre las graves figuran la falta de respuesta reiterada en plazo a las solicitudes de información o suministrar información incumplimiento el principio de veracidad.
Las sanciones en estos casos vinculados a la Administración Pública pueden conllevar un apercibimiento en los casos leves o el cese en un cargo público y la imposibilidad de ser contratados en un plazo de tres meses en los casos de más gravedad.
El PSOE denuncia una medida inconstitucionalidad
"Es una reforma legislativa por la puerta falsa para que sus altos cargos no tengan que entregar la información que se les solicita para que se les pueda exigir sus obligaciones en términos de transparencia, y para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos al acceso a la información pública que les interesa", denunció el parlamentario socialista Mario Jiménez, quien en la ponencia que aprobó las enmiendas al texto legislativo ya expresó su posición en contra a la iniciativa del PP.
El parlamentario Mario Jiménez advierte que llevará al TC el cambio en la Ley de Transparencia / PSOE-A / Europa Press
Concretamente, vinculó esta decisión del PP de "cambiar la ley de un plumazo" a las reclamaciones de información existente en torno a la crisis sanitaria o a los fallos en los cribados de cáncer de mama: "Hay muchos medios de comunicación pidiendo información sobre la corrupción sanitaria, muchos ciudadanos afectados por la gestión negligente de la sanidad pidiendo información, y la respuesta del Gobierno es bloquear las sanciones", advirtió.
Por este motivo, el PSOE ha anunciado su intención de llevar al Tribunal Constitucional la incorporación de esta enmienda en la normativa de universidades para bloquear sus efectos: "Hay sentencias reiteradas en contra de la utilización de este tipo de arbitrariedades legislativas", advirtió.
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